Estamos asistiendo a la puesta de largo de manera manifiesta del Gobierno conservador, liberal y de derecha extrema que gobierna la Junta de Andalucía después del gran fracaso de la izquierda progresista andaluza. Digamos algo que no nos lleve a la duda. Tenemos un Gobierno andaluz profundamente injusto, sectario y contrario a los intereses de la mayoría social de Andalucía.
Y ello tiene responsables. Por un lado, un PSOE andaluz enrocado en posiciones conservadoras y viciado por prácticas caciquiles durante casi 40 años de Gobierno
monocolor a efectos prácticos (ni el PA ni IUCA fueron capaces de doblegar el rígido camino marcado por los distintos gobernantes socialistas más allá de algunas concesiones meramente maquilladoras). Si no lo tienen claro, intenten recordar algún miembro no socialista o de su ámbito que haya estado al frente de una consejería con competencias en hacienda, salud o educación. En esas que controlan el día a día de un Gobierno o que marcan alguna senda diferenciada en servicios públicos.
Pero hay otro actor responsable de menor cuantía por su menor tamaño, que no puede eludir su responsabilidad. La coalición Adelante Andalucía no supo o no pudo llegar a convencer, por lo menos a los que habían votado previamente a sus principales componentes, IU y Podemos, de que la confluencia era la mejor manera de alcanzar un cambio sustancial en el camino marcado y remarcado por el PSOE andaluz.
Consecuencia de todo aquello, un Gobierno con un PP en horas bajas, un partido como Ciudadanos que mejoró antes de la gran caída del año siguiente, gracias a su seguidismo alocado de las posiciones más conservadoras y, por último, la irrupción de un colectivo acaudillado por personajes venidos del pasado y que ha enganchado con una juventud desinformada y propensa a la propaganda fácil. Una situación endemoniada que durante los primeros meses ha sorteado como han podido el Gobierno de la comunidad, con innumerables errores y desaciertos, porque en realidad no se lo esperaban y se han encontrado con la necesidad de afrontar algo, mucho más complicado que la crítica política: gobernar a tiempo completo.
Durante el primer año del nuevo Gobierno andaluz, entre criticar las acciones del gobierno central, haciendo de ariete de la oposición que no conseguía sacar cabeza en el Congreso y darse cuenta en donde se movían, con escándalos como la gestión de la listeriosis o el fracaso de las clases veraniegas del año 2019 fueron montando un proceso de gobernanza basado en los apoyos de Vox al Gobierno a cambio de ir derechizando más y más la acción gubernamental. Tras la aprobación de los presupuestos de 2020 y casi coincidiendo con el acuerdo de Gobierno progresista, se puede considerar que el Gobierno andaluz decidió poner en marcha su verdadero plan de Gobierno.
En el primer trimestre de 2020, con la amenaza ya del coronavirus, se aprobaron dos decretos que permitían visualizar de manera precisa cuales eran las intenciones a partir de ese momento, por un lado un decreto nuevo de escolarización, que como objetivo específico estaba darle más vida a los centros concertados, permitiendo que las familias pudieran solicitar inscripción en un centro concertado aunque no estuvieran en el ámbito de su residencia ni tan siquiera en la zona de trabajo de alguno de los cónyuges. Una modificación que marcaba un antes y un después: las familias tenían la misma posibilidad de tener a sus hijos e hijas en un centro concertado por el mero hecho de su elección. Es modificación estaba íntimamente ligada a la supresión de unidades escolares públicas y el mantenimiento de unidades concertadas con el argumento de que podrían ser solicitadas por cualquier familia.
Por otro lado, la aprobación del decreto 2/2020 que modificaba sustancialmente, entre otras medidas, todas las condiciones medioambientales y urbanísticas para liberar el territorio andaluz a efectos de construcción de inmuebles. Este decreto está aún a medio camino de su aplicación porque el proceso de convalidación está en profunda revisión por ilegalidades de todo tipo.
