Zaragoza, Madrid, Barcelona, A Coruña y Valencia se unen para proponer un fondo estatal que financie el transporte público

Los ayuntamientos de Zaragoza, Madrid, Barcelona, A Coruña y Valencia han unido fuerzas para pergeñar un anteproyecto de Ley de Financiación del Transporte Público. Responsables de las concejalías de Movilidad de estas ciudades se reunieron el pasado jueves en Valencia para presentar esta iniciativa que tanto Compromís como Podemos llevarán al Congreso.

Cuentan, además, con el apoyo de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos Metropolitanos (ATUC), que aglutina a más de 80 entidades y que ha mostrado, indican, “su máximo apoyo a la propuesta”.

El elemento basilar de la proposición, explican, es crear un fondo estatal que financie “adecuadamente” el transporte en los municipios de más de 50.000 habitantes siguiendo “criterios objetivos” como el número de viajes, el total de kilómetros recorridos, la cobertura y la eficiencia.

Plantean que el fondo se dote anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (por un monto no inferior al 0,25 del PIB del año anterior), y que suponga “una cantidad económica suficiente, que sirva para financiar parte de los gastos operativos de los transportes urbanos metropolitanos, así como proyectos de inversión”.

Las entidades locales que quieran acceder a las subvenciones, explicaron en la presentación, tendrán que integrarse en uno de los seis grupos que se han establecido a tenor del número de habitantes: Consorcios Metropolitanos; Grupo A: más de 2 millones de habitantes; Grupo B: entre 1 y 2 millones; Grupo C: de 500.001 a 1 millón; Grupo D: de 100.001 a 500.000 y Grupo E: menos de 100.000 habitantes.

Dar estabilidad al sistema

Los consistorios propulsores del anteproyecto señalan que “el desarrollo de una red de transporte colectivo urbano eficaz, sostenible, de calidad y flexible exige atender y conocer las condiciones de contorno para proponer la mejor solución técnica, de diseño y tecnológica para dar solución a una complejísima tarea, la de facilitar millones de interconexiones con diferentes orígenes y destino cambiantes en el tiempo”.

Apuntan que la Unión Europea establece “que la financiación del transporte público urbano no es una responsabilidad única de las entidades locales, sino también de las regiones y los estados”.

Con este mecanismo, dicen, se crea un “régimen permanente de financiación para dar estabilidad a un sistema que, desgraciadamente, se ha caracterizado en el tiempo por su fragmentación, la arbitrariedad y su contingencia temporal”.