El tribunal de los ERE recibe informes de comunidades del PP que conceden ayudas articuladas como en Andalucía

¿Cómo se tramitan las ayudas sociolaborales en el resto de España? La pregunta se la hizo uno de los abogados de uno de los 22 acusados en el juicio de los ERE. Se lo cuestionó, indagó y los informes oficiales que recabó se los ha hecho llegar al tribunal. Son documentos donde se explica, entre otras muchas cuestiones, cómo gestionan, tramitan y conceden el mismo tipo de ayudas que se están juzgando en la causa de los ERE. Se trata de cuentas generales de otras comunidades autónomas, como Castilla y León, donde se hace mención a la forma en que estas regiones operaban respecto a esta cuestión.

Y, ¿qué conclusiones ha sacado esta defensa a la luz de esos informes oficiales? Que Castilla y León, por ejemplo, que lleva más de 30 años gobernada por el PP, concedía ayudas sociolaborales mediante subvenciones excepcionales, con la particularidad de que se otorgaban directamente a las compañías de seguros, sin normativa dictada expresamente. En este caso, la Junta da la subvención a Generali, incluyendo comisiones por estas pólizas, para que le pague a los trabajadores de Alfacel, Tecnauto y Enertec, según consta en su cuenta general de 2005, aportada entre otras.

“Castilla y León también paga comisiones por estas pólizas. Si lo que acuerda es pagar una subvención a Generali es porque dentro admite que va la comisión, o porque le da la ayuda a Generali para que pague a los trabajadores, y de ahí detrae Generali la comisión”, explica una fuente conocedora de esta documentación. “Ambas soluciones legalizan el pago de comisiones e idéntico razonamiento se aplica al Ministerio de Trabajo”, añade esta fuente, de similar manera a lo que explicó el exconsejero Gaspar Zarrías, que defendió en el juicio la legalidad de las ayudas, o el exconsejero de Empleo, que aseguró que en Andalucía había “legislación suficiente”, o “de forma supletoria” la normativa estatal.

Pago de pólizas fuera de Andalucía

“Hay más comunidades que han dado ayudas de este tipo. De hecho es fácil de comprobar mirando el listado que aporto Generali de operaciones de financiación de ayudas sociolaborales mediante el pago de pólizas fuera de Andalucía. La singularidad de Castilla y León es el número pero también que usan un procedimiento 'singular', por no llamarle 'específico', que tiene ya unas connotaciones negativas”, apunta otra fuente diferente. Son los casos de la Generalitat Valenciana, Castilla La Mancha o la Xunta de Galicia, que aparecen en dicho listado.

“En todos los sitios que yo he visto se consideran ayudas individuales vinculadas a situaciones de desprotección y dificultad de reinserción. Así se hizo aquí, en el Estado y, que yo haya visto, en Valencia”, añade. En el caso de Castilla y León, las subvenciones se las conceden a las aseguradoras directamente. En la cuenta general se diferencia claramente las que serían asimilables la Orden el Ministerio de Trabajo de 1994, previas a la jubilación ordinaria para mayores, que además tiene una normativa propia de la comunidad autónoma, y aquellas que son asimilables a las de la Orden del Ministerio de Trabajo de 1995, que son las que se articulan igual que en Andalucía, como ayudas o subvenciones excepcionales“, explica. ”Los de aquí son unos pesebreros amigotes del PSOE y los del Estado pobres trabajadores necesitados“, denuncia.

En las cuentas generales de los años 2005, 2006 y 2007, aportadas al tribunal, se cuenta con detalle de la línea de 'ayudas a trabajadores procedentes de empresas en crisis' y a las 'ayudas previas a la jubilación ordinaria' para “facilitar una cobertura económica a los trabajadores afectados por procesos de extinción de relaciones de trabajo”, citándose varias resoluciones en favor de empresas concretas.

La “forma más habitual” de dar las ayudas

En otra comunidad como Aragón, de la que se aporta un documento oficial de la Cámara de Cuentas, es “un ejemplo de ruptura entre concesión y pago, donde en el Fondo de Inversión de Teruel funciona como una comisión que decide los proyectos y luego el Instituto Aragonés de Fomento paga. El IFA de Aragon está igual que el IFA de Andalucía, sometido a control financiero a posteriori, lo cual es lo natural en este tipo de entes que gestionan miles de euros en subvenciones y nadie se rasga las vestiduras”, lamenta la fuente. Así consta en el 'Informe de Fiscalización de subvenciones y ayudas del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2011', que ya manejan los magistrados del juicio de los ERE.

“El haber incluido esta documentación desmonta los bulos, cuando no las mentiras descaradas de los peritos de la IGAE sobre la fiscalización previa, y para que vean que la forma habitual de dar este tipo de ayudas es con carácter excepcional, no porque que sean raras y pocas en el tiempo si no por la problemática que atienden”, indica.

Esta fuente denuncia “la insistencia en retorcer y presentar como graves conspiraciones cosas absolutamente normales en cualquier administración como una modificación presupuestaria”.