El 15 de noviembre de 1989 el Parlamento andaluz aprobaba por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el Plan Forestal Andaluz, un precedente de consenso político que ya quisiéramos en la actualidad. Por aquel entonces la Junta de Andalucía estaba sumergida en el atolladero de una reforma agraria cada vez más cuestionada tras la adhesión de España a la Unión Europea en 1986, por lo que el impulso a un nuevo reto, como el Plan Forestal, fue un balón oxígeno que los políticos no desaprovecharon, todo sea dicho, para bien de nuestros montes y de la población rural que vivía en ellos.
Hacía años que algunas de las actuaciones de la política forestal estaban muy cuestionadas debido a su sesgo productivista que había primado, en no pocos casos, la obtención de recursos forestales obviando los servicios ambientales como la biodiversidad o el paisaje. Este sesgo, amparado por la política desarrollista de mediados del siglo XX, había obviado las esencias del forestarismo que arrancaba un siglo antes para proteger los montes de la desamortización y cuyo principio se basaba en la sostenibilidad del sistema forestal. El cuestionamiento de esa política forestal por ecologistas y ambientalistas, unas veces con razón, otras sin ella, -como el desprecio al importante papel que juegan los pinos en muchos de nuestros montes-, hizo necesario incorporar a la gestión forestal elementos medio ambientales que ya se habían puesto de manifiesto en distintos congresos e informes sobre la salud del planeta, como el Informe sobre Nuestro Futuro Común, más conocido como informe Brundtland, elaborado en 1987 para la ONU por distintas naciones y que ponía de manifiesto la incompatibilidad del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental acuñando el término Desarrollo Sostenible.
Cuando se aprueba el Plan Forestal se hace en un momento social complejo, en el que el paro generalizado en el campo andaluz y sobre todo en las regiones más desfavorecidas, entre las que se encuentran las comarcas forestales, constituye un grave problema que provoca la movilización de amplios sectores sociales en demanda de trabajo; por aquel entonces la tasa de parados agrarios suministrada por la Encuesta de Población Activa señalaba valores para Andalucía que triplicaban la media nacional. La puesta en marcha del Plan Forestal, regado con abundantes fondos procedentes de la Unión Europea, permitió el acceso al mundo laboral de miles de trabajadores contribuyendo no solo a paliar el problema de la falta de empleo si no también a crear un importante entramado laboral en el sector medio ambiental y particularmente en el forestal.
Aprovecho para reseñar que el Empleo Comunitario se había puesto en marcha en 1971 para absorber coyunturalmente el excedente de mano de obra de trabajadores eventuales de Andalucía y Extremadura, consiguiendo cada vez una mayor dotación de recursos destinados a sofocar las movilizaciones jornaleras. Durante años, los distintos Gobiernos, tanto franquistas como democráticos, mantuvieron este sistema, un sistema esencialmente perverso destinado a desmontar mediante subsidios las históricas reivindicaciones sobre la propiedad de la tierra y desplazando el enfrentamiento jornalero-terrateniente al de jornalero-administración. Se pasaba de una cultura de la tierra y del trabajo a una del subsidio, una cultura que tanto ha perjudicado a Andalucía y que aún no hemos conseguido superar. No obstante, el incremento de la conflictividad social en demanda de más fondos aconsejaron un replanteamiento de dicha política por lo que en 1984 se puso en marcha una nueva estrategia que contemplaba el Subsidio de Desempleo Agrario y el Plan de Empleo Rural conocido como PER dotado con ingentes fondos. El Plan Forestal, como no podía ser menos, estaba inmerso en este paradigma y por ello tuvo una importante repercusión política y social que supo aprovechar en beneficio propio.
Pero aparte de este consenso sociopolítico y de su importante matiz ambientalista, es de destacar que el plan fue elaborado con la participación de todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales y educativas de la Comunidad Autónoma, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de nuestra Constitución que obliga a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Hasta entonces lo normal era que la Administración no contase con nadie para llevar a cabo sus políticas.
Años después, las Naciones Unidas recomendaron en 1996 la formulación de Planes Forestales Nacionales destacando la necesidad de la participación de los interesados. Este modelo participativo fue consolidado internacionalmente en 1998 en el denominado “convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, conocido normalmente como Convenio de Aarhus, que fue firmado por 51 Estados de Europa y Asia Central, además de por la Unión Europea. El artículo 7 de dicho convenio se refiere precisamente a la participación en la elaboración de planes o programas relativos al medio ambiente. La participación pública pasó de una mera recomendación a un requisito preceptivo exigible para la formulación de planes y programas forestales, eso si, varios después de que se hubiera puesto en marcha el proceso participativo del Plan Forestal Andaluz.
Tras el pionero Plan Forestal Andaluz, el resto de las Comunidades Autónomas pusieron en marcha sus respectivos Planes Forestales (1992 Galicia, 1994 Castilla la Mancha, Cataluña y País Vasco, 1995 Comunidad Valenciana, etc), culminando con la aprobación del Plan Forestal Español en 2002, y con la formulación de una primera estrategia de la UE para el sector forestal en 1998 renovada en 2013. En la actualidad más de 18 países de la UE han elaborado Programas Forestales Nacionales: como Alemania en 2000, Finlandia en 2001 y más recientemente Hungría en 2016. Incluso algunos países no europeos pusieron en marcha procesos similares, como Argentina o Uruguay.
En estos treinta años encontramos más luces que sombras en el cumplimiento del Plan Forestal, como las hay en cualquier otro plan sea del ámbito que sea, pero el que haya estado vigente 30 años, la mitad del periodo previsto para su ejecución, ya se puede considerar un éxito. No voy a entrar a detallar cuales has sido sus fortalezas y cuales sus debilidades, cuales sus cumplimientos y cuales sus déficit, ni cuanto a contribuido a la generación del paisaje forestal actual, pero si hay que hacer una reflexión de cómo se pueden abordar los problemas que tienen los espacios forestales, en el momento actual, que lógicamente son muy diferentes de los que tenían en 1989.
