“Yo no quiero meterme en política pero lo que está claro es que el Gobierno no quiere al pequeño agricultor”. Este es el sentir de uno de los 208.000 pequeños y medianos agricultores andaluces que perciben menos de 5.000 euros al año de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) y que han visto cómo, con la última reforma, éstas se han reducido.
Juan Herrera no sólo es un pequeño olivarero de la Sierra de Cádiz, donde no es nada fácil sacar adelante unos olivos situados en pendientes del 25 o el 30 por ciento, sino que además preside una cooperativa, Nuestra Señora del Rosario en Algodonales, en la que el 80 por ciento de sus 800 asociados directos cobran menos de 5.000 euros en ayudas.
Producen alrededor de un millón de kilos de aceite del que el 60 por ciento venden envasado, una gran parte es ecológico que exportan a Francia. La mayoría, tienen una, dos o tres hectáreas de olivar, difícil de cultivar pero que producen aceite de gran calidad. Un aceite, según los expertos de los mejores del mundo, resultado de la mezcla de aceitunas de Lechín y Manzanilla.
Los costes de producción son altos. Recoger un kilo de aceituna en este tipo de olivar cuesta unos 0,18 céntimos, a lo que hay que añadir los costes de ararlos, podarlos, limpiarlos… Si además “les quitas la pequeña ayuda” que pueda llegar de Europa, se hace muy difícil y se acaban abandonando, algo que dice ya está ocurriendo en algunas zonas.
Fijar a los habitantes al territorio
Se queja de que en la anterior reforma se suprimieron las ayudas a aquellos agricultores que percibían menos de 180 euros, margen que se ha ampliado a 300 euros en la última PAC. Por lo que el 30 por ciento de los asociados de su cooperativa se han quedado sin subvención y se teme que en la próxima vaya a por los de 600 euros. “Nos han desairado sin contemplaciones frente a las grandes extensiones”, asegura Juan.
El olivar es algo más que una industria en una zona con alrededor del 25 por ciento de paro, donde “solo hay el Ayuntamiento o la cooperativa, a la que están vinculadas el 90 por ciento de las familias”, es un cultivo social que mantiene a sus habitantes en el terreno. “Hay que fijar a los habitantes, ¿dónde los vamos a mandar?, ¿a la ciudad?”, asegura este agricultor de 54 años que lleva desde niño pegado a la tierra.
“No quiero meterme en política”, insiste varias veces, “pero es que lo han enmascarado muy bien” y “nos esperan años difíciles”. Hay incluso “agricultores que todavía esperan más dinero, porque creen que falta algún pago de las ayudas”, pero “es que no hay más”. “Y yo, lo único que sé”, “lo que está claro”, es que con la última reforma “en mi cuenta falta dinero” respecto a años anteriores, al igual que al 80 por ciento de los socios.
“No sé por qué el Gobierno quiere crear grandes imperios”, se queja. “Una vez me dijeron como excusa que cuesta lo mismo tramitar una ayuda de 180 euros que de 300.000”, pero “eso no son criterios”, “somos pequeñitos pero al final sumamos”, concluye.