Vacunas y derechos

7800 millones de personas habitan nuestro planeta pero de momento sólo 1400 han recibido al menos una dosis de la vacuna, distribuidas por un puñado de grandes empresas farmacéuticas como Pfizer, Moderna, Astrazeneca o Johnson and Johnson, que han distribuido preferente entre los países más ricos del mundo.

Para corregir esta situación, países como India y Sudáfrica han pedido a la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspender temporalmente las patentes de las vacunas de estas grandes corporaciones. Esto podría incentivar una mayor producción de vacunas y de todos los componentes intermedios en otras partes del planeta, y ello permitiría acelerar la vacunación en esta carrera contrarreloj que la humanidad está disputándole al ritmo de mutación del virus y a la aparición de nuevas variantes potencialmente más peligrosas.

Además, existe un acuerdo de 1994 firmado por todas las naciones de la OMC, conocido como el acuerdo de TRIPS, que regula la propiedad intelectual, el cual estableció los mecanismos para que, en situaciones de emergencia, los países puedan permitir la explotación de una patente sin el permiso de la farmacéutica. Parece que nos olvidamos demasiado rápido los avances que seguro costaron mucho arrancar, y ahora no podemos mirar hacia otro lado dejando en la estacada a los países menos desarrollados.

No podemos olvidar que el 95% del coste que ha supuesto el desarrollo de las vacunas (unos 93 mil millones de euros) proviene de la inversión pública, de nuestros impuestos. Estos datos invalidan los argumentos neoliberales que dicen que liberar las patentes desincentiva la innovación. Está bien tener empresas farmacéuticas que inviertan fondos privados en desarrollar medicamentos, pero está mejor que las inversiones públicas las gestionen empresas públicas que velen por el bienestar de su pueblo, por el tratamiento más eficaz y tengan una perspectiva más social y menos monetaria. Esta pandemia nos ha demostrado la necesidad de tener industria para la producción biosanitaria, y a falta de una inversión privada que tienen la libertad de desarrollar esa industria en nuestra región, nuestra propuesta es la creación de una farmacéutica pública destinada a la producción de medicamentos genéricos que además tenga músculo investigador suficiente para afrontar los retos de la sanidad en el futuro.

En cualquier caso, en el corto plazo ante la crisis actual de falta de vacunas, es el momento de posicionarse a favor de la liberación de patentes de vacunas. Hay países como India y Canadá, que ya han informado que si la patente fuese libre podrían movilizar su sector industrial para aumentar la fabricación de componentes intermedios que ahora son cuello de botella en la fabricación de las grandes empresas. No nos dejemos engañar por esos lobbys que afirman que la producción ya está saturada o que eliminar las patentes daña la innovación, porque no son argumentos válidos.

La liberación de las patentes por sí sola no solucionará el problema, pero sin duda, es un primer paso que ayudará a acelerar la vacunación en otras partes del mundo.

Es en esa línea en la que esta semana hemos aprobado una moción en el Congreso de los Diputados, instando a la Unión Europea a eliminar barreras como las patentes, con el objetivo de acelerar el proceso de vacunación, y es que la vacunación masiva en el resto del mundo debe ser una prioridad. Se lo debemos a la humanidad, porque la gente corriente, más allá de nuestras fronteras, debemos ayudarnos los unos a los otros, eso es lo que trasciende al concepto de patria. La patria somos la gente corriente, que pagamos nuestros impuestos aquí, en Portugal, en Senegal o en Canadá, y las fronteras se defienden generando bienestar a ambos lados de la misma. Si nos cuidamos entre los pueblos, los grandes empresarios y las élites económicas desde luego no lo harán.