Hace casi un siglo la escritora Virginia Woolf reflexionaba sobre la relación entre pobreza relativa y desarrollo de la persona. Lo hacía en un ensayo que tituló Una habitación propia, y para el que tomaba como hipótesis de análisis la escasa posibilidad que tenían las mujeres de acceder a su propio espacio habitacional básico, la habitación, y la limitación consecuente del desarrollo potencial de las mismas.
En la segunda década del s.XXI se hace necesario contribuir a entender y visibilizar la estrecha vinculación existente entre los espacios habitables y el derecho a una vida digna. Uno de los indicadores más claros de la situación de fractura social, y que requiere de un permanente diálogo público-social, es el acceso a la vivienda. La privatización y mercantilización del acceso a la vivienda han privado a ésta de su función social, y han provocado consecuencias en la salud, y las relaciones de las personas afectadas. En la actualidad, el sector financiero está legitimado para dirimir un mercado desregulado que lleva años provocando desahucios, y segregando espacios y personas.
Los desahucios en Andalucía, que en el tercer trimestre de 2016 alcanzaron el 26.9% del total nacional, comparten causas y consecuencias con los desalojos en los países en desarrollo. Por su parte, el impago del alquiler está suponiendo un motivo que se consolida poco a poco en el abandono de los inmuebles.
Asistimos a un proceso acelerado y creciente de concentración de riqueza en poquísimas manos (sólo 8 personas, 8 hombres, poseen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta, esto es, 3.600 millones de personas). Algo que tiene reflejo en el nivel de influencia que están teniendo las élites para conseguir regulaciones favorables a sus intereses, lo que no sólo agrava la desigualdad, afectando las vidas de la mayoría de las personas, sino que también reta nuestras democracias. La consecuencia de todo esto también es común para la gran mayoría la ciudadanía, indistintamente del lugar que habite. Las personas que más están sufriendo el impacto de estos procesos son aquellas más vulnerables, que están viendo así violado un derecho humano básico como es el derecho a una vida digna.
Con todo, el fenómeno de lucha por la vivienda en Andalucía y España que, con distintas formas de expresión, ha sido canalizado mayoritariamente a través de la PAH, se puede considerar la experiencia más sólida de integración de los roles de personas afectadas y, a la vez, activistas organizadas para transformar una realidad compleja, desde una triple mirada: acción directa (acompañamiento), acción legal (sentencias), y acción política (ILP).
En Andalucía, en octubre de 2013 se aprobó la Ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda, que ha sido recurrida por el gobierno ante el Tribunal Constitucional. Esto no hace sino alentar aún más la necesidad de trabajar en la construcción social de nuestro territorio, poniendo a la persona en el centro. Algo especialmente importante y urgente en un entorno donde el 43.2% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social (FOESSA, 2016). Actualmente, contamos con un par de iniciativas de carácter público (“Observatorio de la Vivienda”) y social (“Foro Andaluz por el Derecho a la Vivienda”) que podrían generar respuestas más integrales. Con este fin, organizaciones del Foro como EAPN-A y Cáritas, que también forman parte del Observatorio de Desigualdad de Andalucía (que aborda distintas dimensiones de la desigualdad, una de ellas la vivienda), van a iniciar un proceso de intercambio de aprendizajes con una iniciativa similar de República Dominicana (“Ciudad Alternativa”), todo ello con el acompañamiento de Oxfam Intermón.
En el caso de República Dominicana, un país de 9.5 millones de habitantes que durante las dos últimas décadas se ha establecido como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe, el 71% de la población sufre la falta de acceso a una vivienda digna, que incluye deficiencias en los servicios básicos y/o deficiencias en materiales de construcción o la presencia más de un núcleo familiar). Después de 20 años apoyando la ciudadanía activa, los movimientos sociales, y actuando en situaciones de emergencia, desde Oxfam Intermón contribuimos con los actores locales en la generación de políticas públicas que aseguren cambios sostenibles para combatir la desigualdad.
Según nuestras investigaciones, el gobierno dominicano malgaste el 2.2% del PIB de 2017. Sólo con el 1% de manera sostenida por 10 años se podría solucionar el grave problema de vivienda. A día de hoy, el presupuesto en materia de vivienda es el segundo más bajo de las últimas décadas, habiendo pasado del 0,55% en 2008 al 0.03% en 2017.
