Este mes de mayo, en la recta final del curso escolar, las movilizaciones en eduación se extienden por varios territorios del Estado, con huelgas convocadas en Madrid, el País Valencià y también en Andalucía. En nuestra comunidad autónoma, la huelga tiene como objetivo el aumento de las plantillas docentes, como la única medida que puede paliar los importantes déficits de la educación pública y frenar las políticas privatizadoras del gobierno andaluz. A la convocatoria de USTEA, ANPE y CCOO, se han sumado otros sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles, federaciones de familias y diversos colectivos de la escuela pública.
El amplio apoyo que ha recibido la convocatoria de huelga y el masivo seguimiento que esperamos reflejan el hartazgo de la sociedad andaluza ante las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos. La llegada al gobierno de la Junta de las derechas ha supuesto una importante acentuación de las políticas de privatización que suponen un grave menoscabo de la educación pública. En los últimos años, hemos sufrido el recorte de casi 2.000 aulas públicas, el estancamiento de la oferta de plazas públicas de FP o la desatención del alumnado con necesidades específicas, por poner solo los ejemplos más tristemente destacados de la gestión de la administración de Moreno Bonilla.
La última huelga educativa en Andalucía tuvo lugar el 4 de marzo de 2019, muy pocos días antes de declararse el estado de alarma debido a la pandemia de covid. Aquella convocatoria, que fue secundada masivamente por la comunidad educativa, estuvo provocada por la entrada en vigor del decreto de escolarización actual. Este decreto está específicamente diseñado para promocionar la expansión de la enseñanza concertada, en detrimento de la escuela pública. Cinco años después, la política educativa del gobierno de la Junta, que tiene en este decreto su principal herramienta, ha provocado la supresión de 1.943 aulas en la red pública, la eliminación de líneas escolares completas e incluso el cierre de centros educativos.
La supresión masiva de aulas públicas se sostiene sobre el argumento de la bajada de natalidad. Sin embargo, misteriosamente, este fenómeno no parece afectar a la enseñanza concertada que mantiene su oferta educativa intacta e incluso crece en enseñanzas como la FP y el Bachillerato. Hace pocos meses, la consejera del Pozo se enorgullecía de que el presupuesto para conciertos superaba, por primera vez en la historia, los mil millones de euros públicos.
Mientras las aulas continúan al máximo legal permitido por la normativa y se suprimen centenares de clases públicas cada año, una parte muy importante del personal interino está este curso en el paro
La comunidad educativa reclama, desde hace años, que el descenso de la natalidad no se utilice como pretexto para mermar la red pública, sino que se aproveche la oportunidad para bajar las ratios: una reivindicación histórica y unánime de la comunidad educativa. La bajada de ratios era el objetivo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, avalada por más de 50.000 firmas, se presentó en el Pleno del Parlamento de Andalucía en diciembre de 2022. La mayoría absoluta del PP impidió que la iniciativa llegara a tramitarse y las ratios continúan estando entre las más altas de todo el Estado.
Mientras las aulas continúan al máximo legal permitido por la normativa y se suprimen centenares de clases públicas cada año, una parte muy importante del personal interino está este curso en el paro. Este capital humano, formado y con experiencia, que ha trabajado en el sistema público durante años, se ha visto despreciado por la administración que ha prescindido de él, ¡como si en el sistema público sobrasen profesionales!. Muy al contrario, necesitamos que estas compañeras y compañeros vuelvan a las aulas, donde el profesorado está absolutamente desbordado, sufriendo la sobrecarga de trabajo y las consecuencias para la salud física y mental que esto supone.
El profesorado andaluz está al límite de su capacidad, con unos horarios lectivos que no permiten asumir las tareas de planificación, coordinación y preparación de clases necesarias para desarrollar nuestra labor. Además, la implantación de la LOMLOE y toda la normativa que lleva aparejada ha recaído exclusivamente sobre los hombros del profesorado y hemos tenido que asumir una carga burocrática inabarcable.
El gobierno andaluz está llevando a cabo una política consciente que mantiene anquilosada la oferta pública, abonando así el nicho de mercado del floreciente sector de la enseñanza privada
Faltan docentes en el sistema educativo público y especialmente, profesionales de atención al alumnado más vulnerable, aquel con necesidades educativas específicas. En los colegios e institutos andaluces faltan profesionales de Orientación, Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. Precisamente este personal docente, que atiende al alumnado con más necesidades, es el que tiene unas condiciones de trabajo más difíciles. Es una práctica generalizada que tengan que trabajar en varios centros al mismo tiempo, desplazándose con sus propios medios, y con unas ratios verdaderamente inasumibles.
La Formación Profesional es el único sector que ha visto crecer su plantilla docente en los últimos años, pero se trata de un crecimiento muy alejado de las necesidades reales. La fuerte demanda de la FP debería cubrirse con una oferta pública y gratuita suficiente que además afronte estas enseñanzas, no solo como mera capacitación laboral más o menos especializada, sino como una formación técnica integral. No es así y lo cierto es que existe un fuerte desajuste entre una demanda creciente y una oferta estancada de plazas públicas. El déficit estructural de plazas de FP en la educación pública no es fruto de la ineficacia o de la falta de planificación, sino todo lo contrario. El gobierno andaluz está llevando a cabo una política consciente que mantiene anquilosada la oferta pública, abonando así el nicho de mercado del floreciente sector de la enseñanza privada; los ciclos privados de FP superior han duplicado las matrículas, desde la llegada al poder de las derechas.
Los problemas descritos tienen solución: el aumento de las plantillas docentes de todos los cuerpos y especialidades. El 14 de mayo, toda la comunidad educativa está llamada a una huelga, a la que esperamos que también se sume toda la ciudadanía de Andalucía que asiste horrorizada al desmantelamiento de nuestros servicios públicos. Esta huelga es solo un paso más en la lucha por la recuperación y el fortalecimiento de nuestros derechos. El 14 de mayo, ¡nos vemos en las calles!
Sobre este blog
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