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La Cónsula se integra en la administración andaluza

El BOJA publica el acuerdo de cesión de activos y pasivos de la escuela de hostelería malagueña, último trámite para su incorporación al Servicio Andaluz de Empleo

Los empleados aún deben ser dados de alta en la Seguridad Social

La Fonda, a la espera; la solución para CIO Mijas será otra, según explicó este martes Susana Díaz

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Ruiz Espejo asegura que el reinicio de las clases en La Cónsula será "inmediato" tras la publicación en el BOJA

La Cónsula está, desde este miércoles, integrada en el organigrama público. El BOJA publica el acuerdo de cesión global de sus activos y pasivos a la Agencia Servicio Andaluz de Empleo. El anuncio, un trámite administrativo más, no tendría la relevancia pública que tiene de no ser porque supone la culminación de un proceso burocrático que ha durado un año y cuatro meses. Nada se sabe de la situación de La Fonda, la otra escuela de hostelería de la provincia, y este martes Susana Díaz excluyó al CIO Mijas de la solución.

El Consejo Rector del antiguo consorcio de La Cónsula (integrado, hasta 2014, por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga) acordó el pasado 20 de enero ceder todos sus bienes y deudas al Servicio Andaluz de Empleo, pero el acuerdo estaba condicionado a que una auditoría externa aprobara el estado de las cuentas. Esto ocurrió el jueves, a última hora, y este miércoles 10 de febrero se publica el acuerdo firmado por la secretaria general de Empleo. Es oficial: La Cónsula se integra en la estructura de la administración pública autonómica.

Con la integración, las deudas de La Cónsula (que había dejado de recibir el género con el que trabajan los alumnos por los continuos impagos) las asume la Consejería y sus trabajadores pasan a ser empleados del SAE. Sin embargo, aún deben ser dados de alta en la Seguridad Social. Cumplido ese nuevo trámite, cobrarán su nómina de febrero, pero para ingresar las nueve anteriores deberán esperar a que el SAE examine en detalle las cuentas de la escuela, que tiene un pasivo superior a los cuatro millones de euros. La mayor parte de esa deuda es con la propia Consejería de Empleo, que exigía la devolución de subvenciones no justificadas a causa de una mala gestión. Otros deudores son el propio personal (docentes y administrativos), la Seguridad Social, Hacienda y los proveedores.

La Fonda, para la que se había trazado un itinerario y calendario similares, acumula un nuevo retraso. Se suponía que los auditores entregarían su informe el 29 de enero, pidieron una prórroga el 2 de febrero (como hicieron con La Cónsula) y aún se desconoce cuándo lo entregarán. El acuerdo de cesión fue aprobado y condicionado, como en el caso de la otra escuela, a que el informe de los auditores sea favorable.

Un proceso de un año y cuatro meses

La integración de La Cónsula en el esquema de entes públicos de la administración autonómica arrancó en octubre de 2014, hace algo más de un año. En este periodo, ha cambiado el ente de destino sin que se hayan explicado demasiado los motivos (de la APAEF al SAE), los más altos cargos han incumplido promesas y se ha hecho explotar la paciencia de alumnos y profesores: los primeros se encerraron en la Escuela, a los segundo  se les adeudan nueve nóminas y llegó a pedírseles que continuaran las clases sin cobrar.

La última promesa incumplida fue que la integración estaría concluida el 29 de enero. "No me gusta echar flores, pero hemos resuelto en tiempo récord el último problema de La Cónsula", dijo José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, en el Parlamento. Fue el 23 de enero, y dijo que esperaba que las clases empezaran el 1 de febrero. Sin embargo, los liquidadores, nombrados por la Junta de Andalucía, se enfrascaron en una disputa con los auditores y la propia Administración. Trabajadores de La Fonda fotocopiaban y enviaban documentos el 28 de enero, ya de noche, a los auditores, incapaces de coordinarse con los liquidadores. Ahora, el nuevo temor de profesores y alumnos es que las dificultades para aprobar una programación lectiva den al traste con todo el curso.

La Junta de Andalucía siempre ha defendido que el proceso de integración es complejo y debía hacerse con todas las cautelas y garantías legales, establecidas por un Decreto Ley de septiembre del año pasado.

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