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Una auditoría social a la sanidad privada

Manifestación convocada por la Marea Blanca Gaditana.

Sebastián Martín Recio

Marea Blanca —

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Tras la pandemia, la crisis sanitaria se ha agudizado y no hay perspectivas reales para una reconstrucción de la sanidad pública con los recursos humanos e infraestructuras y los presupuestos suficientes que permitan un reforzamiento adecuado de la Atención Primaria, de los servicios de salud pública ni de los servicios sanitarios especializados y hospitalarios que hagan frente a la demanda actual de las patologías crónicas y específicamente de las listas de espera.

Sin embargo, la sanidad privada, que ya antes del inicio de la pandemia había llegado a superar los 11 millones de pólizas en las aseguradoras privadas, y habiendo salido “indemne” de la crisis sanitaria de la pandemia, encara esta situación y el futuro próximo con una clara predisposición para conseguir una mayor expansión de sus recursos e infraestructuras, un incremento de sus beneficios económicos y una “hegemonía social” del modelo llamado de “colaboración público privada” que no es otro que el de una sanidad mixta, en el que la sanidad pública queda relegada a un plano de “responsabilidad global” con recursos insuficientes, asignándose en cambio a la sanidad privada un plano de “rentabilidad económica”, de concepción individualizada y asistencialista, financiada por pólizas privadas y por conciertos o contratos a expensas de los presupuestos públicos.

En un contexto de colapso sanitario, incremento de demoras y listas de espera, deterioro asistencial y desgaste profesional en la sanidad pública, aparece una fuerte campaña publicitaria desde la sanidad privada para captar más asegurados en sus pólizas.

En este contexto de colapso sanitario, incremento de las demoras y listas de espera, deterioro asistencial y desgaste profesional en el ámbito de la sanidad pública, aparece una fuerte campaña publicitaria desde la sanidad privada para captar más asegurados en sus pólizas. Conllevan medidas de “diversificación” estas pólizas, estableciendo distintas modalidades en cuanto al coste de la cuota y de la cartera de servicios, con copago o no incluidos, pero eso sí, excluyendo directamente, o indirectamente a través de otras medidas disuasorias (el elevado coste), a las personas mayores de 65 años, a quienes tengan patologías crónicas que puedan suponer mayores tasas de morbilidad en complicaciones cardiovasculares o en cáncer.

Sin embargo, a pesar de que todo el mundo sabe que para la sanidad privada “la enfermedad es un negocio”, mientras que para la sanidad pública “la salud es un derecho”, el deterioro asistencial es tan elevado que en las últimas semanas se han multiplicado las pólizas de seguros privados.

Las Mareas Blancas han centrado todos sus esfuerzos en movilizarse y reivindicar la defensa de la sanidad pública. Es hora de que hagamos un análisis de la realidad de la sanidad privada, una “auditoría social” que ponga en conocimiento público sus deficiencias estructurales, los sesgos no salubristas que tiene, los costes económicos y sobre todo los componentes negativos para la salud que en ocasiones tiene la gestión privada.

A modo de ejemplos:

  1. La sanidad privada no tiene un desarrollo mínimo de la atención primaria. Sus asegurados van a diferentes especialistas que, de manera fragmentada, diagnostican y ponen tratamientos a veces superpuestos sin una visión integral.
  2. La sanidad privada no tiene líneas de prevención o promoción de la salud, desde un punto de vista público o social.
  3. La sanidad privada no mantiene un sistema de coordinación de historias clínicas de sus asegurados que permita el conocimiento de la realidad en su conjunto de los pacientes al ser atendidos en sus distintos ámbitos.
  4. La sanidad privada mantiene un sistema discriminatorio contra los sectores más vulnerables, ancianos y pacientes con patologías crónicas, excluyéndoles de sus seguros o poniéndoles trabas o condicionamientos que los hacen inaccesibles. En definitiva, se instala en el ámbito de las desigualdades sociales como modo de gestión y actuación.
  5. La sanidad privada tiene un elevado coste, muy superior a la pública, en la atención sanitaria que emprende.
  6. La sanidad privada utiliza de forma competitiva a los profesionales de la sanidad pública, gracias a la permisividad existente en la administración, que no tiene un sistema eficaz de incompatibilidades que lo impida.
  7. Las fórmulas de conciertos, contratos, consorcios, etc permiten al mismo tiempo asegurarse ingresos procedentes del sistema público y competir en recursos con la sanidad pública.
  8. Las fórmulas y procedimientos de contratación de personal sanitario u otros aspectos de la provisión de servicios son opacos, clientelares, y quedan al margen del control público, aunque este sea es el que lo nutre financieramente en gran medida. Aumentan los casos de precariedad y de falsos autónomos.
  9. La sanidad privada malpaga a sus profesionales sanitarios, como han sido reiteradamente denunciado por algunos colegios médicos.
  10. Un país donde prevalezca la sanidad privada es un país condenado a sufrir las desigualdades sociales hasta en el derecho más sentido por la población, que es el derecho a la salud, en este caso a ser atendido dignamente sin distinción de clase social, recursos económicos u otra circunstancia.

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Publicado el
15 de agosto de 2021 - 21:54 h

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