La Federación Andaluza de Municipios reclama a la Junta los datos de contagios por localidad para orientar a las patrullas de Policía y Guardia Civil

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que aglutina a los 778 alcaldes y de Andalucía y los ocho presidentes de las Diputaciones provinciales, ha reclamado al Gobierno de Andalucía que proporcione los datos de personas contagiadas por coronavirus en cada municipio, con el objetivo de “orientar” mejor las patrullas de Policía y Guardia Civil en su labor de preservar el confinamiento de los vecinos en sus casas.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, que es quien recibe esos datos actualizados “cada hora”, se niega a difundir el desglose por municipios alegando que sólo serviría para “estigmatizar a los vecinos calle a calle y casa por casa”. El presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, replica que la información se puede proporcionar “siempre conservando el anonimato de los afectados”, y que los datos serían muy útiles a los alcaldes para “acometer planes de acción y estrategias locales de lucha contra la pandemia”. Hace días que los regidores se quejan de que la Policía Local y la Guardia Civil patrulla “a ciegas” en sus municipios, sin referencias para saber dónde concentrar los esfuerzos. Lo mismo ocurre con las autoridades sanitarias locales y las múltiples iniciativas ciudadanas (confección de mascarillas, ayudas a domicilio...) que desconocen dónde concentrar su labor.

La falta de información de los alcaldes hace que muchos de ellos hayan tomado la iniciativa de informar por su cuenta de los casos que de contagios y fallecidos que les llegan de oídas. Otros regidores incluso han aprobado un bando en sus ayuntamientos para organizar la salida de los vecinos de sus casas y la apertura de las tiendas de alimento, estableciendo turnos en días pares o impares, para minimizar en lo posible el contacto entre ellos y el riesgo de contagio. “Si en la lucha contra el coronavirus contamos con los ayuntamientos para actuar según los protocolos, estaremos acorralando aun más al virus”, dice Villalobos, que reclama a la Junta que cambie su estrategia de comunicación.

El País Vasco es la única comunidad que, desde el principio, difunde los datos contagios municipalizados, geolocalizando los casos positivos por zonas dentro de cada pueblo. La Federación de Municipios Andaluces pide a las autoridades sanitarias que compartan esta información con las Juntas Locales de Seguridad, donde están presentes los representantes de la ciudadania local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El falta de información sobre el número de contagios y fallecidos por municipios se ha convertido en un problema para muchos ayuntamientos, que son la administración más próxima al ciudadanos. Este asunto ha derivado en un choque entre dos administraciones de distinto signo político: Gobierno (PSOE-Podemos) y Junta (PP-Ciudadanos), pero también se ha abordado en las reuniones diarias del Comité de Coordinación y Seguridad (Cecor) en Andalucía, que se reúne diariamente de forma telemática. En este dispositivo participa la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, el viceconsejero Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, el secretario general de Interior, Miguel Briones, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la FAMP, Rodríguez Villalobos, el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, Alejandro Escámez, el Jefe de Estado Mayor de la Flota; José Núñez (estos dos últimos no asisten), además de los jefes Superiores de las Jefaturas de Policía Nacional de Andalucía Occidental, el general de la 4ª Zona de la Guardia Civil así como Protección Civil, jefe de la Unidad Policía Adscrita de Andalucía, Teniente Coronel de la UME y la secretaría general de la Delegación.

“Estigma de vecinos e intervención de datos”

La pandemia y el estado de alerta sanitaria, que mantiene confinados en sus casas a miles de personas, ha acrecentado la sensación de “confusión”, “miedo” y “sufrimiento” entre la población. El consejero andaluz de Salud sostiene que esos datos por municipios “no suponen ningún beneficio para nadie”, y añade que “Euskadi lo está haciendo en contra de la recomendación del Ministerio de Sanidad, que nos ha prohibido que informemos de los contagios por municipios”.

El Gobierno central niega que exista esa prohibición y responde que la Junta “puede y debe” facilitar esos datos públicos, “en aras de una mayor transparencia”. Ambas administraciones se echan la responsabilidad una a otra: la Junta argumenta que el Ministerio de Sanidad ostenta la “autoridad única” en la gestión de la crisis sanitaria y que tiene “intervenida” la información en Andalucía; y el Gobierno central replica que su labor es de coordinación de recursos e información general, pero “en ningún momento restringe el desglose de datos”. En realidad ni la orden ministerial del 15 de marzo que regula la “remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” y la posterior actualización que se aprobó el 20 de marzo contienen una prohibición ni un autorización explícita a las comunidades para aportar los datos municipalizados.

El Ministerio ofrece diariamente los datos de contagios activos, los que están en UCI, los fallecidos y los curados. Un rato después, la Junta de Andalucía complementa esos datos provincializándolos. Hasta hace dos días explicaba cuál era el perfil de los fallecidos -edad y patologías previas- pero al dispararse el número de víctimas mortales dejó de hacerlo, y empezó a extenderse en la información sobre los pacientes curados. En este rifirrafe entre administraciones ha intervenido la prensa que, ya casi a diario, reclama los datos de contagios por municipios.

La Junta anunció el miércoles que, para clarificar definitivamente el asunto, el consejero de Salud solicitaría este jueves por carta al ministerio de Sanidad, Salvador Illa, la autorización para difundir los datos de contagios desglosados, al menos por distritos sanitarios y por hospitales. Desde el departamento de Illa aseguran que no es necesaria esa autorización expresa, y acusan al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno de eludir su responsabilidad y querer visibilizar ante la opinión pública que la gestión única de esta crisis sanitaria es del Gobierno central. “Ellos sólo se hacen responsable de las iniciativas positivas o que funcionan, y la gestión de la tragedia la esquivan o nos la trasladan”, dicen estas fuentes.