El Ayuntamiento de Zaragoza concedió durante la pandemia hasta 10 millones de euros a autónomos y pequeños empresarios en forma de microcréditos con el objetivo de mitigar los efectos negativos del covid. Y, sin embargo, renunció a dar un paso básico en la concesión de cualquier subvención: analizar si los beneficiarios cumplían con los requisitos necesarios. Esto cobra especial importancia cuando hubo hasta 400 personas físicas o jurídicas que se quedaron fuera de la convocatoria porque se agotó el crédito. Así lo constata la Cámara de Cuentas de Aragón en un informe en el que analiza estas ayudas, que –tal y como ha podido constatar el órgano fiscalizador– pudieron ir a parar “a personas que no cumplieran las condiciones impuestas”.
El objeto de las convocatorias era dar un respaldo financiero a pequeños empresarios y trabajadores autónomos de Zaragoza que tuvieron que cerrar o vieron mermada su facturación por las restricciones del covid. Así, el Ayuntamiento aspiraba a reactivar e impulsar la actividad profesional o económica y a al menos mantener el empleo. Hubo tres líneas diferenciadas en función del tamaño de las sociedades, desde un único autónomo a entidades con hasta 10 trabajadores, y la cuantía máxima era de 5.000, 7.500 o 10.000 euros.
Los gastos elegibles eran muy concretos, entre ellos inversiones para adaptarse a la pandemia o el alquiler del local. Y además el Ayuntamiento requería una declaración responsable en relación con el cumplimiento de los requisitos. Las solicitudes eran examinadas por una Comisión de Valoración con técnicos municipales y, tras la instrucción, el Consistorio dictaba resolución.
La Cámara incide en la “falta de coordinación en las áreas gestoras” del Ayuntamiento debido a que las tareas se distribuyen: los expedientes los tramitó el Servicio Administrativo del Área de Economía, el pago se trasladó al Redes y Sistema, a continuación los datos pasaron a Recaudación y, finalmente, la información se cedió a Contabilidad. Tanto movimiento ha supuesto que no exista “una información completa e individualizada” sobre los pagos de cada beneficiario, lo que afecta a “una posible exigencia de reintegro”.
El órgano fiscalizador analiza 100 expedientes que suponen el 6% del total de las ayudas concedidas. Y aquí es el propio Ayuntamiento el que “corrobora” un hecho grave: “La documentación aportada como justificación por los beneficiarios no ha sido revisada por los servicios gestores”. De esta forma, expone la Cámara de Cuentas, “no es posible valorar los efectos de las ayudas”. Lo llamativo es que el órgano fiscalizador se queda ahí y evita investigar más allá. Y eso que entre los “términos” de la auditoría de cumplimiento llevada a cabo por este órgano está la “comprobación de la documentación aportada por los beneficiarios (solicitud y justificación) a través de una muestra de beneficiarios seleccionada”.
Es la propia Cámara de Cuentas de Aragón la que reconoce que “se han podido conceder subvenciones a personas que no cumplieran realmente las condiciones impuestas por las bases”. “Esta circunstancia -añade a continuación este órgano de control- cobra especial importancia en la segunda convocatoria en la que se rechazaron 399 solicitudes por falta de crédito”.
Tampoco ha existido ningún trabajo el equipo de gobierno del PP, entonces con Cs y ahora en solitario, para “asegurar la eficacia y eficiencia del gasto realizado” ni para “valorar adecuadamente el impacto y resultado”, algo fundamental para “poder planificar correctamente las características de ayudas similares futuras”.
El ámbito objetivo de la fiscalización son tres líneas de microcréditos reintegrables para mantener la actividad y el empleo, ayudar a autónomos y pequeñas empresas afectados por el covid otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en los ejercicios 2020 y 2021. Fueron aprobadas en pleno y gestionadas por las áreas de Presidencia, Hacienda e Interior y de Economía, Innovación y Empleo.
La pandemia no “exime” de las reglas
El presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo, y el consejero del órgano auditor Antonio Cendoya comparecieron precisamente este lunes en las Cortes de Aragón para dar a conocer el informe. Royo recordó que un contexto de urgencia como la pandemia “no exime del cumplimiento de las reglas y la ayuda debe ser ágil, trazable y sujeta a control”.
La popular María Navarro se mostró orgullosa de “la concesión de los microcréditos” con “una rapidez inmediata para que esa liquidez llegase a quienes estaban bajando la persiana en Zaragoza”. “El plazo de amortización es hasta el 2026 y hasta 2030 para comprobar incumplimientos o devoluciones”, sostuvo
El portavoz socialista de Hacienda, Óscar Galeano, criticó por su parte la “falta de seguimiento, coordinación y control de Azcón” por este motivo. Galeano mostró su preocupación por que el propio informe de la Cámara de Cuentas incida en que faltó coordinación entre las áreas de Hacienda y Economía “y esa labor era competencia” del actual presidente autonómico.
Galeano instó a Azcón a ser “responsable, transparente y ejemplar en el uso de los recursos públicos cuando está al frente de responsabilidades institucionales”. “La dejadez y falta de gestión provoca que se desconozca la efectividad de este tipo de ayudas, muy necesarias por otra parte, y que han de realizarse con control para evitar que se queden fuera posibles beneficiarios que, pudiendo cumplir todos los requisitos, no pudieron acceder a las mismas porque el crédito se había acabado”, ha dicho Galeano.