Como decíamos, el crecimiento económico de República Dominicana es el mayor de América Latina y el Caribe, pero la inversión social programada para el año 2016 apenas supuso el 8.3% del PIB, frente al 14.5% de media de la región. Así pues, mejorar la calidad del gasto es imprescindible para desarrollar verdaderas políticas sociales, entre ellas la relativa a vivienda.
En este contexto global, la sociedad civil organizada y conectada resulta clave para facilitar la transición y elaboración participada de nuevos imaginarios en torno a la vivienda, que consigan situar el derecho a la misma no como un “asunto” de ámbito privado, sino como una política pública fundamental. Es necesario romper el concepto de vivienda como un bien de inversión y ampliar las formulas de satisfacer la demanda de un alojamiento digno, para que no pasen en todos los casos por el régimen de tenencia en propiedad, en las condiciones que han llevado al desahucio a miles de familias.
En materia de vivienda ha habido una desprotección del derecho, y no ha tenido la misma resistencia y defensa social equiparable a las que conocemos en materia de sanidad o educación. Y es que hay una condición diferencial: la vivienda la paga cada persona directamente, lo que ha permitido que más fácilmente haya sido “atrapada” en el ámbito de lo privado. A diferencia de ello, en Andalucía (como en toda España) la educación y la sanidad se financia a través de nuestro sistema de impuestos y queda articulada como política pública con cobertura para toda la población. De esta forma, su pérdida no se considera una pérdida individual, sino social. No así el derecho habitacional, que nunca ha sido un derecho garantizado, sino solo reconocido.
Además de la dimensión política, parece necesario recuperar elementos de la lógica comunitaria de vecindad, frente a la lógica mercantilizada e individual de propietarios/as o inquilinos/as. Hay experiencias exitosas del ámbito comunitario, como la Casa Grande del Pumarejo que se ha mantenido en un barrio muy sometido a procesos de gentrificación.
Recordemos que el acceso a la vivienda es un factor clave de integración social y de emancipación. La exclusión social tiene una naturaleza multidimensional, por lo que un alojamiento digno y adecuado no garantiza, por sí solo, la inclusión social, pero sí es una condición indispensable. Por eso, es importante que la exclusión residencial sea una cuestión de política de vivienda, no sólo de políticas sociales. Y especialmente necesario ser conscientes de las implicaciones que tiene para la infancia. La desigualdad en la infancia según GINI aumenta en cinco puntos si se tienen en cuenta los gastos de vivienda (“Desheredados”, Anexo Andalucía, Save the Children, 2017).
Así pues, la vivienda no es sólo un derecho básico, sino que además está vinculado a otros derechos como la salud y la educación. El acceso a condiciones de vida dignas es pieza ineludible para acabar con la trasmisión intergeneracional de la pobreza.
No olvidemos tampoco que todo esto tiene otro resultado que no hace sino incrementar la desigualdad. Las personas que amanecen cada día angustiadas pensando cómo van a poder superarlo están siendo privadas, en la práctica, de la posibilidad de participación en la construcción de política pública. No es ya sólo que estamos viviendo democracias de baja intensidad, cuando el 57.1% de las personas en Andalucía está en situación de exclusión política (FOESSA, 2013), es también que la planificación urbanística sin participación de la comunidad tienda a “olvidar” el acceso a medios de vida en sus respuestas habitacionales. En nuestra tierra, como Dominicana, sabemos poner nombre a experiencias de respuesta habitacional a colectivos en situación vulnerable que no hicieron sino incrementar sus dificultades. Nadie les preguntó de qué vivían y nadie pensó cómo mantendrían alguna fuente de ingreso, siquiera informal, en los nuevos espacios en los que eran invitados a trasladarse. Una democracia fuerte desde la participación sería también aquella que no cayera en concebir las ciudades como una competición entre lo que podríamos considerar como “derechos turísticos” (si es que debieran recibir tal consideración) y los derechos habitacionales y vecinales de la población.
Enlaces de interés:
Andalucía
http://www.observatoriodesigualdadandalucia.org/recursos/i-informe-oda (Cap. 7)
España
http://www.qiteria.net/proyectos/te-quedaras-en-la-oscuridad/
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