Entre jueces y políticos anda la pandemia y sin científicos

Necesitamos romper la falta de unidad en la pandemia. No puede ser que algunas autonomías y el Gobierno de España no lleguen a un acuerdo en el consejo interterritorial y que terminen las medidas en la Audiencia Nacional. No puede ser que el Gobierno termine el estado de alarma y sean los tribunales los que tengan que decidir qué medidas aprueban o suspenden sobre lo que pueden poner en marcha las CCAA (muchas veces con contradicciones entre tribunales y a veces en el mismo tribunal). 

El Ministerio de Sanidad, después de no encontrar el consenso, ha buscado nuevas vías después de que varias Comunidades Autónomas se hayan negado a aplicar las restricciones que se aprobaron sin consenso en el Consejo Interterritorial. Las restricciones afectaban sobre todo a las reglas sobre la hostelería y a la reapertura del ocio nocturno, y la idea es que hubieran estado vigentes hasta que el 70% de la población estuviera inmunizada frente a la COVID-19. 

Hemos dicho una y otra vez que ante la pandemia, y también ante la vacunación, necesitamos unidad de acción y que si no la hay, aumentan los problemas y también, en algunos momentos, la mortalidad, cómo hemos visto. La realidad con la que nos encontramos en España es un espacio de confrontación muy dura que dificulta la mejora de la situación de la pandemia (a no ser por el excelente ritmo en estos momentos de la vacunación). Y de la confrontación entre partidos, se le añaden la confrontación Gobierno Central con algunas CCAA que con el enfrentamiento buscan encontrar rédito político y electoral.

La pandemia, con su exigencia de decisiones clave, aflora fricciones y cuentas pendientes entre los dos ámbitos (Gobierno central y CCAA) con ritmos y culturas dispares.

Andalucía, por ejemplo, planteó que las disposiciones del Consejo Interterritorial no podían ser de obligado cumplimiento si no eran aprobadas por consenso, quedando entonces en meras recomendaciones, tal como al final se ha decidido. Y criticaba que, si la decisión del Gobierno central era que decayera el estado de alarma, “no es lógico que hubiera propuesto adoptar medidas de competencia autonómica”. Andalucía, por tanto, se rebeló contra el Gobierno y gracias a la resolución de la Audiencia Nacional con Madrid, no tendrá que acatar las nuevas medidas Covid y no tendrá que reducir los horarios de la hostelería, porque consideraba que se trataba de una “invasión de competencias brutal”. El Gobierno tildaba, en ese momento de “ficticio”, el debate entre la defensa de la salud y la economía. Y ahora el Gobierno deja en manos de las CCAA las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería. El Ministerio da marcha atrás y no impone ninguna de las reglas del documento de la semana pasada, cuando sí insistieron en que eran obligatorias y que estarían vigentes hasta que el 70% de la población esté inmunizada frente a la COVID-19 con vacunas. Otro paso hacia atrás, en un momento diría de estancamiento o de bajada muy ligera de la incidencia acumulada.

Si nos vamos hace un mes y medio, el Gobierno de España se quedó solo ante cómo controlar el fin del estado de alarma. Sus rivales políticos pedían más liderazgo y aclarar la regulación jurídica. Pero el Gobierno decidió no alterar su propuesta de finalizar el estado de alarma (que muchos expertos planteábamos poder incrementar ligeramente) y dejar que las autonomías liderasen su situación bajo el paraguas del consejo interterritorial y el placet de la justicia. Ante ello, el presidente de la Junta de Andalucía abogaba en abril por prorrogar el estado de alarma ante el incremento de la incidencia y su consejero de presidencia decía que Andalucía pedía recursos legales para poder mantener el toque de queda tras el fin del estado de alarma. Mientras su partido, el PP, se mostraba crítico al inicio de este último proceso, con la prórroga del estado de alarma e incluso pedía que se retirara. Y en estas semanas, Andalucía sube su tasa Covid día tras día y suma casos un 15%. De todas formas, gracias a las vacunas se ha dado un revolcón a la pandemia en España en contagios, hospitalizaciones y muertes.

Y yo me pregunto ¿Por qué los gobernantes y los expertos no se entienden? ¿Por qué el gobierno central ve el problema en las autonomías y las autonomías lo ven en el gobierno central? Creo que el cortoplacismo y los recelos arruinan una cooperación crucial e imprescindible. La pandemia, con su exigencia de decisiones clave, aflora fricciones y cuentas pendientes entre los dos ámbitos (Gobierno central y CCAA) con ritmos y culturas dispares.

Algo falla en España en el punto de encuentro entre decisiones políticas y conocimiento experto, entre políticos y científicos

Algo falla en España en el punto de encuentro entre decisiones políticas y conocimiento experto, entre políticos y científicos. El desacople es evidente. Una y otra vez, los responsables políticos acuden a la misma coletilla: “Hacemos lo que nos dicen los expertos”. Pero no siempre cuadra. Un ejemplo, como decía Ángel Munárriz en InfoLibre: “En Andalucía, antes de Navidad, el Gobierno autonómico ordenó cerrar los bares de 18:00 a 20:00 horas invocando ”informes científicos“ que no hizo públicos. Tras las quejas del sector, suavizó la medida. ¿Con qué informes? Esta claro que los expertos son situados como pararrayos y como excusa, una y otra vez. Si el dictamen conviene al poder político, se saca a bombo y platillo; si no conviene, se guarda”. 

Así nos va. Aunque gracias a la vacunación, la situación ha mejorado muchísimo. Esperemos que sin retorno a otros momentos que por nuestra salud mental ojalá olvidemos. Sea gracias al Gobierno de España o al de la CCAA. Sea mejor con apoyo de expertos y científicos.