El Gobierno de Aragón detecta más de mil casos de menores maltratados y desamparados
Más de mil niños maltratados y/o desamparados se encuentran bajo la protección, o en seguimiento, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), según indica la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, en una respuesta parlamentaria a la diputada de Ciudadanos Desiré Pescador.
La parlamentaria se había interesado por conocer “el número de casos que está llevando cada equipo de protección de menores” por episodios de malos tratos y de vulneración de sus derechos –incluye desnutrición y absentismo escolar, entre otros asuntos- en el ámbito familiar.
Según la respuesta de la consejera, la cifra es de 1.040, con un reparto de 105 en Teruel, 191 en Huesca y 744 en Zaragoza. La carga de trabajo de los seis grupos de Zaragoza –entre 91 y 144 asuntos por equipo- duplica con creces a la que soportan los dos de Teruel -52 y 53- mientras que los dos de Huesca se encuentran en una situación intermedia con 85 y 106.
Plazos demasiado ajustados
La consejera admite en otra respuesta dirigida a la misma diputada que “se viene produciendo históricamente una demora en los plazos establecidos” para diagnosticar esas situaciones de maltrato y de desamparo, ya que su fase de diagnóstico “es un proceso muy complejo y delicado” que requiere “recopilar mucha información procedente de diversos sistemas como el educativo o el sanitario” y que, por otra parte, requiere “proteger a los menores a la vez que hay que garantizar los derechos sociales y legales de las familias”.
Esos plazos “se están revelando en la práctica demasiado ajustados para que los profesionales puedan llevar a cabo un correcto diagnóstico”, aunque cuando los equipos se encuentran “ante una presunta situación de maltrato, se interviene tanto con los menores como con las familias desde el principio, sin esperar a tener un diagnóstico definitivo”.
En el caso de que los servicios sociales hallen pruebas de malos tratos o desamparo al menor, la familia puede, tras la intervención de la Fiscalía, llegar a perder su custodia.
Grupos de trabajo
Mientras tanto, el departamento, que viene manteniendo reuniones de coordinación con las tres fiscalías provinciales, ha puesto en marcha varios grupos de mejora profesional para los técnicos que trabajan con menores.
Uno de ellos se centra en los derechos de la infancia, otro en intervención familiar, uno más en asuntos educativos, mientras que el cuarto está especializado en medidas de prevención, conciliación y reparación.
El último en entrar en funcionamiento es el relacionado con los abusos sexuales, mientras la consejería ha abierto otra línea de trabajo para elaborar un sistema de “formación destinada a profesionales en materia de violencia en menores”.
