El Ayuntamiento de Zaragoza deja sin supervisión la comida de los colegios

Otro recorte social del equipo de gobierno PP-C’s de Jorge Azcón y Sara Fernández, ahora en materia de sanidad: el ayuntamiento de Zaragoza ha clausurado el laboratorio de análisis de alimentos del Instituto Municipal de Salud Pública, que entre otros cometidos se encargaba de supervisar la calidad nutricional y la salubridad de los menús que se sirven a los escolares en los colegios y de los productos de comercios y hostelería.

El centro, que llevaba tres décadas funcionando, ha sido suprimido aprovechando una reestructuración de la plantilla tras la jubilación de uno de sus responsables técnicos y bajo el argumento de que esas tareas no se corresponden con competencias municipales sino que son de titularidad autonómica.

El cierre de las instalaciones el pasado mes de septiembre, que el consistorio ejecutó pese a haber realizado algunas contrataciones de personal para el Instituto Municipal de Salud Pública, no fue comunicado al Gobierno autonómico, cuyo personal sí realiza inspecciones tanto el centros de enseñanza como en comercios y establecimientos de hostelería pero no análisis de los productos.

Desde entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza únicamente supervisa la calidad y la salubridad de los alimentos que se sirven en las guarderías y los comedores municipales.

Los colegios pierden más de 200 análisis 

Apenas un año antes de tomar esa decisión, en los primeros días de gestión del equipo PP-C’s, el propio ayuntamiento explicaba en su web que “el Instituto Municipal de Salud Pública es el responsable de velar por la Seguridad de los Alimentos que se consumen en la Ciudad de Zaragoza. Para ello realiza los controles oficiales de la cadena alimentaria en los productos, cuando ya están en el mercado”. “Nuestro lema es: conocer para actuar”, añadía. 

La última memoria, ubicado en la carretera de Cogullada y que se encarga también del control de la calidad del agua de la red de abastecimiento público y del control de plagas como la de la mosca negra, reseña cómo su trabajo abarcaba el chequeo del cumplimiento de los criterios microbiológicos, la detección de contaminantes y residuos, de aditivos no autorizados o con una presencia mayor de la permitida y también de microorganismos, así como las características organolépticas de los productos.

Los técnicos tomaban y procesaban mensualmente más de 1.200 muestras de alimentos, algo más de 200 de ellas en los centros educativos.

“El estudio microbiológico de las muestras tomadas los comedores escolares y los comedores municipales ha mostrado, como en años anteriores, resultados satisfactorios tanto en las muestras de comidas, como en las tomadas en las superficies de las zonas de preparación de alimentos”, señala la memoria, que añade que “únicamente se ha detectado algún indicador de falta de higiene que ha servido para tomar medidas preventivas, revisando las condiciones de la preparación y comprobando que se corrigen las deficiencias”.

En el caso de los colegios, los controles se realizaron “en colaboración con Consejería de Educación del Gobierno de Aragón”. En el curso 2018-2019 se centraron en la denominada “línea fría”, los productos de cáterin que los escolares comen recalentados en los comedores de los centros. Estimaron un aporte energético medio de 750 kilocalorías, con un 17,6% de proteínas, un 48,4% de hidratos de carbono y un 34,2% de grasas, unos resultados cuyo cotejo con las recomendaciones de la Guía de Comedores Escolares del Gobierno de Aragón califican de “satisfactorios”.

La pandemia descuadra las cuentas de los comedores

El modelo de la “línea fría” sigue siendo mayoritario en los centros de enseñanza públicos, aunque con un avance en los últimos años de los comedores con cocina propia, gestionados en su mayoría por las AMPA.

Sin embargo, el descuadre que la pandemia ha generado en sus cuentas, con un aumento de los gastos y una reducción del número de usuarios por la extensión de la jornada continua y el temor a los contagios, está poniendo en riesgo la viabilidad de varios de ellos, según admite la Consejería de Educación en su respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de IU, Álvaro Sanz.

Así, las AMPA han ido planteando al Gobierno unas “necesidades adicionales de material y personal” de 276.820,36 euros que “se están estudiando dentro de las disponibilidades presupuestarias y de la situación específica de cada centro, así como costes extra de personal de atención y vigilancia”, explica el consejero, Felipe Faci.

Casi el 70% de ese incremento de costes, 191.576,65 euros, asciende a necesidades de personal, básicamente consistentes en la contratación de once monitoras.

Riesgos de falta de liquidez en los centros escolares

“La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha afectado no solo a la gestión y organización de los comedores escolares, sino también a sus cuentas y balances económicos, al producirse un incremento de los costes de producción del servicio que, si bien afecta a la mayoría de los colegios, es más agravada en los colegios con gestión con convenio AMPA”, explica el consejero, que detalla cómo las “medidas adicionales de protección sanitaria debido a la covid” están suponiendo “gastos adicionales por la necesidad de utilizar nuevos espacios, más personal de cocina y limpieza, más personal de atención y vigilancia, instalación de mosquiteras en ventanas”, entre otros aspectos.

Esa situación se suma a la provocada ya por el cierre contable del curso 2019-2020, que ha hecho necesarias inyecciones por un valor conjunto de más de 100.000 euros a centros con comedor gestionado por AMPA de Zaragoza “para cerrar la gestión económica de dicho curso escolar, quedando pendiente completar algún libramiento a algún centro”.

La Consejería de Educación había comenzado a recibir a comienzos de este curso “manifestaciones de preocupación” de los responsables de algunos centros con ese modelo de comedor que alertaban de que “los balances mensuales de sus comedores estaban arrojando déficits más elevados que en cursos anteriores, y era previsible que esta situación pudiera poner en riesgo la liquidez del centro y, por tanto, el pago a proveedores, incluidos los pagos del personal de cocina y atención y vigilancia contratado por el AMPA”.