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Pide el indulto tras ser condenada en firme en un caso de estafa en su agencia de viajes

Natalia Gama cobró 600.000 euros por tramitar billetes de avión a un hombre que, posteriormente, se descubrió que pagaba con tarjetas falsas.

Durante la investigación se descubrió que las transacciones se habían pedido desde París y Costa de Marfil, siguiendo las IP's de los ordenadores empleados.

Reclama que se le conceda el indulto, tras no ser respetados sus derechos, aunque tiene una petición de ingreso en prisión para cumplir desde el próximo 31 de marzo.

Natalia muestra a eldiario.es/andalucia la sentencia que la condena a prisión.

Natalia muestra a eldiario.es/andalucia la sentencia que la condena a prisión.

A prisión por cobrar en su agencia de viajes a un cliente que le había pagado con una tarjeta falsa. Así de duro es el caso de Natalia Gama (Madrid, 1980), una mujer separada y madre de dos hijos que, si nadie lo remedia, tendrá que ingresar en prisión el próximo 31 de marzo para cumplir una pena de tres años y medio de prisión, además de tener que pagar al banco los 600.000 euros que supusieron las operaciones que, posteriormente, se comprobaron que eran fraudulentas, más los consiguientes números rojos (130.000 euros) que es caso ha generado.

Esto es que Natalia ha sido condenada a pesar de que queda claro que hay una persona que no ha sido ella que ha usado una tarjeta falsa, que ha estafado al banco y que ha provocado el agujero económico para la entidad: "en época de crisis se agudiza el ingenio", me dicen en la sentencia, tras un juicio en el que el juez dice que fue "indiferente" a lo que se contaba, argumentos que se plasman en una sentencia condenatoria contra la que se pide un indulto contrarreloj, que ha enviado a eldiario.es/andalucia.

Domiciliada actualmente en la localidad madrileña de Navalcarnero, vivió 7 años en Moguer, y allí abrió una agencia de viajes en 2008. Según se recoge en la descripción publicada en la plataforma Change.org, algo más de un año después fue víctima de un estafador que compraba billetes de avión con tarjetas de crédito de origen fraudulento.

Ante las elevadas demandas por parte de este cliente fue a hablar con su banco y ellos le tranquilizaron y le dieron las pautas a seguir para que el uso del TPV (Terminal Punto de Venta, conocido como datafono) fuese de la forma más diligente posible. El banco le proporcionó las herramientas y documentación necesarias para poder operar y de tal manera trabajar de forma segura.

Sin embargo, cuatro meses después la llamaron desde el mismo banco para concertar una reunión con el director, Jesús Pulido, "y la acusaron, de una forma muy agresiva, de que era partícipe de un robo, ya que todas las operaciones realizadas con su cliente procedían de tarjetas fraudulentas y que se empezarían a hacer retrocesiones por las cantidades cargadas en la cuenta de la empresa. Le ofrecieron una solución un tanto dudosa y apresurada ya que no le dejaban salir del despacho del director". En el juicio, el director del banco negó que la retuviese.

Cruce de denuncias

Natalia presentó una denuncia ante la Guardia Civil, mientras que el banco hizo lo mismo contra ella por estafa en el mismo cuartel. Todo quedó archivado, pero antes de que llegara notificación del sobreseimiento de la causa presentaron otro recurso para que esto no ocurriera y de tal modo continuar el caso sobre una causa ya archivada.

En septiembre del 2013 se celebró la vista oral en la Audiencia Provincial de Huelva, y fue condenada a pesar de que se dieron casos como que "un perito del Banco Santander declaró sobre la devolución de los cargos de las tarjetas por parte del banco, pero sin aportar un solo justificante", mientras que un agente de la Guardia Civil del puesto de Moguer dijo que la investigación se había paralizado por órdenes de "arriba" ya que la identidad del cliente de Natalia se trataba de una identidad falsa y difícil de encontrar. No aclaró a que "arriba" se refería.

Un agente especialista en delitos informáticos dijo que no conocía de nada a Natalia y que este tipo de estafas estaban siendo muy habituales y difíciles de resolver ya que las IPs utilizadas para las estafas procedían de locutorios en París y Costa de Marfil. Es decir, las operaciones se hacían a miles de kilómetros de donde estaba la acusada.


Se dio la circunstancia de que el director del banco declaró "que efectivamente conocía a Natalia pero que cuando sucedieron los hechos él se encontraba de vacaciones, por lo que no me pudo dar instrucciones sobre cómo realizar las operaciones con el TPV", lo que ella asegura que es falso "ya que fue el personalmente quien le dijo la manera de
proceder".

"Salimos contentos del juicio, pero a los veinte días llegó el mazazo de la sentencia, algo que nadie esperaba", explica Natalia, que lamenta que el Tribunal Supremo no atendiese su petición, a pesar de que reconoce, como recoge la misma sentencia, que no existen pruebas inculpatorias hacia la parte acusada pero sí una suma de indicios.

Por ello, ha recogido firmas para apoyar su petición, entregó este jueves, mientras su abogado, de forma paralela, presentaba en la Audiencia Provincial de Huelva el recurso para pedir la paralización de la orden de ingreso en prisión.

"El banco ha salido ganando"

Con todo, la impresión es que el banco ha salido ganando en este asunto. Los sefutos de Visa y Mastercard se encargaron de devolver el dinero a los clientes dueños de las tarjetas verdaderas, y la entidad pide que se abonen los 130.000 euros del descubierto en cuenta que ha provocado este caso.

Natalia sigue moviendo todos los hilos posibles para evitar la sentencia condenatoria, mientras lamenta que el banco "está queriendo eludir su responsabilidad al máximo. Aquí está ocurriendo algo muy raro, y me tienen de cabeza de turco en un caso en el que soy completamente inocente".

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