El PP pide en Andalucía la oficina de atención a víctimas del franquismo que cerró en Madrid
El Partido Popular (PP) pide para Andalucía una Oficina de atención a las víctimas del franquismo como la que a nivel estatal cerró el Gobierno de Mariano Rajoy. Es uno de los 29 retoques que proponen a la ley de Memoria Democrática y suma la supresión de otros organismos previstos para agrupar en uno solo la relación institucional con familiares de represaliados y colectivos de derechos humanos.
Tras una legislatura nacional de desatención y presupuesto cero al ámbito memorialista, en el trámite parlamentario de la nueva normativa andaluza los populares atienden una “reivindicación del colectivo de víctimas”, según el texto de la propia enmienda. Para el PP regional, no obstante, la propuesta no contradice ni rectifica la supresión virtual de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura puesta en marcha en 2008 al amparo de la ley de Memoria Histórica y que cuatro años más tarde el Ejecutivo central aparcaba en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos dependiente del Ministerio de Justicia.
El grupo popular es el único partido que plantea la creación de una oficina de atención a las víctimas. Una controvertida apuesta que atiende a un planteamiento: “simplificación administrativa”, como resume el portavoz popular en la tramitación parlamentaria de la nueva normativa memorialista, Juan Ramón Ferreira. Eliminar, por tanto, la puesta en marcha de entes que recoge la ley regional como el Consejo y el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía.
España ha recibido la reprimenda reiterada de diversos organismos internacionales. Como Naciones Unidas, que señala suspensos y “vacíos” institucionales en materia de verdad y justicia. Y el Consejo de Europa, que abronca al país por abandonar e incumplir sus “obligaciones” con los desaparecidos forzados. En el listado de errores de reparación del caso español sobresale aspectos como la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo y la propia ley de Amnistía, la 'privatización' de las exhumaciones –Andalucía es de las pocas regiones que ha mantenido políticas públicas de intervención en fosas comunes–, el cerrojo a los archivo públicos o la escasa aplicación de la ley 52/2007.
“Insuficiencia presupuestaria” de la oficina estatal
“Hay demasiado soporte” administrativo en el proyecto legislativo andaluz, dice Ferreira, “y tiene que haber algo que atienda pero no siete cosas”, culmina. Además, entiende el parlamentario popular, “no hay contradicción –con la decisión del PP nacional– y que la oficina esté suprimida a nivel estatal no me consta, dificultades económicas e insuficiencia presupuestaria sí, como en todo”, remarca.
La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura “debe estar viva desde el punto de vista normativo, otra cosa es que no haya dado resultado”, reconoce el diputado autonómico. En todo caso “hemos actuado desde nuestra libertad e independencia”, sostiene, al proponer un órgano calcado en Andalucía al desactivado para España.
La enmienda número 22 presentada por el PP quiere “añadir un nuevo artículo” a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía que señale la creación de una Oficina de atención a las víctimas. Un órgano que tratará –según la redacción de la propuesta– con “las víctimas y/o asociaciones que les representen, con el objeto de que estas puedan ser escuchadas, atendidas y den respuesta e información a las dudas que planteen”.
El grupo parlamentario popular atiende así una “reivindicación del colectivo de víctimas”, según señalan como “justificación” de la iniciativa. El “funcionamiento y las atribuciones a desarrollar” por la oficina, por su parte, serían determinadas “reglamentariamente” y la propia creación recaería “por decreto del Consejo de Gobierno”. La petición del PP suprime además –enmiendas 21 y 23– el Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía porque, citan, “la Consejería competente en materia de memoria histórica se ha ido dotando de una estructura organizativa capaz de asumir las competencias y funciones atribuidas” a este ente. Idéntica intención soporta la eliminación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía.
