No se está dando al lenguaje la importancia que merece. La lengua que usamos está íntimamente relacionada con nuestra posición en la sociedad, de manera que la posición de la mujer es reflejo de la manera en que nos comunicamos. La lengua ha servido, desde siempre, para potenciar las desigualdades entre hombres y mujeres. Y es por esta razón por la que el cambio en su utilización supone el cambio en la manera de construir nuestra realidad, de ver el mundo.
El androcentrismo en nuestra lengua supone la perpetuación de la discriminación por razón de género, dando por hecho que toda persona es del sexo masculino si no se especifica lo contrario, así como con la ausencia de nombres para denominar profesiones o cargos en femenino. Esta discriminación lingüística tiene su máximo exponente en el uso del masculino como neutro, esto es, como si abarcara masculino y femenino. La consecuencia directa de este fenómeno es la ocultación de la mujer, consolidando la desigualdad. Y ya sabemos que en igualdad cuando no se avanza se retrocede.
El poder legislativo, consciente de esta realidad, aprobó leyes que impiden que esto siga ocurriendo, pero ocurre todos los días. La existencia de leyes como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; y la Ley 15/2022, de 12 de julio para la igualdad de trato y la no discriminación... no ha impedido que sigamos asistiendo a la vulneración de nuestros derechos como mujeres de manera sistemática.
La casa desde donde se aprueban las leyes incumple sus propias normas
El poder ejecutivo no ha llevado a cabo el cumplimiento de esas normas que desde 2007 obligan a desterrar la discriminación lingüística, sosteniendo un sistema perverso que empobrece la calidad de nuestra democracia.
¿Alguien me puede explicar por qué las leyes que favorecen la igualdad de trato directamente se ignoran? Han pasado más de dieciocho años y todavía está por ver que el Congreso de los Diputados pase a llamarse Congreso, vulnerando cada día la normativa vigente. De traca. La casa desde donde se aprueban las leyes incumple sus propias normas. ¿Pasarán otros dieciocho años para verlo hecho realidad?
En noviembre de 2020 escribí al Ministerio de Igualdad, cuya titular era Irene Montero, para pedir que se impulsara dicho cambio. Me respondieron que Podemos lo había registrado en 2016. Casi diez años después la discriminación verbal sigue en lo más alto.
En la misma lucha seguimos, inasequibles al desaliento, las abogadas del Colegio de Abogados de Sevilla, que muestra su mayor resistencia a denominarse Colegio de la Abogacía, obligándonos a emprender acciones legales, porque dejar que pisoteen nuestros derechos nunca es una opción.
Tampoco es una opción que la Junta de Andalucía no cumpla su propia legislación, dando por bueno el estatuto del referido Colegio, aunque vulnerara toda la legislación en materia de igualdad. Será otro de los poderes del Estado, el Judicial, el que resuelva para hacer valer los derechos de mujeres que reclaman el cumplimiento de leyes vigentes. Demasiado tiempo esperando ser visibles. Demasiado tiempo de silencio. La igualdad no puede esperar más. Ha de imponerse en pie de paz.
Sobre este blog
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