Cuando Rajoy y Lambán pedían confianza ante la compra de Opel porque PSA prometía cumplir todo lo pactado
El cambio de propietarios de Opel –de General Motors al Grupo PSA–, en marzo de 2017, provocó días de nervios entre los trabajadores y trabajadoras de la planta de Figueruelas (Zaragoza). Nada que ver, no obstante, con lo vivido en los últimos días. Temían por sus puestos de trabajo y por el mantenimiento de sus condiciones laborales. Sospechaban que las buenas palabras de la empresa podrían ser, en cierto modo, un ardid para contentar a los que desconfiaban de sus promesas. El tiempo les ha dado la razón.
Menos de un año después, la negociación del convenio ha estado muy cerca de tener un final catastrófico. Finalmente, la entente ha llegado, y los empleados votarán en referéndum –este martes y mañana miércoles– si dan el visto bueno al preacuerdo firmado este lunes, in extremis, entre dirección y sindicatos.
En marzo del pasado año, los trabajadores no se acababan de creer la, teórica, buena voluntad empresarial. Fue en los momentos de más dudas, cuando los máximos mandatarios autonómicos y nacionales, se alzaron con un mensaje común de tranquilidad y máxima confianza.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguraba que Mariano Rajoy le había llamado, tras hablar este con la empresa, para asegurarle “que no se iban a producir desinversiones ni pérdida de empleos. Todo lo contrario, era un mensaje de tranquilidad, de confianza y de compromiso con los nuevos propietarios”.
Carlos Tavares, presidente del Grupo PSA, transmitió al presidente de España –según se informó desde el Gobierno autónomo– “un mensaje de tranquilidad por la compra de Opel por el consorcio francés y ha asegurado que la empresa cumplirá en su totalidad los acuerdos firmados entre los sindicatos y General Motors”.
“Estoy por apostar que no hay nada que temer y que la trayectoria de Opel en Figueruelas seguirá siendo exitosa, y esa noticia que nos daban de que la planta vive el mejor momento de su historia será dada más veces por los nuevos responsables de la empresa”, llegó a decir el presidente de Aragón.
No solo los presidentes parecían convencidos, también los propios sindicatos: Pedro Bona, secretario general de FICA UGT Opel, señalaba que querían que el acuerdo se hiciera efectivo y afirmaba estar “muy satisfecho con que el interesado en la compra sea un fabricante”. Eso debía suponer, decía, “una oportunidad”, y, para aprovecharla, tenían una gran carta de presentación: “Demostrar a Tavares lo que somos capaces de hacer”.
Jordi Carmona, secretario sectorial de FICA UGT, pedía al Ejecutivo central que se implicara de verdad e hiciera una apuesta clara, “que sea más que un mero espectador y que no trate de solucionar los problemas con una llamada”.
“Una amenaza que ponía en juego 2.000 empleos”
No ha pasado ni un año, y todo ha estado a punto de saltar por los aires. Se acabaron las buenas palabras y llegó un sopapo de realidad. Después de semanas de negociaciones, las posiciones eran antagónicas, los sindicatos suspendieron las negociaciones y PSA anunció que se llevaba de Figueruelas la fabricación del Corsa y las inversiones vinculadas a nuevos modelos.
La planta zaragozana genera 6.000 puestos de trabajo directos y unos 25.000 indirectos. Si el órdago fructificaba, estaban en juego, según la presidenta del Comité de Empresa, Sara Martín (UGT), “unos 2.000 empleos”. Intercedió el Gobierno de Aragón y, el pasado viernes, ambas partes se volvieron a sentar.
Un intenso fin de semana dio paso al lunes, cuando se cumplía el plazo marcado por la empresa para alcanzar la sintonía. A las 21:00 horas de este día se firmaba un preacuerdo que los trabajadores votarán en referéndum.
“No es el convenio que queríamos, pero tampoco el que quería PSA”
En un primer momento, la empresa planteó una ampliación de jornada con una rebaja salarial del 6%, para modificar luego su propuesta por una congelación de tres años –que elevaría a 13 los de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores–, y terminar anunciando la congelación de las inversiones en la planta y la amenaza antedicha.
El Comité de Empresa exigía cinco mínimos: presentar un plan industrial con dos líneas de producción y tres turnos de trabajo, aplicar contratos de relevo desde los 60 años, contratar a los 170 trabajadores finiquitados en los últimos meses, rejuvenecer la plantilla con salidas pactadas a los 61 años e incluir en el convenio a los niveles 6 y 7 (mandos intermedios).
Y el preacuerdo se queda en un convenio colectivo para los próximos cinco años, hasta 2022, condicionado a un plan industrial “que utilice a plena capacidad la planta”. Supone una congelación salarial para este año, una subida del 50 % del IPC hasta 2020 y del 60 % en los dos años siguientes. Entre las cesiones de los empleados, figuran la disminución de 5 minutos de pausa, la reducción del 5 % de los pluses por nocturnidad y festivos y la eliminación progresiva (en cinco años) de los pluses de calendarios.
“No es el convenio que queríamos nosotros, pero tampoco el que quería PSA”, aseguraban tras la rúbrica en CCOO. Tanto este sindicato como UGT han elaborado documentos informativos en los que piden a los trabajadores que voten ‘sí’ en el referéndum.
