Cualquier política pública que pretenda abordar la prostitución debe cumplir un mínimo de respeto por los derechos de las personas que la ejercen, máxime cuando estas políticas tienen en la protección y defensa de la libertad de las mujeres su principal motivación. La igualdad y la lucha contra la violencia de género no puede ser un mero ornamento dentro de estas políticas, exige coherencia, responsabilidad y verdadero compromiso respecto a la realidad de todas las mujeres.
En este sentido, nos hemos ido acostumbrando a políticas irresponsables, que dicen legislar para las prostitutas y su seguridad, pero posteriormente son incapaces, y no les conviene, evaluar las consecuencias reales que este espíritu de salvaguardia de la integridad de las mujeres tiene sobre sus vidas reales: una mayor exclusión, precariedad, inseguridad y pérdida de autonomía. Un ejemplo de esta falta de responsabilidad y coherencia lo podemos tomar de las políticas que el PSOE está desarrollando en la ciudad de Sevilla.
El partido socialista ha expresado, en muchas ocasiones, su postura manifiestamente abolicionista sobre la prostitución. El 30 de noviembre presentó una moción en el ayuntamiento de Sevilla que así lo reiteraba, y lo articula a través de políticas públicas sustentadas bajo este marco ideológico. Pero no solo hablamos de ideología, hablamos de una constante contradicción y falta de responsabilidad.
En primer lugar, nos sorprende este férreo convencimiento abolicionista del PSOE, especialmente cuando desde los años 80 ha ido regulando la prostitución ejercida a través de terceros con medidas que han venido a “proteger” y delimitar el ejercicio de ésta por la regulación del “alterne”. Con ello, las wiskerías, que años más tarde pasaron a denominarse clubes de alterne, quedaron como único espacio en el que terceras personas se pueden lucrar con el negocio de la prostitución sin responsabilidad en materia de derechos laborales hacia las personas que trabajan allí. La única obligación impuesta a estos clubes, respecto a las trabajadoras, es la de poseer licencias de hotel adecuado al pago del hospedaje que realizan ellas mismas. Pero ni siquiera esta obligación mínima se cumple en Sevilla, y este hecho lo conoce el mismo Ayuntamiento, a través de una lista que la APDHA le entregó y en la que tan sólo un club del municipio consta como cumplidor de este requerimiento.
El PSOE en Andalucía instó al Gobierno de España para que anulara la constitución del Sindicato OTRAS, organización que pretende ser un medio legítimo a través del cual las trabajadoras sexuales puedan exigir derechos y protegerse de las injusticias que se desprenden de esta desigualdad estructural entre las trabajadoras y el empresariado. Todo ello, cuando fue el propio partido socialista el que permitió en el 2004 la creación de la asociación Nacional de Empresarios Mesalina (ASNEM).
El PSOE en Andalucía quiere asumir e instar a las administraciones públicas del Estado español el compromiso de desarrollar medidas centradas en la formación y la inclusión laboral que favorezcan a las mujeres que se encuentran ejerciendo la prostitución, así como proporcionarles atención y apoyo jurídico, social y sanitario. Propósito que, si volvemos de nuevo a la realidad de las políticas que este mismo partido está desarrollando en la ciudad de Sevilla, no podemos más que interpretar como una política basada en declaraciones paternalistas y de falsa caridad.
Finalizado el periodo de desarrollo del Primer Plan contra la Prostitución de Sevilla (elaborado e implementado por el partido socialista), no se ha realizado siquiera una evaluación pública del mismo, a pesar de contar para ello con una inyección presupuestaria. Sin embargo, sabemos a través de la respuesta de la delegada de igualdad, Myriam Díaz Rodríguez, a la pregunta realizada en Pleno del grupo político de Participa Sevilla, que el propio Gobierno local reconoce que “los programas de atención han sido insuficientes y no se ha facilitado el acceso de las mujeres a los recursos, debido a diferentes cuestiones relacionadas con la situación administrativa irregular de las mujeres, la imposibilidad de gestionar la asistencia sanitaria o el empadronamiento, la no adecuación de recursos a las necesidades de las mujeres, la no adaptación de los horarios de los servicios de atención municipales a la situación y características de las mujeres en prostitución…”. Además, como colofón de la incoherencia y desfachatez, la misma consejera alababa la actuación de la policía, aunque reconocía que el hostigamiento en la calle ha recaído sobre las trabajadoras migrantes y las ha obligado a trabajar para terceros, intentando solucionar esta cuestión ofreciendo una mayor formación al cuerpo de policía.
Desde la APDHA manifestamos que el PSOE continúa enarbolando la lucha por instaurar las políticas abolicionistas sin coherencia ni un mínimo de responsabilidad, porque no es coherente hablar de protección de las mujeres privando de derechos fundamentales a las trabajadoras del sexo. Hacia la igualdad se camina aplicando leyes que favorezcan la autonomía y los derechos; no por la miseria moral de discursos ideológicos irresponsables.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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