Los territorios forestales hoy en día se enfrentan a cuatro grandes retos: el cambio climático, la introducción de plagas exóticas, los mega incendios forestales y la despoblación. Eso no quiere decir que no queden aspectos por resolver de la política forestal clásica, como la valorización de los productos forestales o la equitativa redistribución económica de los servicios ambientales, pero la gran diferencia es que mientras que éstos pueden solucionarse con políticas locales, los nuevos retos no pueden ser abordados únicamente desde la política forestal.
Cuando se aprueba el Plan Forestal se hace en un contexto socioeconómico que, como se ha expuesto anteriormente, se enmarca en dos parámetros fundamentales: necesidad de dar trabajo a la población rural y abundantes fondos europeos. Pero en estos treinta años Andalucía ya no recibe los mismos fondos y el problema del mundo rural ya no es dar trabajo si no evitar la despoblación y el abandono de las actividades asociadas a los sectores primarios de las zonas forestales. La política forestal de hoy no puede desentenderse de ese vaciamiento de su territorio.
Cuando se aprueba el Plan Forestal, Segura de la Sierra, municipio forestal de la sierra de Segura en Jaén, tenía 2.616 habitantes. En la actualidad su población es de 1.782 habitantes, es decir, es estos 30 años ha perdido casi un 32% de su población. En ese mismo período, un municipio agrícola como La Campana en Sevilla ha pasado de 5.520 habitantes a 5.281, es decir ha perdido un 4’3 % de su población. Pero la pérdida de población en los municipios forestales no es solo cuantitativa, también es importante el envejecimiento. La Campana tiene un 24% de personas mayores de 60 años. En Segura de la Sierra es de un 69’4%. Quizá haya que reflexionar sobre el fracaso de las políticas conservacionistas de los Espacios Naturales Protegidos, en los que se encuentran muchos de estos municipios, desde el punto de vista de la sostenibilidad de las economías locales.
Es cierto que en los últimos años algunos jóvenes han iniciado una tímida recolonización de esta España vaciada, pero lo hacen en ocupaciones del sector terciario, como el turismo rural, un sector que vive no pocas veces de un paisaje que se está derrumbando, al igual que se derrumbará su negocio si éste sucumbe por un incendio forestal, algo nada descartable debido a que la falta de aprovechamientos de estos bosques los hace altamente combustibles.
Porque estamos ante la presencia de lo que se ha venido en llamar incendios de quinta generación o mega incendios forestales, y estos no se apagan solo destinando más recursos a la extinción o a la prevención, se apagan cuando ya no tienen más combustible que quemar o las condiciones atmosféricas o topográficas se vuelven adversas. Su lucha únicamente se puede abordar con un nuevo modelo de territorio basado en la retirada de combustible, bien a diente por el ganado, bien por aprovechamiento de su biomasa, bien por cultivos intercalares entre los terrenos forestales, algo difícilmente compatible a veces con la legislación actual de montes. Algunas de estas soluciones, como meter ganado en el monte, ya se están aplicando en muchas zonas, Andalucía entre ellas. El problema sin embargo no es encontrar ganado si no encontrar pastores dispuestos a llevar un modelo de vida muy duro y cuyos ingresos no son tampoco una bicoca.
Porque actualmente muy poca gente quiere trabajar en los montes. Durante estos últimos las propuestas que se han puesto encima de la mesa para solucionar el problema de la España vaciada se han basado en mejorar las infraestructuras viarias, residenciales, hospitalarias, educativas y tecnológicas. El principal problema es que la gente joven no quiere vivir en los pueblos y menos aún trabajar en el campo; es un problema de dignificación residencial y eso no se soluciona con más dinero si no con otro modelo educativo y formativo. Ni una palabra de esto se contempla en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico elaborada por el Gobierno.
En 2016, miles de pinos de la Sierra de Baza en Granada comenzaron a morirse. Se calcula que hasta la fecha se han secado más de dos millones de árboles, un 15% de los de la sierra, en lo que se ha llamado el incendio silencioso. La causa, el decaimiento forestal debido a veranos más secos y más cálidos como consecuencia del cambio climático, hecho que también está pasando en otras muchas regiones del mediterráneo como Italia y Francia. También nuestras encinas y alcornoques están sucumbiendo ante la seca, una enfermedad compleja que se asocia al debilitamiento de estas especies relacionado con múltiples factores, entre los cuales cobra importancia los derivados de los cambios del clima y especialmente de las sequías. En cualquier caso, este debilitamiento permite la acción destructiva de algunas plagas y hongos que se encargan de acabar con los árboles debilitados.
En los últimos años han aparecido nuevas y virulentas plagas exóticas asociadas al comercio mundial de productos forestales, como la denominada seca del pino provocada por un pequeño gusano nematodo procedente de Norteamérica que está afectando a pinares de Galicia, Extremadura y Castilla León, o la bacteria Xylella fastidiosa, originaria del norte de California y que amenaza con destruir miles de árboles, principalmente olivos pero también árboles forestales como el acebuche, los olmos o determinados robles.
Por todo ello es necesario actualizar el Plan Forestal Andaluz poniendo en marcha un proceso participativo, como el que se hizo en 1989 para abordar estos nuevos retos. Pero hay que ser consciente de que la solución de los nuevos problemas no podrá llevarse a cabo sin un pacto de estado a escala europea, nacional, autonómica y local, un nuevo consenso tan necesario para el futuro de nuestros montes como complejo en el contexto político actual.
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