Durante todo el tiempo del estado de alarma, se ha producido un caldo de cultivo para ir demostrando dónde y de qué manera entendía el Gobierno andaluz la gestión de los servicios públicos. Declaraciones del consejero de Educación que ha menospreciado la labor del profesorado de manera mezquina e irritante, que no ha mostrado ninguna empatía por el inmenso trabajo de los docentes andaluces que se han tenido que buscar la vida profesionalmente hablando, como han podido y haciendo horarios interminables y que no han recibido el menor de los respaldos por las autoridades educativas.
El Consejero de Educación ha demostrado que su interés estaba más en facilitar la vida de los centros concertados, que en apoyar la labor de los centros públicos abandonados. Las normativas una y otra vez enmendadas por ellos mismos han dejado en manos de los centros el buscar sus propias soluciones sin ni siquiera un aumento esencial en los recursos de los centros. Y todo ello se ha venido a concretar en la posible inversión derivada de un fondo extraordinario para educación lleno de trampas y chapuzas.
Vamos a intentar aclarar algunas cuestiones con este asunto, porque lo cierto es que se han cruzado algunas líneas rojas que son difíciles de justificar. Hablamos de futuro inmediato con respecto a la educación escolar.
Punto de partida: la Consejería de Educación y Deportes ha publicado unas instrucciones para el comienzo de curso 2020/21 que son peligrosas. Con una situación de pandemia no controlada, la única solución buscada es volver a la situación anterior sin que se haya hecho ninguna reflexión de lo realizado. En nombre de una mal llamada autonomía de los centros se deja en manos de los equipos directivos la responsabilidad de organizar en ellos cómo van a abordar el comienzo sin ninguna decisión tomada sobre organización general.
En este contexto, la vuelta al colegio en septiembre está generando una enorme polémica. Justo el último día del curso académico, cuando ya se ha terminado toda la actividad, es cuando el titular de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía anuncia su plan para iniciar el próximo curso en septiembre de forma presencial. Dicho “plan” ha dejado boquiabiertos y ojipláticos a una gran parte de la profesión docente y también a muchísimas familias, que no han visto en él ningún avance que disminuya el riesgo para afrontar unas actividades como las de la enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos. Además, el plan se presentaba con un énfasis especial en el gasto que conlleva sobre todo en el refuerzo del cuerpo docente que se muestra claramente insuficiente pese a la ayuda que se ha presupuestado desde el Gobierno central. Este ha aprobado un presupuesto extraordinario que dedica 1.600 millones a las comunidades autónomas para afrontar las necesidades de educación después del estado de alarma. El decreto correspondiente establece que esa cantidad se distribuirá a las comunidades en función del padrón de cada comunidad tomando como referencia la población de 0 a 16 años a 1 de enero 2019. Ese dato publicado por el propio Ministerio, en el caso de Andalucía es del 20,4% del total de la población estatal. A Andalucía, por tanto, le corresponde en torno a 326 millones euros.
Pues bien, según hemos conocido por informaciones periodísticas, la Consejería ha decidido dedicar a la contratación de profesorado la cantidad de 206 millones de euros, distribuidos en términos globales y de esta manera:
- 4.984 docentes de los cuales 4.014 irían a centros públicos (80,5%) y 970 a centros
concertados (19,5%).
- 2.150 docentes en institutos públicos (87,8%) y 296 en centros concertados
(12,1%).
Antes de esta información más detallada, el Gobierno de la Junta anunció que el aumento de la plantilla docente para el próximo curso alcanzaría los 6.260 profesores “adicionales”. Esta cifra incluye a los 450 profesores ya previstos en el Presupuesto de 2020 para cubrir el aumento de unidades en FP (350 plazas), Educación Especial y Secundaria. El resto es el personal de apoyo y los cupos para cubrir las horas de los coordinadores anti Covid. Este aumento no corresponde por tanto al presupuesto extraordinario, sino a fondos propìos.
