Después de vivir el estío más dramático que se recuerda tras el ataque terrorista a las Ramblas, debemos seguir trabajando para vencer esta resaca. Es alarmante escuchar y leer reacciones que van desde las expulsiones masivas de cualquier persona incluso con nacionalidad española sobrevenida; pasando por alentar bombardeos indiscriminados sin saber dónde ni contra quién, hasta intentar suprimir derechos adquiridos en función de la etnia del individuo.
Duros tiempos en los que mezclamos de manera aleatoria los términos yihadista, árabe, musulmán o islamista sin saber muy bien la diferencia de sus significados y sin calcular la dimensión del error terminológico.
Con el trasfondo de una pretendida consulta electoral, continuamos analizando si se tomaron las adecuadas medidas de seguridad que se aconsejaron las pasadas navidades o si le dimos alguna credibilidad a los avisos dados meses atrás sobre la posibilidad de que podría pasar lo que finalmente ocurrió en el lugar más emblemático de Barcelona. Seguimos preguntándonos como el conductor terrorista pudo salir por su propio pie del lugar más transitado de Cataluña -tras recorrer más de medio kilómetro atropellando transeúntes-, apuñalando incluso a otro inocente en su huida, antes de ser abatido días más tarde. Nos interrogamos cómo, días antes, no pudieron llamar la atención decenas de bombonas almacenadas con material sospechoso en un lugar que a la postre resultó ser el refugio terrorista donde se planeaban asesinatos indiscriminados contra la población civil.
Incluso nos permitimos dudar de nuestro sistema judicial, sin entender cómo el ideólogo del macabro plan pudo llamar la atención de las autoridades belgas mientras que en nuestro país un juez revocó su orden de expulsión sin que la Abogacía del Estado decidiera recurrir dicha sentencia. Todo ello va a traer una prioridad aún mayor a las expulsiones por el procedimiento del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería que ya llevaban años realizándose de manera efectiva, en gran parte de nuestro país.
Y mientras tanto hay cosas que en verano siguen ocurriendo. Nuestros Tribunales nos recuerdan que la economía prevalece sobre el derecho a vivir en familia cuando hablamos de familiares extranjeros incluso de compatriotas españoles. Tampoco cesa la labor impagable de las ONG que, lejos de contentarse con el esfuerzo ímprobo de salvar vidas, sus voluntarios convertidos en improvisadas matronas ayudan a que nazcan bebes en no se sabe ya qué jurisdicción internacional; mientras que nuestros dirigentes los tildan de cooperar con mafias en vez de estarles sempiternamente agradecidos.
Y por si fuera poco, lo último que nos enteramos es que al menos siete mujeres perdieron la vida la semana pasada en su intento de llegar a Melilla en una patera después de que la Guardia Civil -que tantísimas vidas ha salvado en el estrecho-, al parecer, bloquease el paso de la embarcación hacia las costas españolas; lo cual nos recuerda a otros tiempos de devoluciones en caliente en la valla que incluso acababan otrora con los inmigrantes abandonados en el desierto a su suerte.
Todas estas reflexiones veraniegas me provocan una molesta jaqueca y una resaca aún más preocupante. Y no me refiero sólo a cómo el conjunto de nuestra sociedad va a digerir todos estos hechos, sino a esa otra acepción de la palabra resaca que es más acuciante: ese movimiento de retroceso de las olas cuando están llegando a la orilla. El temor a que nuestros principios democráticos y el respeto a los derechos humanos desde una unidad de acción y pensamiento se vean engullidos por esa marea que tira hacia dentro con fuerza sin saber muy bien el desenlace de la tempestad.
Max Adam Romero es experto en Intervención Comunitaria y Procesos migratorios. Asesor jurídico de Inmigración del sindicato USO, es Socio fundador del bufete multidisciplinar Bolonia Abogados donde actualmente ejerce la abogacía dedicándose principalmente a la especialidad del Derecho de Extranjería en todos sus ámbitos.
