¡A Venezuela, propaganda!, grita la bancada del PP cuando Podemos pide atender la emergencia social en Aragón
El Pleno de las Cortes de Aragón del pasado jueves comenzó con una poco habitual, pero esperanzadora, unanimidad. Todos los grupos apoyaron la propuesta de CHA e IU para crear una comisión especial sobre violencias machistas. Pero poco duró la calma. El arco parlamentario explotó con otro asunto que probablemente también merecería el mismo asenso: la emergencia social.
El Grupo Parlamentario de Podemos presentó una Proposición de Ley sobre garantías de la efectividad de los derechos sociales en situaciones de emergencia social en Aragón. Salió adelante con el apoyo de PSOE, CHA e IU; la abstención de Ciudadanos y PAR, y el voto en contra del PP. Y fue con la defensa de la postura del PP que hizo su diputada Rosa Plantagenet, cuando la pretérita tranquilidad saltó por los aires.
Calificó la propuesta “de ser un panfleto, demagogia barata, discriminatoria, segregadora y falta de ética”. Los decibelios en su intervención fueron subiendo al son de los aplausos, las risas, los golpes en la mesa, las miradas retadoras y los gritos de ¡a Venezuela, propaganda!, de sus compañeros y compañeras en la bancada popular.
Plantagenet señaló que no se puede usar la emergencia social “para hacer política de manera torticera y maledicente” y comenzó a repasar los puntos de la propuesta que, en su partido, entendían más desafortunados. El artículo 6 explica que se considerarán inembargables las ayudas de urgencia y las ayudas de integración familiar. A lo que la diputada popular contestó que la inembargabilidad ya viene decretada “por las leyes nacionales elaboradas por el PP”.
Se refiere también la Proposición de Ley a la vivienda, en concreto señala que cuando la ayuda se preste mediante arrendamiento, el coste de este para la familia no superará el 30 % de su renta familiar. Entonces Plantagenet se sacó de la chistera que “en España no va a haber desahucios, ni embargos de la vivienda habitual, por otra ley realizada por el PP”.
El artículo 18 dice que, “en las escuelas infantiles, se priorizará el acceso a plazas gratuitas de menores pertenecientes a familias en situación de pobreza relativa”. Esto, para los populares, es volver a la “época prefranquista, cuando los que tenían dinero entraban por un lado y los que no por otro”. Lo que plantean, dijo Plantagenet ante la algarabía de su público, es “segregador y discriminatorio. Quieren clasificar a la sociedad”.
Pero hay más, el artículo 11 se refiere a que las ayudas alimentarias de urgencia se prestarán, “preferentemente, a través de la provisión de cheques para el canje por alimentos y no del reparto directo de alimentos”. “Esto yo no lo he visto nunca, quieren controlar la sociedad civil”, mitineo la diputada popular.
Y como colofón, antes de adjetivar de nuevo la propuesta como “zafia, pretenciosa y falsa”, Plantagenet afirmó sin ambages que “todas las personas con enfermedades crónicas en España tienen los medicamentos subvencionados y que todo el mundo que está en el paro accede a los medicamentos gratis gracias a un decreto del PP a nivel nacional”.
Un “totum revolutum” de iniciativas
En lo que sí coincidió el Partido Popular con el resto de partidos (aunque difirió la manera de expresarlo) es en que hay, quizás, “un exceso de normativa en la materia”, como apuntó la portavoz de IU, Patricia Luquin. Esa fue, principalmente, la razón de la abstención de Ciudadanos; además de evitar que “las redes sociales se agiten diciendo que Ciudadanos está en contra de ayudar a las personas en emergencia social”, como afirmó el diputado naranja José Luis Juste.
En la actualidad, recordó Luquin, hay otras normativas pendientes de debate que contemplan muchos aspectos idénticos: la de pobreza energética, vivienda digna, la de renta social. Por ello, apuntó, y en eso concordó con el resto de grupos, sería necesaria una “compilación y la Ley de Renta Social Básica debería ser el ‘corpus’ normativo fundamental”.
Desde Podemos reconocen que hay varios procesos paralelos sobre el mismo tema, pero que la cuestión de fondo es “quién quiere sacar adelante estas medidas y quién no”. Recuerdan que en el decálogo de investidura, concretamente en su punto seis, se decía que, en el plazo de un mes, se tramitaría un decreto ley de medidas de emergencia social.
Normativa que hoy, más de siete meses después de ser investido Javier Lambán, sigue en tramitación.
