Gobierno, Poder Judicial y la FAMPC firman un convenio para agilizar la atención a los afectados por desahucios

El Gobierno de Aragón ha aprobado este lunes un nuevo convenio de colaboración a suscribir con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de la vivienda familiar y medidas de carácter social.

Con este nuevo acuerdo, explican desde el Ejecutivo autonómico, “se pretende que agilizar la detección de los supuestos de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social y su comunicación a los servicios sociales a fin de que estos puedan realizar pronto la oportuna valoración de cada caso y determinar la inclusión o no de los afectados en los programas de vivienda social, en la medida de lo posible sin solución de continuidad a la fecha de lanzamiento”.

El acuerdo, aprobado a instancias de los consejeros de Presidencia, Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y de Ciudadanía y Derechos Sociales, permitirá “mejorar la atención y protección de los ciudadanos y las familias afectadas tanto por ejecuciones hipotecarias como por desahucios arrendaticios si se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión al no poder pagar sus créditos hipotecarios o sus alquileres debido a circunstancias sobrevenidas de desempleo o ausencia de actividad económica”.

Al mismo tiempo, explican, “la pronta reacción de todas las partes implicadas en la función social de este convenio también propicia una pronta y por tanto más eficaz tutela del interés del acreedor, en la medida en que se evitarán suspensiones de lanzamientos y, por ende, la innecesaria prolongación del procedimiento de ejecución”.

El Gobierno de Aragón se compromete entre otras cosas a dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las situaciones de especial vulnerabilidad y de exclusión social puestas de manifiesto a través de los órganos jurisdiccionales en el marco de procedimientos judiciales.

Concretamente, la memoria en relación a este convenio prevé que la valoración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de que el afectado es un deudor de buena fe en situación de vulnerabilidad se comunique con al menos tres semanas de antelación para que estos casos puedan ser incluidos dentro de los programas de vivienda social.

El Plan de Gestión Social de la Vivienda puesto en marcha por el Gobierno de Aragón cuenta con seis programas entre los que destacan el destinado específicamente a crear una reserva de viviendas de alquiler social -lo que requiere la necesaria colaboración de las entidades locales y todos los sectores implicados- y otro que ahonda especialmente en los desahucios para dar una respuesta eficaz a los ciudadanos deudores de buena fe.

Colaboración de todas las partes

Las partes firmantes promoverán en el ámbito de sus respectivas competencias actividades formativas, informativas y de divulgación y colaborarán en la confección de un registro informático para el estudio estadístico de las intervenciones realizadas.

Entre otros compromisos, el Consejo General del Poder Judicial también fomentará la colaboración y participación de los colegios de abogados y procuradores y velará para que los servicios de orientación jurídica dispongan de folletos informativos y formularios para los ciudadanos que elaborará el Gobierno de Aragón.

A su vez, la FAMCP facilitará al CGPJ y a los juzgados del territorio toda la información de que disponga sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia social de los ayuntamientos.