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Urbanismo del shock

Imagen de la playa de La Antilla, en el municipio de Lepe

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La expresión “doctrina del shock” fue popularizada por el libro de Naomi Kleim y alcanzó cierto grado de popularidad para referir los desastres de distinto tipo, como recursos para generar climas políticos propicios a la introducción de reformas de tipo neoliberal. Guerras, tsunamis y crisis económicas se habrían convertido en recursos útiles para imponer los intereses de multinacionales y del capital financiero internacional en cuanto a la supresión de medidas regulatorias y el desmantelamiento de estados interventores y con vocación social por todo el mundo, prácticamente desde la famosa crisis del petróleo de los años setenta.

La pandemia ha sido un aldabonazo para la economía digital y de plataformas, al tiempo que ha dejado obsoletos otros sectores de la economía. La Covid-19 ha servido lo mismo para cerrar parques y quitar bancos, para suprimir puestos de trabajo o para entrar en un nuevo patrón de trabajo y consumo digitalizado. Y también, sin duda, se ha convertido en la gran escusa, el gran escudo para medidas políticas relativamente impopulares o que necesitasen de una fuerte justificación para ser defendidas frente a la ciudadanía. Podríamos hablar incluso de un urbanismo del shock que se ha empezado a entrever durante los dos últimos años, en el que prácticamente cualquier cosa se justifica en el ambiente de conmoción generado por la Covid.

Un ejemplo inmejorable de esto es el Decreto-Ley que intentó aprobar la Junta de Andalucía este verano, para la renovación y modernización de alojamientos turísticos, que parece que finalmente se ha reformulado como Proyecto de Ley a secas. El texto original dejaba claro en su preámbulo la enorme importancia del turismo para la comunidad, lo calificaba de “esencial”. Posteriormente exponía la terrible tara que ha supuesto para la economía la caída de las visitas, pernoctaciones y consumo, como justificación para desarrollar una batería de medidas de dinamización económica del sector. Lo que llama la atención es que, hoy en día, todavía no se relacione lo uno con lo otro, es decir, el enorme peso que viene adquiriendo el sector con el terrible batacazo para la economía que ha implicado la pandemia. No hay ninguna intención de problematizar esta cuestión y en el medio-largo plazo solo existe más turismo y más turistas. Hasta aquí todo correcto.

En términos generales, es necesario y beneficioso agilizar burocracia y tiempos del urbanismo. Pero el aumento de la edificabilidad y ocupación no solo altera los parámetros del planeamiento municipal, sino que los ningunea.

El proyecto de la Junta identifica como gran lastre para sector la antigüedad del parque de alojamientos turísticos y el reducido número de establecimientos de “alta categoría”. Frente a esto se está proponiendo un incremento en la edificabilidad y ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico de entre un 15 y un 20%. El objetivo sería la modernización y aumento de categoría de dichos establecimientos. Esto beneficiará también a los inmuebles en situación fuera de ordenación, que por esta situación encuentran dificultades a la hora de ejecutar la reforma y ampliación de sus instalaciones. El cambio además favorecerá la financiación de los ayuntamientos, ya que los hoteles deberían entregar al Ayuntamiento el correspondiente 10% de los nuevos aprovechamientos.

La ausencia de leyes e instrumentos de ordenación del territorio y urbana, o la desobediencia a los mismos, han sido causa histórica de graves pérdidas en el patrimonio cultural y, especialmente, natural en Andalucía. Esta depredación del territorio, que indudablemente se ha producido y se sigue produciendo, se dirige precisamente contra el turismo de mayor variedad y calidad que el proyecto del gobierno andaluz dice perseguir, así como contra los criterios de sostenibilidad y organización inteligente que teóricamente deberían regir la política económica. Esto se encuentra en flagrante contradicción con la propuesta de legalización de los establecimientos fuera de ordenación y su ampliación. En términos generales, es necesario y beneficioso agilizar la burocracia y los tiempos del urbanismo. Pero el aumento de la edificabilidad y ocupación, especialmente en cuanto a los establecimientos fuera de ordenación, no solo altera los parámetros del planeamiento municipal respecto de edificabilidad y ocupación, sino que los ningunea.

El propio hecho de que se pretendiese introducir la norma en un principio como Decreto-Ley debería llevar a la alarma. Este constituye un instrumento de urgencia para intervenir sobre situaciones y problemáticas extraordinarias, como sería la situación provocada por el virus. Que estamos en una coyuntura extraordinaria y problemática es indiscutible. Ahora, que el incremento de la edificabilidad de los hoteles y el blanqueamiento de irregularidades urbanísticas, pasando por encima de la ordenación urbanística municipal, se argumente de esta manera, no puede parecer menos que arbitrario. Sin embargo, el virus ha venido para quedarse y para justificarlo todo. Urbanismo del shock. 

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