En el control de fronteras y en la gestión de los flujos migratorios, la realidad material cada vez está más alejada de la político-jurídica. La señalada desconexión no puede ser inocua, representando la Frontera Sur europea en general, y la española en particular, un ejemplo clarividente al respecto. Por una parte, cualquier decisión política o norma jurídica que obvie el ámbito social donde debe ser aplicada va a tener serias dificultades para alcanzar sus objetivos. Por otra, no se podrán prever ni subsanar los “efectos colaterales” no deseados.
En el discurso político-mediático sobre la situación migratoria española en los últimos años se alude de forma reiterada a las siguientes “ideas fuerza”:
-Flujos migratorios descontrolados con cifras alarmantes e inasumibles.
-La principal vía de entrada a territorio español de los flujos migratorios es la frontera Sur, especialmente las costas andaluzas, Ceuta y Melilla
-Protagonismo muy marcado de las personas migrantes subsaharianas en dichos flujos.
Respecto a la percepción de unos flujos migratorios descontrolados, el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que en España en los últimos años las migraciones han seguido la lógica interna natural que las autorregulan en gran medida desde el inicio de la historia de la Humanidad. En España se produjo un fuerte incremento de la inmigración entre finales de los 90 y la primera década del siglo XXI, coincidiendo con un ciclo expansivo de la economía basado en unos sectores productivos con una demanda intensiva de mano de obra (construcción y servicios). A partir de 2008, la crisis económica determinó un pronunciado descenso de la inmigración, activándose el flujo migratorio contrario (emigración), en el que tuvieron un especial protagonismo las personas extranjeras llegadas en tiempos de bonanza que, voluntariamente en la inmensa mayoría de ocasiones, buscaron mejores oportunidades retornando a sus países de origen o desplazándose a nuevos destinos en el exterior. El año 2008, donde los síntomas de la crisis social y económica empezaron a hacerse tangibles, es el último donde se mantienen el saldo migratorio positivo.
A partir de ese momento empieza una caída vertiginosa que encuentra su cota máxima en el año 2013 para el saldo migratorio negativo y el 2014 para la pérdida de población en el país. No encontraremos cifras positivas en el primero hasta el año 2016 y en la segunda hasta 2017. Estos datos confirman por una parte que no vivimos ninguna “invasión” descontrolada [1], adaptándose los flujos migratorios de forma casi milimétrica a las condiciones de vida y oportunidades laborales que ha ofrecido en cada momento el país: a mejor situación más inmigración, a peor situación crecimiento de la emigración. Por otra parte, ello demuestra que la inmigración es la estrategia contra la despoblación y el envejecimiento con unos resultados más rápidos y contundentes.
De la misma manera, con una simple consulta a datos oficiales del Padrón (INE) quedan desmentidas las percepciones respecto a que la principal vía de entrada de las migraciones es la Frontera Sur y que las personas subsaharianas (que son las que mayoritariamente acceden por dicha frontera) representan el perfil prevalente entre los inmigrantes en España. Entre las 15 principales comunidades extranjeras en el Estado español, no hay ninguna subsahariana. La única africana, y por ende susceptible de que su vía de acceso prioritaria sea la frontera sur, es la marroquí, corroborando nuestra argumentación el hecho de que su volumen se haya mantenido muy estable. Predominan las personas ciudadanas de la UE y originarias de países latinoamericanos, que en ningún caso acceden a España saltando las vallas de Ceuta y Melilla o en las “pateras” que arriban a las costas andaluzas.
Por lo expuesto, ¿por qué el Estado español construye toda su estrategia en estas materias sobre unas premisas fácticas tan alejadas de la realidad? Quizás porque las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y las frágiles embarcaciones de fortuna que llegan a las costas andaluzas facilitan una imagen muy poderosa desde el punto de vista político-mediático para escenificar la “mano dura” en la “lucha” contra la supuesta invasión que representan los flujos migratorios irregulares en la frontera Sur española.
Efectivamente, tal como se ha resaltado hasta la saciedad desde algunos sectores, durante 2018 ha tenido lugar un llamativo incremento relativo de las llegadas irregulares por el flanco Sur de la frontera del Estado español (64.120 personas frente a las 28.587 del año 2017). Sin embargo, si situamos esa cifra en su verdadero contexto (descenso del 90% de llegadas en el conjunto de la frontera Sur europea en el periodo 2015-2018, el hecho de que los flujos migratorios que acceden por esta vía tengan un impacto muy menor en la comunidad extranjera en España como marca el padrón, que esa cifra representa apenas el 0,1% de la población total de España…) a nuestro juicio no se puede justificar que para gestionar estos flujos migratorios se estén aplicando políticas que tengan como “daño colateral” cerca de 8.000 personas muertas y desaparecidas en los límites fronterizos meridionales españoles en los últimos 30 años [2].
Por lo tanto, es imprescindible que las políticas migratorias y de fronteras españolas partan de la “realidad real” y no de la construida, es decir, de la autorregulación de los flujos migratorios, de la inexistencia de invasiones, de que las principales violaciones de Derechos Humanos provienen del sistema vigente y no de tenebrosas mafias, del grave envejecimiento de la población europea… Desde ese punto de partida, y con el obligado respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se impone de una vez por todas el habilitar las vías de acceso legales y seguras para un ejercicio normalizado del derecho a migrar y el abandonar esas políticas basadas en “hechos alternativos” que tiñen de muerte nuestros mares y fronteras.
[1] En el año 2017 la comunidad extranjera en España tan solo repuntó un 3,5% https://www.ine.es/prensa/cp_e2018_p.pdf
[2] Un completo análisis de todas estas cifras en la última edición de nuestro informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, que presentamos el pasado mes de febrero.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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