La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha propuesto a las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social de Andalucía el alta de oficio a los alumnos de las prácticas no laborales en empresas, realizadas entre 2014 y 2015, ligadas a la empleabilidad y que ejecutó el Servicio Andaluz de Empeo (SAE), en concreto las prácticas EPES (Experiencias Profesionales para el Empleo) y las prácticas UNIA, a través de la Universidad de Andalucía. Según el organismo estatal, “se ha comprobado que el SAE ejecuta” sendos programas “sin que hayan sido dadas de alta en la Seguridad Social las personas que han realizado las prácticas finalizadas a la fecha”, según consta en un oficio fechado este pasado 17 de noviembre y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.
El asunto del alta en la Seguridad Social de las prácticas profesionales no laborales tiene un recorrido de varios años, interpretaciones opuestas y muchos actores implicados. Desde el momento en que Susana Díaz y Emilio Botín firmaron en enero de 2014 el primero de los dos convenios para la convocatoria de hasta 1.000 becas anuales (conocido como el programa de 'becas Junta-Santander'), en el seno de la Seguridad Social surgió la controversia de quién debía hacerse cargo del alta o afiliación de los jóvenes desempleados, que recibían una beca de seis meses de 2.700 euros y 180 euros en concepto de seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. El convenio se renovó al año siguiente. Casi siete años después del primer acuerdo parece haberse empezado a resolver la cuestión.
Según indican fuentes de la Consejería de Empleo consultadas por este periódico, actualmente se está desarrollando el programa de prácticas no laborales en una nueva convocatoria “con normalidad, a diferencia de lo sucedido en el largo periodo 2015-2018 en el que no se convocaron ediciones de prácticas para el empleo tras el conflicto surgido”. En las actuales convocatorias “ya se ha incorporado a la subvención concedida, la obligatoriedad del alta en el Régimen General de la Seguridad Social de todas las personas que realicen prácticas profesionales, de forma que la comunidad autónoma ya subvenciona el coste de la práctica y de la cotización a la Seguridad Social”, aseguran las fuentes.
Dos millones consignados
El organismo estatal de Inspección, en el escrito dirigido a la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A), desde donde se denunciaron los hechos, señala además que se están practicando requerimientos de pago por las cuotas de Seguridad Social devengadas a medida que se están mecanizando los periodos de alta propuestos. Este periódico informó en mayo de 2019 de que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, cuando era directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, dejó sin efecto en 2018 las liquidaciones de cuotas y una sanción de 1,4 millones a la Universidad Internacional de Andalucía. El Ministerio de Empleo reconoció la “irregularidad” pero cerró las puertas a la infracción pese a que la Dirección General de Ordenación, tres años antes, obligaba al alta de 2.000 jóvenes desempleados convocados en 2014 y 2015. La ahora consejera señaló al SAE como posible responsable del alta a los jóvenes y apuntó que la Junta asumiría las cuotas si hubiera un requerimiento. La Junta pidió en junio de 2019 a la Inspección de Trabajo que investigara las cuotas después de que la CGT requiriera a la propia consejera de Empleo que el SAE asumiera las mismas.
Según indican desde la Consejería, el SAE lleva “dos años colaborando estrechamente” con la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social “para regularizar la situación de las altas, y el abono de cuotas, de los beneficiarios de programas de prácticas no laborales que se realizaron antes de 2015, cuando se originó un conflicto de origen competencial entre normativa estatal y autonómica”, sobre el que la Inspección ya ha dictaminado. La Consejería presume de mantener una “actitud responsable” en este asunto “originado con el anterior Gobierno” y ha realizado consignaciones presupuestarias el año pasado y el presente (en torno a los dos millones de euros) “en previsión de un posible pago”. El SAE, aseguran, “realizará los pagos conforme las distintas direcciones provinciales de la Seguridad Social vayan realizando las altas con carácter retroactivo y soliciten las liquidaciones de las cuotas pendientes” y “se cumplirán todas y cada una de las indicaciones que les hagan los organismos de Inspección y de la Seguridad Social”.
Pero el asunto viene de lejos. El alta de los becarios en los años 2014 y 2015, ¿debía de correr al cargo del SAE o de la Universidad Internacional de Andalucía que actuaba como “entidad colaboradora” según el decreto-ley de 2014 por el que se aprobó el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+ en que se apoyaba la convocatoria anual de las mencionadas becas? Tanto aquel decreto-ley de 2014 como el del año siguiente, de 2015, obligaba simplemente a la suscripción de una póliza de seguros de enfermedad, accidente y responsabilidad civil de los jóvenes beneficiarios de las becas. Lo que no se advertía en aquellos decretos era que el 1 de enero de 2013 había entrado en vigor una norma estatal que establecía como necesaria el alta y cotización en la Seguridad Social para ese tipo de prácticas. Es decir, en aquellos decretos-ley de 2014 y 2015 no se asumieron las obligaciones de Seguridad Social respecto de los beneficiarios de las becas.
Denuncia en Málaga
Todo comenzó apenas unos meses después de la firma de aquel primer convenio entre la Junta y el Santander. Al advertir que los becarios no estaban dados de alta, la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en Málaga elevó una consulta a la Dirección General de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social que, en julio de 2014, entendió en principio que no era posible extender acta de infracción por “imposibilidad de interpretación analógica de las normas sancionadoras”.
En febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que resuelve controversias de este tipo dentro del organismo, no se mostró de acuerdo con que la conducta no fuera reprochable ya que “la expresión trabajadores comprende también a los asimilados”, puesto que “existe la misma obligación de solicitud de alta para unos y para otros por parte del empresario”, a fin de no dejar a la voluntad del empresario sus obligaciones de alta y cotización en la Seguridad Social. Es decir, la Ordenación de la Seguridad Social dejaba claro que la conducta del sujeto obligado de no dar de alta a los becarios era sancionable, según comprobó este periódico.
Más tarde, el 5 de octubre de 2015, la subdirectora general de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social entendió que, aunque la financiación de las becas correspondía al SAE, la UNIA debía ser la encargada del alta de los becarios en el Régimen de la Seguridad Social. En ese punto, el Director Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía, el 15 de octubre de 2015 condicionó la actuación inspectora a “cualquier denuncia o reclamación que pudiera formularse al respecto”, encomendando la actuación a los funcionarios de la Unidad Operativa de dicha Inspección en Andalucía.
Pese a ello, de nuevo la Inspección de Trabajo en Málaga extendió en agosto de 2016 acta de infracción grave, por importe de 1.458.279 euros (a razón de 4.689 euros -según la la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social- por cada uno de los 311 afectados en la provincia) y acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social (por importe de 99.917 euros) por la falta de alta y cotización.
“Controversia” en el Parlamento
El asunto, antes de la intervención de la ahora consejera, llegó incluso al Parlamento de Andalucía, según consta el diario de sesiones nº 373, de 28 de junio de 2017 (páginas 16-22). El entonces consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, expresó su respeto por la sanción a la UNIA, anunciando que se dejaría de usar la fórmula de no computar becas como contratos tras la “controversia competencial” acerca de quién debió dar de alta a los becarios. Podemos e IU cargaron contra la Junta por aquella sanción que, como después veremos, Rocío Blanco dejó sin efecto.
En ese punto llegó la resolución de Rocío Blanco. La entonces directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, el 15 de febrero de 2018 puso fin a la vía administrativa del expediente sancionador abierto contra la UNIA por no incluir dentro del Régimen General de la Seguridad Social aquellos contratos en prácticas acordados en 2014 y 2015. Blanco argumentó que era el SAE, “cofinanciador y pagador de las becas”, quien “ostentaría el carácter de sujeto responsable” de dar de alta a los becarios según “el artículo 5.1 del RD 1493/2011”.
La ahora consejera, tras la impugnación por parte de la UNIA, apuntaba directamente al SAE pero dio pie a que, un mes después, la Inspección de Trabajo en Andalucía cerrara las puertas a cualquier tipo de sanción al respecto pese a reconocer la existencia de una “irregularidad” en Málaga, extensible al resto de Andalucía y sin que hasta ahora nadie se hubiera hecho cargo del alta y cotización de aquellos becarios, con el consiguiente fraude a la Seguridad Social, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía a través de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Andalucía.
El SAE no era quien abonaba las becas. Realmente, la UNIA era la que abonaba 300 euros al mes al becario y 150 euros la empresa en la que se desarrollaba la práctica, según consta en los acuerdos firmados entre los jóvenes, la UNIA y la entidad asociada. El programa en su conjunto estaba cofinaciado por la Consejería de Empleo, Banco Santander y las empresas participantes, con 900.000 euros aportados por cada parte para cada convocatoria, según lo anunciado en 2014.
Tras la resolución de Blanco, la Inspección de Trabajo de Málaga volvió a solicitar en abril de 2018 el criterio de la Dirección General de la Inspección de Trabajo para determinar quién debía dar de alta a los becarios, para levantar nuevas actas de infracción y de liquidación tras el fallido intento que inició en agosto de 2016.
Reconocida “irregularidad”
En mayo de 2018, el entonces subdirector de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica de la Dirección General de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, Gonzalo Giménez, consideró que “no es posible extender acta de infracción” en el supuesto planteado ya que “la consideración jurídica del personal afectado es la de asimilado a trabajador por cuenta ajena”, apostando, como entendía Rocío Blanco, que debía ser el SAE el sujeto responsable pero reconociendo por primera vez en todo el proceso que “podría haberse dado la misma irregularidad” de los 311 afectados en Málaga a las otras provincias andaluzas durante los años 2014 y 2015 en las prácticas dirigidas a 2.000 desempleados.
Giménez cerraba en aquel momento la posibilidad de actuar contra una fraude millonario. Subdirector de Asistencia Técnica de la Seguridad Social en el Gobierno del PP durante este proceso, fue nombrado por el nuevo Gobierno del PSOE secretario general técnico del Ministerio de Trabajo en el Consejo de Ministros del 22 de junio de 2018, justo un mes después de cerrar las puertas a cuaquier tipo de sanción a quienes pudieron incumplir la obligación de dar de alta a los becarios y cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social.
Eso sí, Giménez sugirió una “reunión aclaratoria” con el SAE para extender acta de liquidación o emitir requerimiento de alta y cotización de los pagos, si bien dicho encuentro no tuvo lugar ni tampoco le constaba a las fuentes consultadas actuación alguna por parte de la Unidad Operativa, a quien ya se llamó a la acción en octubre de 2015, como antes se explicó, pero solo en el caso de que se produjera denuncia o reclamación al respecto. Sólo Málaga emprendió una actuación que Blanco dejó sin efecto, como ya se ha explicado. Ahorala Inspección ya ha dictaminado el alta de oficio de aquellos becarios.