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La solidaridad no se toma vacaciones

La Caravana Abriendo Fronteras recorre en esta edición Andalucía y Ceuta

Granada, Motril, Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla, Lepe y la comarca de la fresa onubense es su recorrido en la frontera sur

Caravana Abriendo Fronteras en Andalucía /Foto: Caravana

Caravana Abriendo Fronteras en Andalucía /Foto: Caravana

Desde Bilbao a Madrid, de Barcelona a Sevilla, el pasado viernes han partido los autobuses que constituyen la Caravana Abriendo Fronteras, una experiencia solidaria que se inició en 2016 y que, desde aquel año, ha visitado ya y por este orden Grecia, Melilla e Italia. Ahora, su destino es el sur de Andalucía: a lo largo de nueve días, explorarán la Frontera Sur de Europa pasando por Granada, donde han pernoctado ya, Motril, Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla, Lepe y la comarca de la fresa onubense, del 12 al 21 de julio. 

En principio, estaba prevista la salida de cinco autobuses, en su mayoría ocupados por mujeres, desde Catalunya, Valencia, Euskadi, Cantabria, Madrid, Aragón, Castilla-León, Salamanca, Islas Baleares y la propia Andalucía: "Nos encontraremos –vaticinan- con los precarios medios de atención y acogida mientras crecen los instrumentos de detención-expulsión. Nos acercaremos al conocimiento y denuncia de los CATE (Centros de Atención Temporal de extranjeros), y entablaremos un diálogo de primera mano con profesionales del rescate y Salvamento Marítimo".

Más de un millar de muertes

La elección de esta ruta viene motivada por el hecho sustancial de que Andalucía es la región de Europa con mayor número de llegadas de personas migrantes, que los promotores de esta iniciativa cifran en 58.000 en 2018, y a los que habría que sumar los 6.583 en Ceuta y Melilla. Todo ello habría provocado, por supuesto, un aumento sustancial de las personas muertas, hasta contabilizar 1.064 en las costas andaluzas del Mar Mediterráneo:  "El incremento de llegadas ha sacado a la luz las graves deficiencias del sistema institucional de acogida en Andalucía, con el consiguiente envío de las personas que llegan a diferentes ciudades del Estado Español en su camino hacia otros países de Europa, así como una involución en la política migratoria del Gobierno que además de mantener los ilegales instrumentos de detención y retención de las personas migrantes, ha realizado devoluciones en caliente de cientos de personas, y ha prohibido a los barcos Open Arms y Aita Mari realizar su trabajo de salvamento de migrantes en el Mediterráneo".

Desde la situación de los menores a las empleadas de hogar, a la hora de poner rumbo al sur, también ha pesado el resultado de los últimos comicios autonómicos en esta comunidad: "A raíz de las elecciones autonómicas en Andalucía gobierna una coalición de partidos de derecha y extrema derecha, que usaron y siguen usando a las personas migrantes como chivo expiatorio de sus reaccionarios programas electorales y actuaciones políticas. Esta situación plantea un reto enorme a todas las organizaciones sociales y a quienes pretendemos poner en el centro de la vida la solidaridad con las personas excluidas, invisibilizadas y explotadas, así como la defensa de los derechos humanos".

Chivos expiatorios

La solidaridad no se toma vacaciones sino que aprovecha el verano para visibilizar las tensiones en distintos puntos calientes de la xenofobia y el racismo a escala comunitaria. Alrededor de 300 activistas, por estas fechas, han venido movilizándose cada año, con el respaldo de decenas de ONGs. A menudo, el silencio o la tensión han constituido el recibimiento oficial o extraoficial a su flotilla de autobuses. El año pasado, por ejemplo, durante su periplo italiano ya denunciaron esas ciertas "políticas que contribuyen a generar inestabilidad política, gobiernos fallidos, conflictos bélicos y hambrunas a las que se suman sequías y otras catástrofes climáticas", pero también lo que ya venían alertando con anterioridad: eso es, la ola de racismo legal o policial que recorre la Unión Europea, desde la Italia de Salvini a la nueva extrema derecha griega o la aplicación de políticas claramente represivas de los derechos humanos y civiles en países como Hungría, Eslovaquia, Chequia y Polonia. A su juicio, esas políticas neofascistas "utilizan a las personas migrantes como chivo expiatorio y plantean un gran reto a todas las organizaciones sociales y a quienes pretendemos poner en el centro la vida y la defensa de los derechos humanos".

Desde sus inicios, los objetivos de la caravana han sido precisamente otros muy distintos: "Trabajar por el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia de refugio e inmigración, visibilizando y denunciando las situaciones donde no se respetan". Y, por supuesto, "construir una ciudadanía sensibilizada y activa con las personas refugiadas y migrantes, que conozca la realidad, sienta, piense y actúe".

Entre Ceuta y Huelva

Esta vez vuelven a ser 300, en esta gira andaluza, que también tomará el ferry rumbo a la valla de Ceuta y la playa de El Tarajal donde aún se recuerda cuando la muerte vino a visitar a una veintena de inmigrantes que intentaba ganar la costa a nado y los cuerpos y fuerzas de seguridad se lo impidieron, sin dejarles otra alternativa que la muerte: "Ceuta es una ciudad donde la cuestión migratoria está presente en la vida diaria y donde las organizaciones que trabajan en favor del respeto a los DDHH encuentran grandes dificultades y escaso apoyo en la población –afirman los promotores de esta iniciativa--. La presencia de la Caravana puede resultar un apoyo significativo para el reconocimiento y el impulso de su trabajo tal y como ocurrió en Melilla en 2017".

Hay otro punto geográfico de Andalucía en el que no pesa tanto la llegada por mar de los inmigrantes, ya que apenas se han dado casos de este tipo, sino la explotación de los mismos, los abusos o la infravivienda: "En la provincia de Huelva existe una situación de las condiciones de vida en los asentamientos, de explotación laboral en las tareas agrícolas y violencia sexual sobre las mujeres temporeras, absolutamente insoportables. Las autoridades locales, Inspección de Trabajo, organizaciones sociales y buena parte de la población miran para otro lado sacrificando en aras del beneficio económico los derechos humanos de las personas que con su trabajo producen la riqueza. Los grupos que luchan contra esta situación necesitan que las movilizaciones y las denuncias tenga un eco más allá de la provincia de Huelva".

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