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En 2011 se acercaba una ola de recortes que dejó marcada a la comunidad universitaria por una década. Los ajustes que llegaron en aquellos tiempos de mano del Gobierno de Rudi en Aragón, pero que es de justicia decir que también ocurrió en muchas otras comunidades autónomas de otro color político, dejaron una profunda mella de la que todavía hoy se resiente el campus público.
Fue en ese momento cuando las universidades se aprovecharon de una normativa laxa para sobreponerse a la adversidad. Y así fue como se disparó la contratación del profesorado asociado, una figura pensada para que expertos de diferentes ámbitos pudiesen complementar la docencia en la universidad.
Sin embargo, hecha la ley hecha la trampa. Pronto las universidades españolas empezaron a contratar a personal que se daba de alta como autónomos expresamente para cumplir con la norma y poder ser contratados, y poco a poco su número empezó a crecer desproporcionadamente, pasando de ser una aportación complementaria a ser parte troncal de la docencia.
Pero sobre esto ya se ha escrito mucho, y no es mi intención profundizar en este aspecto, sino sobre las causas y las consecuencias. El efecto principal fue que tal y como afirma el Ministro Castells, el principal problema de la Universidad española es tener a profesores cobrando 400 euros al mes; es la precariedad con mayúsculas que encontramos en la actualidad.
Es difícil avanzar en los objetivos que habitualmente planteamos, como la internacionalización, la excelencia investigadora, la captación de estudiantes extranjeros, etc. mientras tengamos una plantilla con tanta precariedad. Y aún así se consiguen. Hemos logrado, por ejemplo, que salga adelante el campus europeo UNITA en el que la Universidad de Zaragoza se ha aliado con otras 5 universidades europeas.
Además, el elevado número de investigadores de programas de alta calidad como los Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, así como la adjudicación de proyectos nacionales y europeos, demuestra que las cosas están funcionando relativamente bien. Así, cabe preguntarnos: ¿qué podríamos conseguir cuando acabemos con la lacra de la precariedad que pesa sobre nuestra universidad?
Y respecto a las causas, ya se deducen de lo anteriormente expuesto: la falta de financiación y la normativa laxa son las principales. En este último aspecto es loable el intento de generar un nuevo marco normativo, con nuevas figuras docentes, como las que figuran en el borrador del estatuto del Personal Docente e Investigador que quiere aprobar el Ministerio de Universidades en los próximos meses.
Sin embargo, desde mi perspectiva, las universidades no han precarizado a su personal docente por elección, por lo que el problema de fondo es la financiación insuficiente a la que se somete a las universidades públicas, consecuencia a su vez de la infrafinanciación de las comunidades autónomas. Ese es el principal problema que debemos plantearnos todas las administraciones si queremos conseguir una universidad que mire esperanzada a la próxima década, pensando en un futuro ilusionante, en el que la Universidad tenga capacidad de revolucionar la sociedad.
Estamos a punto de comenzar una campaña electoral en la Universidad de Zaragoza en la que múltiples alternativas de futuro se discutirán, pero para garantizar el éxito de cualquiera de las propuestas, independientemente de quien las lidere, desde el Gobierno de Aragón nos comprometemos a continuar con todos nuestros esfuerzos por mejorar la financiación y es en esa línea que se debe entender la nueva aportación de más de 8 millones de euros que hemos transferido a la Universidad de Zaragoza antes de que se iniciara la campaña electoral.
Financiación para que los retos que tiene ante sí la universidad de todos los aragoneses. No sólo para lo urgente, como adaptarse a la docencia semipresencial o escuchar atentamente las demandas sociales en estos tiempos de COVID19 que van desde la formación de personal sanitario a la investigación en biomedicina, sino para estar a la vanguardia de otros retos necesarios como la vertebración del territorio, y apasionantes como el impulso en energías renovables o la investigación en nanomateriales.
Así, confiemos en que gracias a las acciones que desarrollamos en las instituciones, tanto desde la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, como desde el Ministerio de Universidades, sepamos sembrar una semilla de ilusión y esperanza para comenzar una década que esté marcada por los logros científicos y académicos de una nueva generación.
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