Hechos recientes protagonizados por togados con puñetas merecen reflexión y comentario. Me curo en salud citando a Bioy Casares, muy acertado escribidor: “El mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez”. Sin olvidar la constatada advertencia de Tácito: “Cuanto más corrupto es un Estado, más leyes tiene”. Y, por ende, más togados.
Cuatro vocales de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial han introducido una demanda ante el Tribual Supremo contra una decisión del presidente de ambos órganos que entienden favorece en un nombramiento los intereses del Gobierno nacional por cuanto previene en su beneficio al magistrado que presidirá la sala competente del Supremo. Las tácticas adecuadas al objetivo estratégico de proteger al poder, lo ostente quien lo ostente, existían en Sumeria y continúan en la civilizada UE. Según la demanda, el magistrado Lesmes pudo haber hecho oposiciones en Ugarit.
En otra maniobra adobada de reglamentistas decisiones encadenadas, el Ministerio de Justicia ha logrado situar en la secretaría de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional una persona compañera de estudios, y amiga, del presidente del Gobierno. En ese puesto tendrá anticipadas noticias de investigaciones policiales ordenadas por los jueces sobre personajes públicos, privados o no, miembros políticos de la Administración, miembros de las oposiciones políticas del Congreso y Senado, de los aparatos de los partidos. Only a surfer knows the feeling.
El proceso por la contabilidad paralela del PP, es decir los 'papeles de Bárcenas', tendrá como ponente al magistrado Enrique López, nombrado vocal propuesto por el propio PP, en el Consejo General del Poder Judicial. Nombrado magistrado del Tribunal Constitucional para lo cual el PP tuvo que esperar un tiempo hasta que cumpliera los requisitos legales para poder ser designado. Hubo de dimitir al ser detenido conduciendo borracho una moto de gran cilindrada. El tribunal juzgador estará presidido por una magistrada igualmente vinculada públicamente al PP.
Se ha apresurado todo el aparato judicial y político a resaltar que todo ha ocurrido por el sorteo determinado de los turnos de ponencias y atribución de casos. Como en la cartilla militar de mis tiempos mozos; valor: se le supone. Los magistrados López y Espejel han sido recusados por varias acusaciones por su relación con el Partido Popular, pero aún no se han resuelto estos recursos por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Magistrados afines al PP, propuestos por el PP, que deben sus designaciones para altos tribunales al PP, juzgaran al PP, por su contabilidad paralela.
Las acusaciones han recordado al tribunal que la imparcialidad es exigible no solo por ser el juez extraño a los intereses de las partes en litigio, sino que además debe aparecer como tal, es decir que ha de evitarse la sola apariencia razonable de parcialidad. Citan sentencias del Tribunal Constitucional que sientan doctrina que afirman que es suficiente la apariencia de parcialidad en un magistrado para que hubiera de aceptarse la recusación.
La Administración autonómica andaluza paga 1.300 euros mensuales del alquiler del piso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contribuyendo así a la separación de poderes y a la imagen de la mujer del César.
La magistrada Alaya ha accedido sin ser coaccionada, libre y voluntariamente a una plaza en la Audiencia de Sevilla. Ha pretendido, al tiempo, controlar la instrucción iniciada por ella en los casos ERE y Formación, ambos con una fuerte carga política y de presencia garantizada en los medios. Ambos con consecuencias devastadoras para una aparte muy señalada y conocida de la clase política andaluza. Su sucesora como titular del Juzgado de Instrucción seis de la ciudad no ha estado por la labor y ha asumido el mando desde el primer día.
La magistrada ascendida por su propio pie a la sección de la Audiencia conocida entre togados y funcionarios como “el Kremlin” ha lanzado denuestos y venablos por escrito oficial sobre la titular del juzgado que ella abandonó por intereses personales absolutamente legítimos. Periodistas sevillanos de fuste han presentado como una operación polisémica, poliédrica y polifacética el delenda est Alaya que atribuyen al maquiavélico consejero De Llera, fiscal excedente de esta Audiencia, tan excedente como el juez Zoido y otros magistrados de lustre parecido que navegan, éstos no aquel, togados por los procelosos mares de la abogacía privada.
Mi posición profesional y personal me privan de tales informaciones que, por ello, ignoro. Pero estos periodistas deberían recordar, y aceptar, que la dignisima magistrada que exaltan, ha abandonado su juzgado por propia y libérrima decisión por lo cual hay que recordar a Bioy Casares. En todo caso sí conozco que los sabios Monzi y Sunzi, chinos ambos, allá por el 512 antes de Cristo, recomendaron a los imputados en los procesos específicos de los ERE y Formación que “si las posibilidades y probabilidades se volvían contra uno, la mejor política era esperar que el enemigo, creyendo que eran débiles, cometiera un error fatal incurriendo en un exceso de confianza”. Qui potest capere, capiat.
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