Por parte de la Consejería se dice sin ningún rubor que la cantidad que dedican es la que se necesita. Se obvian los recortes que la educación andaluza ha sufrido en los últimos años y que en términos generales serían de este orden; la pública vio recortada la inversión en 2.400 millones, mientras que la concertada aumentó en 40 millones hasta 2019. Desde ese momento, con la llegada del Gobierno PP-Cs lo único que se ha hecho es seguir recortando unidades de la escuela pública y autorizando cada vez más centros y unidades de la escuela concertada. A esta fecha no se conoce con exactitud cuáles son esas cantidades, pero en cualquier caso serán siempre en detrimento de la escuela pública, porque ese es un objetivo de este Gobierno.
Pues a pesar de todo, se comunica que las contrataciones previstas tendrían como objetivo “desdoblar los grupos” para bajar la ratio y tratar de mejorar el rendimiento de los estudiantes con una enseñanza más personalizada. Tras presentar su plan y ver las reacciones de sindicatos, ampas, profesorado, familias que protestan por el aumento de ratio en sus centros y tratan de evitar el recorte de unidades… el consejero ha ofrecido unas propuestas, contradictorias (propone grupos de convivencia
que no se mezclen en los centros pero afirma que no tienen sentido las “aulas burbujas”), erráticas y ciertamente provocativas cuando habla de “desquiciamiento” o “psicosis” al referirse a la preocupación de la comunidad educativa al respecto de todo esto. Habla de “convivir con el virus” mientras se decreta desde su Gobierno la obligatoriedad de llevar mascarilla en todas partes.
Ya no se le puede pedir que transmita tranquilidad, que trate de rebajar y tener en cuenta el aspecto emocional que todo esto conlleva. Se comporta como un fiel reflejo de lo que para este gobierno parece la Educación Pública: una carga, un lastre.
Quizá por eso tanto él como el presidente apelan a lo que ocurre en las playas o en las terrazas de los bares, para justificar la ausencia de un plan de verdad que haga ver a todo el mundo que para el Gobierno de la Junta la Educación es una prioridad. Pero no, lo que transmiten es que, para ellos, no lo es. Y así, no solo olvidan que ir a los colegios es obligatorio, también parecen con ello querer olvidar que la responsabilidad de la seguridad en un actividad obligatoria de tal magnitud como la educativa, es suya y solo suya.
Por tanto, en este momento, no solo es necesario aportar para resolver lo acontecido con la crisis actual, sino que es imprescindible abordar la situación de partida. Cualquier acción que persiga la mejor atención, ya sea, presencial y/o a distancia del alumnado y sus necesidades requiere de un esfuerzo mayor que el meramente coyuntural.
Además, desde nuestra posición de defensores de la escuela pública como la respuesta adecuada al derecho básico de la educación, obligatoria y gratuita, estamos a favor de que los recursos públicos que existan deben ponerse al servicio de la escuela pública.
Tal y como se acordó en el grupo de trabajo de Políticas Sociales dentro de la comisión de Reconstrucción, el presupuesto extraordinario de inversión, antes mencionado, tiene que ir destinado a la educación pública de gestión directa. La educación concertada es subsidiaria de la educación pública y como tal no tiene necesidad de recibir fondos al mismo nivel que la pública.
No hay ninguna razón para cifrar en 206 millones la cantidad que se necesita para superar la situación actual. A pesar de eso la Junta ha decidido que una parte vaya a reforzar las plantillas de los centros concertados, que nunca en años atrás han visto disminuidas sus plantillas, sino todo lo contrario.
En consecuencia la aportación del presupuesto extraordinario, es decir, los 326 millones de euros, debe ser destinados al incremento, aún insuficiente, de las plantillas de docentes de los centros públicos para conseguir una mejor respuesta a las necesidades de los mismos.
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