En diciembre, en Badalona, se produjo un desahucio que rápidamente se convirtió en noticia. No solo por la situación de las personas afectadas, sino por la forma en que fue ejecutado y comunicado: con presencia mediática, con discurso político explícito y con una clara voluntad de mostrarlo como ejemplo. No como un hecho lamentable, sino como una demostración de autoridad. Como un mensaje dirigido a la ciudadanía.
Ese es el punto que debería preocuparnos.
Porque lo ocurrido en Badalona no puede analizarse solo como una actuación administrativa o como la aplicación estricta de la ley. Fue algo mucho más grave: un acto de escenificación pública del castigo. Un uso consciente del sufrimiento humano como mensaje político. Como advertencia. Como tranquilizante social.
No era solo un desahucio.
Fue un espectáculo.
Y ese espectáculo no es aislado. Forma parte de una misma lógica que ya conocemos bien en las fronteras. El mismo mecanismo que convierte el rechazo, la valla, la expulsión o la muerte en el mar en mensajes políticos hacia dentro: “aquí hay orden”, “aquí hay control”, “aquí no caben todos”. El desahucio y la frontera funcionan como escenarios distintos de una misma puesta en escena: mostrar cuerpos vulnerables siendo expulsados para tranquilizar miedos colectivos.
En la frontera se rechaza.
En la ciudad se desahucia.
Pero el mensaje simbólico es el mismo.
Cuando una sociedad convierte el dolor de personas vulnerables en una escena pública, cuando expone su humillación para generar aplausos, aprobación o sensación de seguridad, deja de estar gestionando un conflicto y empieza a fabricar un sacrificio. Un sacrificio moderno, con cámaras, titulares y discursos que lo legitiman.
La historia está llena de ejemplos.
A los cristianos se les arrojaba a los leones para entretener a la multitud.
A la población judía se la confinó en guetos para calmar el miedo colectivo.
A las mujeres se las quemó por brujas para restaurar un supuesto orden moral.
¿Cómo puede sorprendernos que no accedan a una vivienda si les cerramos la puerta legal de entrada, si les condenamos a la irregularidad administrativa, si el mercado del alquiler es inaccesible incluso para la población con ingresos estables, y si el racismo estructural opera también en el acceso a la vivienda?
Siempre el mismo mecanismo: escoger a un grupo vulnerable, convertirlo en chivo expiatorio, exponerlo públicamente y presentar su castigo como necesario para la paz social. Pan y circo. Siempre.
En este caso, además, hay una hipocresía estructural que no podemos ignorar. Muchas de las personas que hoy son señaladas, expulsadas o desahuciadas proceden de países del África subsahariana. Personas que, en su mayoría, no tienen ninguna vía legal y segura para entrar en España. Ninguna. No existen itinerarios reales de migración regular para ellas desde sus países de origen.
Y, aun así, sostienen sectores enteros de nuestra economía. Pero luego les negamos el derecho básico a existir en condiciones dignas.
¿Cómo puede sorprendernos que no accedan a una vivienda si les cerramos la puerta legal de entrada, si les condenamos a la irregularidad administrativa, si el mercado del alquiler es inaccesible incluso para la población con ingresos estables, y si el racismo estructural opera también en el acceso a la vivienda?
No estamos ante un “problema de convivencia”.
Estamos ante un sistema diseñado para necesitar su trabajo y rechazar su vida.
Por eso el desahucio de Badalona no es un hecho aislado: es la continuidad urbana de la frontera. La frontera se ejerce allí donde se controla quién puede vivir con derechos y quién solo puede sobrevivir en la precariedad. Hoy es el mar. Mañana es una vivienda. Pasado mañana, otro espacio más de expulsión simbólica.
Prácticas antiguas que destruyen desde dentro las sociedades
No es un impacto solo para una parte de la sociedad, nos afecta a todas y es necesario frenar esta violencia simbólica y política del castigo que daña nuestras sociedades. Esto es utilizar cuerpos humanos para construir relatos de autoridad y control.
Y es profundamente peligroso.
Porque normaliza que la exclusión sea mostrada como justicia.
Que la humillación sea presentada como solución.
Que la violencia institucional sea aplaudida como firmeza.
Hoy es un desahucio.
Mañana será una redada.
Pasado mañana, otro colectivo.
Como Federación Sur Acoge reforzamos nuestro compromiso para apostar en la búsqueda común de soluciones práctica y posibles. Es necesario apostar por la política constructora de soluciones comunes
Cuando una sociedad acepta el sacrificio público como herramienta política, está aceptando que cualquiera puede ser el próximo. Y eso no construye convivencia. Construye miedo. Construye división. Construye una democracia cada vez más frágil.
Necesitamos políticas migratorias reales y seguras.
Necesitamos políticas de vivienda valientes.
Necesitamos justicia social.
Necesitamos instituciones que protejan, no que exhiban.
Porque cada vez que el sufrimiento se convierte en espectáculo, no se resuelve un conflicto: se consolida una forma moderna de barbarie, con traje institucional y lenguaje administrativo.
Como Federación Sur Acoge reforzamos nuestro compromiso para apostar en la búsqueda común de soluciones práctica y posibles. Es necesario apostar por la política constructora de soluciones comunes. Debemos retomar la senda construida durante el siglo XX tras las Guerras mundiales cuyas claves fueron restaurar la paz global a través de sociedades de derechos y garantías, bienestar social, democracia y acuerdos internacionales para eliminar la lucha del más fuerte por los recursos.
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