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La Universidad de Málaga, condenada por despedir a tres profesores con 35 años de antigüedad

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Néstor Cenizo

La Universidad de Málaga despidió a tres profesores que habían trabajado como docentes de Medicina ininterrumpidamente durante 35 años, y que no eran indefinidos pese a trabajar a tiempo completo en la Universidad desde 1982. Meses después, tres juzgados de lo social diferentes han obligado a la universidad a readmitirlos, por entender que usó las figuras de contratación temporal “en fraude de ley” para cubrir una necesidad “permanente y estructural”. Las sentencias pueden abrir una vía de agua en la política laboral de la universidad, que cuenta con cientos de profesores como personal laboral, gran parte de ellos renovados año a año. La UMA ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los profesores despedidos y luego readmitidos han llevado el peso del departamento de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina desde 1982. Este departamento lo integran actualmente cuatro profesores. Tres de ellos no fueron renovados por la UMA cuando expiró su último contrato, de cinco años y bajo la fórmula de profesor ayudante doctor. La Universidad alegó que los profesores no habían publicado los trabajos de investigación exigidos para renovar bajo la fórmula de profesor titular o de contratado doctor. Después de 35 años de vinculación a tiempo completo y con dedicación plena, los tres quedaron en la calle a pocos años de llegar a la edad de jubilación.

Las sentencias declaran ahora que esos despidos son improcedentes y obligan a readmitir a los tres profesores o, en su defecto a abonarles una cantidad que ronda los 120.000 euros. Además, la Universidad está obligada a abonar los salarios de tramitación, que son las cantidades que cada uno de ellos ha dejado de percibir desde que fue despedido hasta su readmisión. La sentencia a la que este medio ha tenido acceso declara que con estos trabajadores la UMA cubría una “necesidad permanente y estructural” de profesorado, y que se amparó en figuras de contratación temporal en fraude de ley. “Cuando alguno de los contratos temporales ha sido celebrado sin causa que justifique su temporalidad, la cadena queda viciada y desde entonces debe estimarse que la relación laboral era indefinida”, escribe el juez.

Estas sentencias en Málaga se suman a los fallos favorables a los docentes asociados, a los que ya se reconocen derechos laborales como personal indefinido, tal y como informó en su día eldiario.es/Andalucía.

Posibles repercusiones económicas

Posibles repercusiones económicasUna sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 24 de junio ya advertía de la ilegalidad de usar la contratación temporal para cubrir necesidades docentes estructurales y ordinarias, y establecía que esos contratos tienen en realidad carácter indefinido. La sentencia se fundaba, a su vez, en una interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la Directiva sobre trabajo de duración determinada.

Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, escribió por aquellas fechas un artículo en su blog personal con título largo y claro: “Toca ordenar, con rapidez, la contratación de profesorado universitario (no sólo asociado) y cumplir con la normativa (europea, estatal y autonómica vigente”. En ese texto, lanzaba una advertencia por sus posibles repercusiones económicas: “¡Ah! Me olvidaba de los vicerrectorados responsables de economía, que deberán prever los hipotéticos costes económicos que pueden suponer demandas ya presentadas, o que se presenten”.

La UMA interpreta que esta jurisprudencia sólo se aplica a los profesores asociados y no a los ayudantes doctores, y ha recurrido ante el TSJA. Yolanda García Calvente, vicerrectora de personal docente, explica por correo electrónico que la Universidad no podía ofrecer alternativas a los profesores porque “no cumplían los requisitos para acceder a las restantes figuras de profesorado”. García Calvente admite en su correo que los contratos de estos tres profesores eran “con dedicación a tiempo completo”, pero asegura que su situación es “excepcional”: “Después de 35 años estos profesores no son indefinidos porque optaron en su momento por dejar sus plazas de profesor asociado y concursar a plazas de profesor ayudante doctor”. La vicerrectora añade que la UMA utiliza las figuras previstas por la Ley y que “esto es así en todas las universidades españolas”.

Según los datos obtenidos por el Sindicato de Apoyo Mutuo (SEM-SIAM), en la Universidad de Málaga hay 619 profesores asociados, un 47,98% del personal laboral. De ellos, 493 (el 80%) tienen más de tres años de antigüedad, por lo que fuentes sindicales creen que les serían aplicables las sentencias. Dentro de este grupo, 88 son profesores asociados con más de diez años de antigüedad. La plantilla de personal docente e investigador interino la conforman 271 profesores, el 21% del total del personal laboral.

Se da la circunstancia de que el rector de la UMA, José Ángel Narváez, proviene de la facultad de Medicina. Miembro del anterior equipo de gobierno liderado por Adelaida de la Calle, en la campaña de 2015 hizo bandera por la “renovación del personal” y la estabilidad del profesorado. Ganó en segunda vuelta con el 52,5% del voto ponderado, imponiéndose tanto entre el profesorado doctor como en el no doctor, de mayor inestabilidad laboral.

Hace apenas un mes el Decano de Medicina, Pablo Lara, advirtió de la reducción del profesorado permanente en la Universidad. “La situación es tan grave que existen muchas áreas de conocimiento, sobre todo clínicas, en muchas facultades, que no cuentan con ningún profesor permanente”, comentaba en una información de Sur. Detrás de esta reducción estarían los nuevos criterios de acreditación vinculados con la investigación, exigidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y que en el caso de las facultades de Medicina son especialmente difíciles de cumplir. La semana pasada el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía registró una proposición no de ley para revisar estos criterios adaptándolos a la “realidad académica de las distintas áreas del saber”.

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