8.000 jornaleros se quedan sin subsidio en el campo andaluz
“Ningún trabajador del campo andaluz o extremeño se quedará sin percibir su derecho al subsidio o la renta agraria”, dijo el pasado mes de febrero la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Acababa de aprobarse el decreto que rebajaba de 35 a 20 el mínimo de jornales para tener derecho a la prestación. Mañana sábado acaba ese periodo y el requisito vuelve a situarse en 35 peonadas.
Durante todos estos meses, los partidos de izquierda y los sindicatos (UGT, CCOO y el Sindicato Andaluz de Trabajadores) han pedido que se eliminara el mínimo excepcionalmente o que se habilitara un plan de empleo rural extraordinario. La minúscula cosecha de aceituna -entre un 60 y un 80 por ciento inferior a la media, según qué zonas de Andalucía- ha reducido tanto las oportunidades laborales que muchos jornaleros no han reunido las 20 peonadas que garantizarían el subsidio.
Izquierda Unida ha denunciado que alrededor de 8.000 jornaleros andaluces se han quedado fuera de la cobertura social. La cuarta parte, en la provincia de Jaén. Por eso, esta misma semana ha pedido a la ministra que elimine el requisito de las peonadas, acompañando su escrito con declaraciones juradas de temporeros que no han alcanzado el mínimo de jornales.
El sindicato UGT confirma esos datos con las estadísticas que obtienen del Servicio de Empleo (SEPE) sobre las prestaciones. “En marzo de 2012 había alrededor de 16.700 perceptores en la provincia de Jaén; en marzo de 2013 son 15.000, es decir, 1.700 menos, cuando lo normal es que hubiera una cifra parecida”, relata Antonio Marcos. Teme que “los trabajadores no estén solicitando la prestación porque saben que se le van a denegar”.
Junto con CCOO y la diputación provincial, han impulsado un servicio para asesorar a los trabajadores que no reúnen las peonadas mínimas. En estos meses han logrado recopilar alrededor de medio centenar. En todos los casos, el rechazo se debe a que no llegan a las 20 mínimas. Con ellas, sus servicios jurídicos verán la posibilidad de plantear una querella contra la ministra de Empleo, a propósito de los trabajadores a los que se les negará el subsidio por no haber llegado al mínimo, utilizando como argumento el compromiso que Báñez adquirió en el Parlamento cuando se aprobó el decreto.
Las sospechas de UGT están más que justificadas. Manuela Sánchez tiene 40 años y este año no ha conseguido una sola peonada. “Sólo he podido echar una quincena de trabajo en el Ayuntamiento”, con cargo al Plan de Empleo de la Diputación, lo que le ha permitido “arrimar algo” a casa, pero no computa para conseguir el subsidio. No ha solicitado la prestación. En la oficina del SEPE de su pueblo, Villacarrillo, le dijeron “que no me molestara, que iba a perder el tiempo”.
Su marido –encofrador de profesión y jornalero por la crisis del ladrillo- está en las mismas circunstancias. Sin trabajo ni prestación. Así que este año sobreviven gracias a la pensión de su suegro -que vive con ellos y sus dos hijos-, “echando horas donde sale y dejando muchas trampas”, explica.
Tiene 40 años y trabaja “desde que tengo uso de razón” en todo lo que sale: ayudante de cocina, limpiadora, jornalera… Pero el campo castiga a las mujeres. En los años de baja cosecha, se quedan sin opciones. Para Manuela la campaña de aceituna ha sido una constante desde que recuerda. Además, ha ido a la vendimia francesa en cuatro ocasiones. “Este año nos lo estamos planteando, si no los dos, porque empieza el colegio para mis hijos, por lo menos mi marido”.
Antonio Marín no puede pensar en esa opción, aunque en su caso reconoce que él aún respira porque tiene trabajo fijo en tareas del campo vinculado al Plan Infoca. El subsidio agrario era la salida para su mujer cuando el trabajo escaseaba. Este año ni ella ni su hija, de 19 años, han trabajado los días necesarios. Con el sueldo de Antonio viven los cinco miembros de la unidad familiar: la pareja, dos hijas y una nieta de un año, y pagan los sellos (cartilla agraria) de las dos mujeres. Tampoco han solicitado el subsidio: “¿para qué?”, comenta convencido de que la respuesta será negativa porque ninguna ha conseguido los jornales mínimos.
En la oficina del SEPE le han dicho que ninguna de las dos “tiene prioridad” para acceder al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA, el antiguo PER) con el que aspiraban a completar peonadas para conseguir un subsidio mínimo durante seis meses. “No es un capricho, es una ayuda que necesitamos para salir adelante, mientras sale trabajo”, explica.
Esta semana, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha completado una marcha de 4 días desde Jódar, uno de los pueblos jiennenses en el que más población depende del campo, para exigir que se elimine el mínimo de peonadas y un PFEA extraordinario que garantice algunos ingresos mientras llega la cosecha de aceituna.
En la marcha han participado algunos jornaleros que no han logrado el mínimo de peonadas. Curro Moreno tiene 25 años, es licenciado en Historia y, a la espera de encontrar un empleo acorde a su formación, ha hecho de todo “en la obra, en el campo, donde sale…”, dice. Su último trabajo fue en junio del año pasado: “dos meses, de camarero”. En la aceituna “ha sido imposible”. Así que no tiene ni paro ni subsidio porque no ha trabajado los días necesarios. “He tenido que volver a casa de mis padres”.
Víctor Calleja comparte marcha con él. Tiene 21 años y trabaja en el campo desde los 16. “Este año he echado cinco días de aceituna, he hecho cuatro o cinco mudanzas y he pintado un par de veces”, explica. Trabajos diferentes que no siempre computan como jornales y lo dejan fuera del decreto. Su opción inmediata es “esperar como un loco a que llegue la aceituna”. Mientras tanto, espera un gesto del Ministerio de Empleo que conceda una tregua.
