La reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las administraciones a pagar los pluses de nocturnidad también en permisos y vacaciones ya se traduce en cifras para el Ayuntamiento de Zaragoza: unos 1,4 millones de euros por los cuatro años previos y en torno a 370.000 euros al año desde ahora. La medida afecta a 1.100 empleados públicos, desde policías a bomberos o servicios sanitarios. El Consistorio, sin embargo, se niega por ahora a reconocer la retroactividad que dictamina el fallo.
Fue el pasado mes de junio cuando el Alto Tribunal sentenció en casación en contra del Ayuntamiento de Vigo y a favor de un policía local de esa localidad. El Supremo sentó jurisprudencia al respecto: las administraciones deben retribuir a los empleados públicos por días festivos y nocturnidad “durante los periodos de vacaciones, situaciones de incapacidad temporal, días de libre disposición y demás permisos retribuidos”. Asimismo, determina que los efectos deben extender el “abono de las cantidades que resulten” a los “cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de su solicitud inicial”. Hay hasta 47 sentencias previas en el mismo sentido, algunas relativas al propio Consistorio zaragozano.
¿A quién afecta en el mayor ayuntamiento aragonés? A la Policía Local (USN, UAPO y 092); Bomberos y UVI móvil de Bomberos; Servicios Sociales (Albergue, Casa de Amparo o Casa de Acogida), Explotación de Agua (Planta Potabilizadora y Guardallaves) y Servicios Publicos (Inspectores). En total, unos 1.100 trabajadores municipales.
Las consecuencias económicas para las arcas del Ayuntamiento son importantes, como trasladó el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, a los sindicatos en una reunión el pasado 17 de octubre para buscar formas de articular el complemento en las nóminas de los empleados. De hecho, Mendoza cifró en alrededor de 1,4 millones de euros lo que el Consistorio debería desembolsar por los cuatro años de retroactividad.
Según dieron a conocer los sindicatos tras la reunión, el consejero se mostró reacio a pagar esta retroactividad, lo que obligaría a los empleados públicos a judicializar cada caso. Sin embargo, fuentes del equipo de gobierno del PP niegan que sea así y dejan claro que el Ayuntamiento “cumplirá con todos los puntos de la sentencia”. El Gobierno municipal trabaja ahora en la fórmula para articularlo.
Las centrales sindicales han ido trasladando a sus afiliados información sobre esta cuestión en los últimos días. CCOO ha informado de que, para hacer efectiva su aplicación, plantea “una propuesta técnica y equilibrada”: “Aplicar el promedio anual por unidad y calendario, una fórmula que combina agilidad administrativa y justicia retributiva”. Una opción, sostiene CCOO, que ya planteó en su día, algo que fue “ignorado por el consejero de Régimen Interior”: “Hoy la realidad y la justicia nos dan la razón”.
CSIF, por su parte, recuerda de que la sentencia del Supremo que crea doctrina proviene de un recurso de casación de su sindicato. Respecto a la reunión del 17 de octubre, menciona los mismos datos de CCOO y también las trabas para cobrar la retroactividad. “CSIF sigue aconsejando la vía jurídica” para reclamar estos cuatro años, señala el sindicato.
CSL Aragón (sindicato profesional de Policía Local y Bomberos), que destaca que interpuso en su día una de las “dos sentencias que obligan a este Ayuntamiento a abonar las noches en periodos de vacaciones”, plantea varias dudas, como desde qué fecha se va a abonar o si “habrá negociación real o será una pantomima”.
Y el STAZ (Sindicato de Trabajadores Ayuntamiento Zaragoza) apunta que con el “acuerdo” adoptado con el consejero de Personal se cumple “una demanda histórica de STAZ, que ya consiguió incuir el pago de la nocturnidad en bajas por accidente laboral”.