El Ministerio de Agricultura aún no ha publicado el decreto que reparte las ayudas de la PAC

El veto ruso ha estallado en el sector agrario andaluz eclipsando la que ha sido su batalla del año: el reparto de ayudas de la Política Agraria Común (PAC). No obstante, el tema volverá a la palestra dado que a estas alturas el Ministerio de Agricultura (eldiario Andalucía ha insistido, sin éxito, para conocer los detalles) aún no ha hecho público el real decreto cuyo borrador final cerró en agosto y envió a Bruselas, para informar de cómo se repartirán los fondos de agricultura en España. Ese decreto es el que desencadena trámites administrativos de asignación de derechos, alegaciones o declaración de cultivos obligatorios para que los agricultores puedan percibir las ayudas.

Un aspecto más en un proceso rodeado de “una gran opacidad”, según Juan Luis Ávila (COAG). Todo lo que ha trascendido son estimaciones de las propias organizaciones agrarias que, a estas alturas, no conocen con exactitud el modelo que se aplicará en España. “Normalmente los plazos se apuran”, explica Ávila, “pero hasta ahora siempre habíamos conocido con pelos y señales el documento técnico” que llegaría a Europa, del que se les pasó un borrador en julio. Se queja de que no ha habido participación en el proceso ni información regular sobre una negociación que, critica, no ha dado como resultado “una política agraria que tenga en cuenta el futuro, la mejora de la producción o la incorporación de los jóvenes a la actividad”.

Después de casi un año de tira y afloja, el borrador del decreto establece 24 tipos de comarcas agrarias. Es decir, 24 tramos de reparto de los pagos básicos atendiendo al tipo de cultivo o ganado y el montante de ayudas que perciben sus propietarios. Una comarca más que las fijadas a comienzos de julio, cuando las organizaciones advertían que las 23 establecidas llevarían a la comunidad andaluza a perder alrededor de 600 millones de euros anuales.

El sector del tabaco, de gran peso en Extremadura, ha forzado la aparición de una nueva región, la número 24. Esto ha variado ligeramente las cifras. Un informe interno de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), calculado a partir del borrador de decreto que el Ministerio pasó a las organizaciones en julio, señala que con este nuevo cálculo la transferencia de fondos hacia otras comunidades afectará al 45% de las comarcas agrarias andaluzas, que siguen perdiendo dinero.

Agustín Rodríguez, secretario general de UPA-Andalucía, señala como ejemplo la comarca de La Loma, en Jaén, una de las de más potentes de la comunidad en la producción de olivar de regadío. De acuerdo con el decreto, el pago base –algo más del 50%- bajará un 1,5% con relación a lo que los agricultores están percibiendo de media anual. El aumento del número de regiones ha impedido que esa caída en las ayudas sea del 8,7%.

El 55% restante percibirán lo mismo e incluso algunas que notarán un incremento en ese pago base. Es el caso de las marismas de Sevilla. Con las 23 regiones, las pérdidas supondrían un 14,7%. Sin embargo, al afinar la creación de una nueva comarca, esta zona sevillana aumentará un 2,5% su percepción básica.

Más comarcas, menos trasvase de fondos

Para Rodríguez este ajuste en el reparto demuestra que “si se hubieran hecho más comarcas se habría impedido el trasvase de fondos, acortando los tramos”. Señala que “se ha afinado mucho” en los grupos donde la ayuda es más pequeña, pero no tanto en aquellos donde el volumen de subvenciones es más alto. Desde UPA dan por hecho que el ajuste se notará individualmente, que incluso en comarcas que ganan habrá agricultores que pierdan y a la inversa. Insisten en que “con 42 regiones, que es lo máximo que permite Europa, se habrían acortado los tramos y no habría transferencia”. La movilidad de ayudas se produce entre comarcas y cultivos de características similares por eso, según UPA, lo que se pierde no va a otras zonas de Andalucía sino de otras comunidades autónomas.

A esa pérdida los agricultores suman las de las ayudas al desarrollo rural que se ha recortado para Andalucía, con el argumento de que había sido discriminada positivamente en otras reformas de las PAC.

No es el único tren que el UPA y COAG entienden perdido. La figura del ‘agricultor en activo’, cuya definición consideraban básica para la percepción de ayudas, no ha servido para expulsar del sistema “a los agricultores de sofá”. Para percibir ayudas, sólo es necesario acreditar que el 20% de los ingresos del propietario proceden de la agricultura. Eso, según UPA y COAG, deja el campo abierto a la especulación y favorece que perciban ayudas “determinadas sociedades” cuya finalidad no es la producción agraria. Pero el aspecto que más preocupa al sector es que no se haya aprovechado la reforma para regular el mercado. “En la última década hemos perdido en precio más del doble de lo que recibimos en ayudas”, señala Rodríguez en un cálculo rápido.