Aqualia y Zuera: un desaguisado millonario al socaire de dos alcaldes del PP

Los dos últimos alcaldes del PP en Zuera, José Manuel Larqué (1995-1999 y 2007-2012), actual tesorero del PP en Aragón, y Antonio Bolea (2012-2015), han tenido, con los mandatos de Javier Puyuelo y Francisco Gracia (ambos del PSOE) intercalados, papeles destacados en el desaguisado de la gestión de la contrata municipal del abastecimiento de agua de boca y la depuración, con la que, según una auditoría encargada por el actual alcalde, Luis Zubieta (PSOE), Aqualia adeuda más de un millón de euros al Ayuntamiento zufariense en cánones y obras no ejecutadas.

La adjudicación inicial de la concesión a Sogesur se produjo, tras un concurso público, el 19 de febrero de 1999 en un Pleno presidido por Larqué. Casi cuatro años más tarde, en enero de 2003, con Puyuelo en la Alcaldía, Aqualia, filial de la multinacional española FCC, con el fondo australiano IFM Investors Pty Ltd como socio desde hace unos meses, pasó a ejecutar la contrata tras absorber a la adjudicataria.

El contrato renovado, con una vigencia de quince años, fue firmado el 14 de abril de 2014, en la etapa de Bolea, aunque la fecha de inicio se pospuso al día 1 del mes siguiente. Si ninguna de las dos partes lo denunciaba con un año de antelación, se prorrogaba de manera automática por periodos de cinco años, el primero de los cuales finaliza el último día de abril del año que viene.

Tanto Zubieta (cuando era concejal), el 25 de abril de 2013, como el edil del PAR Javier Nasarre, en este caso al día siguiente, pidieron por escrito comunicar a Aqualia el inicio de los trámites para la rescisión e iniciar la preparación de un nuevo concurso. “Después de 15 años de concesión y el aumento del número de empresas que pueden prestar ese servicio, un nuevo concurso es la manera más efectiva de mejorar el servicio y el ahorro económico a todos los vecinos y empresas de nuestro municipio”, sostenía el aragonesista.

El Pleno que se celebró fuera de plazo

La secretaria del Consistorio emitió entonces un informe según el cual el Pleno debía tomar una decisión antes del 1 de mayo de ese año para poder iniciar la rescisión en fecha, aunque antes el Ayuntamiento debería disponer de “los informes que se estimen pertinentes para conocer la situación del contrato en relación a posibles incumplimientos manifiestos del contrato que no se puedan resolver en base al contenido del mismo, de datos técnicos que puedan llevar a considerar necesaria la finalización del contrato o la conveniencia de una nueva concesión, de la situación económico-financiera del contrato”.

Sin embargo, el alcalde no convocó el Pleno hasta el 2 de mayo, jueves después de un festivo y cuando ya había transcurrido el plazo para hacer efectiva la denuncia. Tampoco era mucho mayor el margen: las peticiones de la oposición llegaron el jueves y el viernes, y las 48 horas de plazo mínimo para celebrarlo a partir del lunes caían en ese miércoles no hábil, lo que obligaba a trasladarlo al jueves.

En la reunión, el PSOE justificó la urgencia de tomar una decisión por considerarlo “de primera necesidad y relevante” en la gestión del Ayuntamiento “tanto por la repercusión general en todos los ciudadanos, que además costean el servicio, como por el montante económico para las arcas municipales”.

PSOE y PAR sumaban entonces siete concejales, lo que les daba la mayoría en el Pleno. Y gracias a ella sacaron adelante, con los seis votos en contra del PP, el acuerdo para iniciar la rescisión. Sin embargo, esta tardaría más de una semana, hasta el día 10, en ser comunicada a Aqualia, que recurrió la decisión y pidió su nulidad. No hay más papeles en el expediente, certificó cuatro años después el actual secretario.

“Si sigue operativo, es por voluntad de las partes”

Sin embargo, un informe del actual secretario recuerda que, desde 2000, las prórrogas de los contratos públicos deben ser ratificadas de forma expresa por ambas partes antes de que esta pueda comenzar, ya que las ampliaciones tácitas pasaban a estar poco menos que proscritas desde finales del siglo pasado. Y eso no ocurrió, o al menos no consta en el expediente, con la prolongación del contrato que ahora está a punto de caducar.

“En definitiva, la viabilidad de la posible prórroga de un contrato tiene que ser resuelta de acuerdo con la normativa que esté en vigor en el momento en el que se acuerde la prórroga”, señala el dictamen, por lo que “no es admisible considerar prorrogado automática o tácitamente el contrato de referencia, debiendo haber quedado extinguido a finales de abril de 2014”. Así, añade, “habría de instarse la finalización del mismo con carácter inmediato y promover en su caso, una nueva licitación”.

“El contrato expiró a los quince años, no ya a partir de su formalización, sino de la fecha en que se inició la prestación del servicio, esto es, el 30 de abril de 2014 –concluye el informe-. Si en el momento actual sigue operativo, lo es por exclusiva voluntad de las partes y por razón de la incidencia del principio de continuidad en la prestación de servicios públicos”.

El dictamen, de hecho, considera de “mayor racionalidad” que el Ayuntamiento “deba finalizar el contrato sin instar su revisión de oficio (…) en la brevedad que le resulte racionalmente posible y al objeto de evitar que pueda interpretarse la existencia de una tácita y nueva prórroga”.