La Junta de Andalucía llevará a Fiscalía cualquier episodio de violencia física o verbal en los centros de enseñanza

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto que desarrolla la Ley 3/2021 de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. Una de las grandes novedades es que la Administración autonómica pedirá que el Ministerio Fiscal que califique como atentado esos episodios de violencia física y verbal que sufran los docentes en los centros educativos.

Además de en los centros educativos, el Decreto se aplicará a las actividades complementarias y extraescolares, así como a cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluido el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.

El gabinete jurídico de la junta gestionó este año unos 70 casos de profesores agredidos por alumnos o padres de alumnos, según ha explicado este martes la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La declaración del profesorado como autoridad pública implicará que su testimonio tendrá presunción de veracidad y “contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones”, según la Consejería de Desarrollo Educativo.

En torno al 80% del profesorado de Andalucía considera que la autoridad docente ha empeorado en los últimos tiempos, según los resultados de las encuestas provinciales difundidas este lunes por el sindicato CSIF. En Sevilla, el 71,5% del profesorado describe el clima en su centro con episodios ocasionales de conflictividad o directamente conflictivo o muy conflictivo, siendo las situaciones más frecuentes las faltas de respeto por parte del alumnado, las falta de respecto o conflictos con las familias y el acoso entre alumnos. El 78,3% del profesorado en Secundaria afirma sufrir faltas de respeto del alumnado (y el 78,3% por parte de las familias), frente al 56% en Primaria (el 43,9% por las familias). Las cifras son parecidas en el resto de provincias.

En lo relativo a la conflictividad entre estudiantes, el profesorado de Secundaria declara enfrentarse a situaciones de acoso escolar entre alumnado en un 30%, frente al 19% en Educación Primaria. La organización alerta, además, de “un fuerte déficit” de reconocimiento y apoyo institucional. Así, el 88% del profesorado se siente poco o nada reconocido socialmente y el 69,4% afirma que no se siente respaldado por la Administración en el desempeño de su labor.

Unidad de Apoyo al Profesorado

La nueva norma autonómica desarrolla la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, aprobada en 2021 por el Parlamento Andaluz con el voto favorable de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox.

La norma contempla también la creación de un servicio de apoyo especializado a través de la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, integrado por perfiles profesionales especializados.

Se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras. Este órgano atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee e informará al docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender.

El Gobierno andaluz ha explicado que “se trata de una herramienta fundamental para garantizar que los colegios e institutos sean entornos de enseñanza seguros y respetuosos”.

La Junta ha sostenido que el propósito principal de esta iniciativa es “reforzar la consideración y el respeto” hacia el personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones y de esa forma generar “un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa”.

El alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.

Asistencia jurídica con representación en juicio

El decreto también regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario. La asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones.

A preguntas de los periodistas la consejera de Desarrollo Educativo ha precisado que la asistencia jurídica será para quien tenga la condición de personal de la Junta de Andalucía, no así en los casos de los profesionales de los centros concertados, quienes sí disfrutarán de las Unidades de Apoyo.

El decreto incluye también medidas de impulso de la valoración social de la función docente y en este sentido la Junta prevé hacer campañas informativas y divulgativas en aumento de la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea.

Se establecerán las bases reguladoras de premios y distinciones educativas para reconocer al profesorado que destaque por su labor innovadora, su dedicación o por la mejora de la convivencia en los centros educativos y en los planes de formación del profesorado contemplarán la mejora de la inteligencia y competencias emocionales para reforzar la autoestima y su autoridad pública.