Personas en situación irregular y pandemia: vacunemos contra las causas

Hace ya más de un año que la pandemia azota a todos los rincones del planeta. La COVID-19 ha vuelto a certificar que, en momentos de crisis e incertidumbre, los colectivos sociales vulnerabilizados sufren consecuencias exponencialmente más graves que el resto de la población.

Desde el punto de vista global, las regiones empobrecidas son incapaces de dar respuesta a la hecatombe sociosanitaria y, a la vez, se ven excluidas de los procesos de vacunación y de programas económicos de emergencia debido a que los países del Norte han hecho valer su hegemonía, acaparando recursos para atender sus propias necesidades. Otro tanto ocurre si volvemos la mirada al entorno más cercano: personas mayores, barriadas con problemas de exclusión, personas sin hogar, trabajadores y trabajadoras precarizadas o migrantes en situación irregular están pagando un enorme sobrecoste durante la pandemia por estar situadas en los márgenes sociales.

Centrándonos en el contexto nacional, no se puede negar que se han activado medidas que tratan de paliar algunas de las situaciones descritas. De esta manera, tras la dantesca tragedia de las residencias de mayores en la primera ola, se las ha priorizado en el proceso de vacunación, también se aprobó el ingreso mínimo vital (IMV) para las familias vulnerables o a través de los ERTE se ha querido dar un mínimo sostén a sectores laborales “líderes” en precariedad y especialmente afectados por la pandemia. ¿Qué características comunes tienen estas medidas? Por un lado, su insuficiencia de base y desastrosa gestión (llevándose la palma en esto último el IMV), por otro, que se centran en suavizar los síntomas derivados de graves situaciones sistémicas de vulneración de derechos enquistadas en el tiempo.

Siguiendo esta línea de análisis, llegamos a uno de los colectivos que sistemáticamente ocupa la última fila en las prioridades políticas. Si hemos destacado la escasez de los recursos “anti-pandemia” asignados a otras capas sociales desfavorecidas, no encontramos calificativos adecuados para describir lo “obtenido” por las personas migrantes en situación irregular: durante los momentos más duros de la crisis sanitaria, el cese temporal de los ingresos en centros de internamiento (CIE) y la suspensión de algunos plazos administrativos para aquellas personas que estaban tratando de regularizarse.

En las últimas semanas, desde la sociedad civil hemos estado denunciando que en el proceso de vacunación, de nuevo, se ha dejado de lado a las personas migrantes sin permiso de residencia, reclamando planes que se adapten a sus necesidades específicas. El no tomar medidas en este ámbito sería el inadmisible colofón al abandono total que han sufrido por parte de las administraciones durante estos últimos 15 meses. Las condiciones extremas de exclusión que les afectan (precariedad absoluta de vivienda, economía informal de supervivencia, dificultades de acceso al sistema sanitario…) las hacen especialmente vulnerables al contagio y les dificulta sobremanera una correcta convalecencia y recuperación en caso de enfermar. Y para quienes no son especialmente sensibles a conceptos como la equidad y la justicia, razones de salud públicas obvias aconsejan no dejar atrás ningún colectivo social en el proceso de vacunación.

Sin embargo, consideramos que es imprescindible que la anterior reivindicación nos lleve a denunciar las causas estructurales que hacen necesario un plan específico de vacunación que se adapte a las “necesidades especiales” de las personas extranjeras en situación irregular. No por repetido deja de ser menos cierto que el origen de la situación de exclusión de este colectivo comienza por la ausencia de vías de acceso legales y seguras a territorio español que, junto a graves violaciones de derechos humanos en tránsito y frontera, condena a la mayoría de quienes consiguen llegar a un largo periodo de irregularidad administrativa de al menos 3 años en el mejor de los escenarios. Esta negación de ciudadanía les hace presa fácil de los recortes en materia social, como ocurrió con su expulsión del sistema sanitario normalizado a través del RDL 16/2012.

Desde los márgenes de la exclusión administrativa, estas personas tienen vedado el acceso a una vivienda digna, ya que no pueden optar a los escasos recursos públicos existentes, y en el mercado privado se ven abocadas a la infravivienda o al hacinamiento. No son pocas las que acaban en asentamientos chabolistas como los existentes en zonas rurales de Huelva y Almería, donde a las condiciones de vida inhumanas se les suma los recurrentes problemas para empadronarse y con ello de acceso a prestaciones sociales básicas. Es difícil la localización para la vacunación, guardar cuarentenas, mantener distancia social o higiene “antiCOVID” en este escenario. Igualmente, la irregularidad las condena a la precariedad laboral y a la economía informal de subsistencia, lo que también es un grave obstáculo para estar localizable o atender citas médicas.

Por lo expuesto, de forma inmediata reclamamos al Gobierno central que modifique la estrategia general de vacunación contra el coronavirus para incluir medidas específicas para el colectivo, y a la Junta de Andalucía que habilite las herramientas materiales necesarias para llevarlas a cabo en nuestro territorio. Y, mirando al futuro, volvemos a reivindicar que, de una vez por todas, se ponga en marcha el “plan de vacunación” que erradique la exclusión legal y social derivada de la irregularidad administrativa.