La Junta pide a la Inspección de Trabajo que investigue las cuotas de Seguridad Social impagadas de las becas Santander
El director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha dado traslado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del escrito remitido por la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) para que procediera a la “inmediata cotización” de los periodos en que jóvenes beneficiarios de las denominadas 'becas Santander' prestaron trabajo efectivo sin ser dados de alta en la Seguridad Social. La Junta adopta esta postura “por si procediera actuación inspectora” y con el fin de que por parte de la Inspección “se hagan las precisiones y se dicten las resoluciones oportunas”.
La Junta responde así al requerimiento que hizo la asociación de trabajadores a la propia consejera de Empleo, Rocío Blanco, directora entonces de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, quien dejó hace un año sin efecto las liquidaciones de cuotas y una sanción de 1,4 millones a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), apuntando que el SAE pudiera ser el “sujeto responsable” de las altas de aquellos becarios, tal y como ampliamente informó este periódico el pasado 23 de mayo.
La CGT-A, al conocer el escrito del SAE, se ha mostrado “sorprendida” por el hecho de que sea el director del SAE el que firme el escrito y no la propia consejera, ya que la situación advertida “deviene de sus actuaciones profesionales antes de ocupar el cargo político que ostenta”. La respuesta de la Junta, además, llega “sin querer adoptar medidas” y preguntando de nuevo a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo “aun cuando depende directamente de su responsabilidad en la Consejería”, entiende la confederación.
“Desde CGT Andalucía le pediríamos que sean claros y concisos y no anden aplicando técnicas dilatorias y disuasorias para no afrontar la muy grave situación que se provocó a miles de trabajadores/as en Andalucía, que a día de hoy siguen sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social por el periodo en el que estuvieron becados y sin que se hayan liquidado las cuotas de las cotizaciones correspondientes a aquellas relaciones profesionales en las empresas”, señalan al respecto fuentes de la CGT-A.
“Ilegalidades consentidas”
De la situación por la que se le pedían “explicaciones y acciones inmediatas” a la consejera “para acabar con esas ilegalidades consentidas por las administraciones andaluzas”, Blanco es “perfectamente conocedora, al menos por la parte que toca a 311 afectados en Málaga y señalados en un acta de la Inspección Provincial de Trabajo” que “tuvo a bien anular” y que “no puede seguir impune y sin que se regularicen, ahora que dependen directamente de la Consejería que usted regenta”.
“La respuesta del SAE nos parece un insulto a la inteligencia y quizá una maniobra para seguir provocando prescripciones que dañan directamente las arcas públicas ante la falta de cotización demostrada y agreden directamente a los derechos individuales de las personas becarias que siguen sin tener reconocido, en alta en la Seguridad Social los periodos en las empresas”, dicen en su última respuesta a la Consejería.
Por ello, la CGT-A solicita a la consejera “que sea el SAE, dependiente de usted, el que proceda a la inmediata cotización de los periodos en que los 311 becarios prestaron trabajo efectivo en Málaga y no fueron dados de alta en la Seguridad Social” y que, igualmente, “proceda a dar de alta en la Seguridad Social al resto de los 2.000 becarios que prestaron sus servicios para la administración en Andalucía en los años 2014 y 2015 al amparo del programa de becas Junta/Santander”, “sobre los que ninguna Inspección Provincial de Trabajo se pronunció ni actuó, pero que usted conoce que existieron”, así como los en torno a 5.000 becarios que se acogieron al programa EPES (Experiencias Profesionales para el Empleo) entre 2013 y 2018.
“Que conforme al cargo que ostenta demuestre que no se quiere tomar el pelo a quienes exigen el cumplimiento de la legalidad con maniobras orquestales para perjudicar individualmente a los becarios afectados y conjuntamente a toda la sociedad, al permitir que se esquilmen cuotas de cotización a la Seguridad Social que son de afectación general a todos”, concluye el escrito.
Denuncia contra SAE y empresas
Al margen de ello, la CGT-A ha interpuesto ya ante la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, con fecha 8 de junio, una denuncia “contra el SAE y contra las empresas” por los motivos ya comentados.
Argumenta además la organización sindical que ha tenido conocimiento de que “se dieron instrucciones desde la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo de Andalucía de actuar si se formalizaban denuncias al respecto”, una circunstancia que lleva a CGT-A a requerirles mediante dicha denuncia “que se actúe en las ocho provincias andaluzas para resarcir el daño realizado a todas y todos los becarios afectados por la falta de alta y de cotizaciones durante su prestación de servicios”.
La organización considera “muy grave” también en esta denuncia que teniendo conocimiento de que trabajadores/as ligados a becas de la Administración andaluza “se siga consintiendo que no hayan sido dados de alta en la Seguridad Social” y “se renuncie por la Administración a recaudar para la Seguridad Social las cuantías millonarias correspondientes, cuando se viene alarmando a la ciudadanía de los problemas económicos de este organismo público.
Por último, la denuncia solicita expresamente “que no se alegue prescripción de ninguna de las cuotas o cotizaciones correspondientes, dado el conocimiento por parte de la Administración de la grave situación generada por la propia Administración andaluza y que en la actualidad cuenta como máxima responsable a quien en su momento señaló que sería el SAE, dependiente de ella misma, quien debiera realizar las altas en la Seguridad Social de los Becarios y cotizar por ellos”.
