El de 2024 fue el verano más negro del virus del Nilo, con el brote más grave en la historia de España. El balance final fue oficialmente de 158 casos y 20 fallecidos en toda España, la mayoría de ellos en Andalucía y más concretamente (con 10 muertos) en la zona sevillana del Bajo Guadalquivir. Al menos, parece que algo se aprendió de aquello y de las protestas en la calle de varios municipios ante un problema que ya es endémico, por lo que este año las autoridades se han volcado con las medidas preventivas... lo que no evita que sigan a la gresca por quién debe pagar la factura.
“Se está haciendo lo que hay que hacer”, apunta Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana y experto en zoonosis transmitidas por mosquitos, que considera que “la gran ventaja” sobre 2024 es que tanto los ayuntamientos como la Diputación de Sevilla “han reforzado los programas de control”. Unos trabajos que empezaron entre el invierno y el principio de la primavera, con lo importante que es no esperar a que haya una explosión de casos para actuar de manera contundente.
La temporada más peligrosa suele marcarla el inicio del cultivo del arroz, que ya está en marcha, asociado a que “ahora empieza el calor en serio”. ¿Y qué dicen las previsiones de cara a este verano, hay riesgo de que se parezca al del año pasado? “Las capturas indican que hay mosquitos, pero un poco menos que en 2024”, y aunque el virus es endémico y se sabe que está ahí, hasta la fecha todas las pruebas han sido negativas, destaca el que es uno de los principales expertos en este problema.
El hecho de que haya llovido bastante tiene su importancia, aunque Figuerola la matiza porque “ha habido una alternancia de calor y frío que no ha disparado las poblaciones de mosquitos”. Además, que 2024 fuese muy malo no implica que este 2025 también lo sea porque “suele haber ciclos, con años muy fuertes y otros no tanto”. Eso sí, igual que no hay que dar por hecho que vaya a ser un mal año, “tampoco se puede decir que vaya a ser suave”.
Cuando el investigador señala que se está haciendo lo que hay que hacer, esto supone que hay controles de mosquitos –los datos de capturas son públicos– y que se están aplicando tratamientos antilarvarios para reducir las poblaciones, “lo que es muy buena noticia”. A eso hay que sumar información a la población y formación a los escolares, un conjunto de actuaciones que “ya hay que seguir haciéndolas continuamente, no dos años y ya está”.
“Este es un problema que vamos a seguir teniendo”, porque “ahora mismo no hay herramientas que permitan pensar en la erradicación”. El virus se calcula que pudo entrar desde África alrededor de 2003 y hoy día ya es endémico, con nuevas variantes que vienen del continente africano o de la misma Europa. El hecho de que las aves sean hospedadoras –el contagio no puede producirse de humano a humano– convierte en “imposible identificar a todas las que están enfermas y tratarlas”.
Y si está por ver cómo se comporta el verano que está por entrar, todavía se analiza qué produjo el brote tan virulento del año pasado. Básicamente, los pilares lo pusieron un invierno muy suave y que llovió en abundancia en primavera, pero hubo un factor que no estuvo presente el ejercicio anterior: se volvió a sembrar el arroz tras un catastrófico 2023 por la crudeza de la sequía.
“La especie de mosquito que más interviene en la transmisión del virus es Culex perexiguus, que es la que está en los arrozales”, apunta Figuerola. La del Bajo Guadalquivir es la mayor extensión arrocera de España, 36.000 hectáreas que tienen en su entorno 15 municipios y una población cercana al medio millón de personas, “una zona en la que se dan los primeros casos y que viene a funcionar como el canario en la mina”.
La presencia de este mosquito en Doñana es muy escasa, ya que se concentra en suelos con cierta salinidad e influjo de agua dulce, lo que viene a ser un retrato robot de los arrozales del Guadalquivir. De ahí la importancia de monitorizar estas zonas, unos trabajos que se han multiplicado en este ejercicio y que se han reforzado por los espacios por los que se mueven estos días las hermandades rocieras.
En la actualidad hay variantes del virus circulando desde hace años. En el brote de 2024 se detectó en varias provincias andaluzas la misma, aunque en Jaén también dio la cara una introducida desde Europa. ¿De qué depende entonces la virulencia? Pues de factores ecológicos, como que haya muchos insectos o que se muevan a zonas más pobladas. De ahí la importancia de las medidas preventivas, “ahora lo que hay que hacer es evaluar su eficacia”.
Otra cosa es la pelea política entre administraciones, con el telón de fondo de quién debe hacerse cargo de pagar las medidas de control que se aplican. La Diputación (gobernada por el PSOE y que este año invierte seis millones de euros) y los ayuntamientos insisten en que se trata de un problema de sanidad pública, y que como tal es competencia de la Junta de Andalucía, que gestiona el PP. La cosa ha acabado en los tribunales, que por ahora le han dado la razón al Gobierno andaluz.
Muestra de ello es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avaló la reclamación de la Junta al Ayuntamiento de Isla Mayor para que aplicase un plan municipal de vigilancia y control contra los mosquitos transmisores del virus. La base para ello es el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias, que atribuye estas tareas a los municipios, lo que ha llevado al presidente de la Diputación, Javier Fernández, a criticar que el Ejecutivo andaluz trate este problema como una mera “plaga de cucarachas”.
La Junta, por su parte, sostiene que está cumpliendo de manera escrupulosa con todas sus competencias, que pasan por coordinar la información y actuar con acciones de vigilancia y control. La Consejería de Salud destaca que más de 250 profesionales han participado en la actualización del Programa de Vigilancia y Control del Virus del Nilo Occidental (VNO) para esta temporada 2025.
El documento incorpora una docena de novedades, incluyendo la simplificación de la clasificación del riesgo a principios de temporada en tres (bajo, medio y alto), que afecta a todos los municipios de Andalucía. Con esta nueva catalogación, un total de 369 municipios figuran en el nivel de riesgo bajo, 313 en nivel de riesgo medio y 103 en nivel de riesgo alto.
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