Aragón no exige a las residencias privadas tener personal médico ni de enfermería en plantilla
Una residencia de la 3ª Edad sin médicos ni enfermeros en plantilla. ¿Es legal? En Aragón, sí. Y lo es gracias al Acuerdo Marco 2015 – 2018, firmado por el anterior Ejecutivo autonómico (PP-PAR), en marzo de este año, es decir, en los estertores de su mandato. El pliego técnico de este acuerdo, tal y como aseguran desde UGT, hace referencia al cumplimiento del Decreto 111/1992, de 26 de mayo, en lo que a ratios se refiere.
Se basa, por tanto, en un decreto con más de 23 años de vigencia que establece ratios de 0,25 trabajadores para las residencias de ancianos válidos (uno por cada cuatro pacientes); 0,30 en las mixtas (no llega a uno por cada tres internos), y 0,35 en las asistidas (algo por encima de un trabajador para cada tres residentes).
Pero, como puntualiza Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Aragón, se refiere a trabajadores en general, “de cualquier categoría”. Desde recepcionistas hasta médicos, pasando por cocineros o enfermeras/os. El argumento basilar para defender esta normativa, comenta la secretaria general, es que estas residencias “nacen con una función asistencial, y no sanitaria”. Es decir, explica, una residencia pequeña, de 30 pacientes, por ejemplo, podría tener en plantilla diez trabajadores o trabajadoras y que ninguno fuera médico ni enfermero/a.
La única mención al respecto que se hace en el Decreto es, en el caso de las residencias de ancianos válidos, que “se garantizará la vigilancia y cuidados del estado de salud, por personal capacitado para esta función”; en las residencias mixtas “se garantizará tanto el cuidado de salud como la vigilancia médica de los procesos patológicos existentes por personal capacitado para esta función”. En las asistidas: “Se garantizará la vigilancia médica necesaria para el cuidado de la salud, tratamiento y control de las personas que lo requieran, por personal capacitado para esta función”. En ningún caso obliga a la presencia de médicos o enfermeros/as tituladas, sino que se limita a hablar de ‘personal capacitado’.
Lo más grave es que el acuerdo marco representa una clara involución respecto a las condiciones imperantes con anterioridad. Es eso lo que denuncia UGT en su Informe residencias privadas. Perspectiva laboral. Aragón 2011-2015. El pacto precedente, el que correspondía al periodo 2011-2014, estatuía ratios de un médico cada 100 pacientes, un fisioterapeuta por la misma cantidad de internos, 0,90 enfermeros por cada 30 usuarios, un terapeuta ocupacional cada 50 o un trabajador social cada 100. La expiración de este y la vuelta a la condiciones fijadas en el decreto de 1992 supone un “retroceso tanto en la calidad del servicio como en los efectos indirectos sobre las condiciones laborales”, apunta el informe. Denuncian, además, que durante el periodo anterior, el Gobierno de Aragón no realizó los controles suficientes para comprobar que se cumplían las exigencias de personal.
Las residencias privadas siempre han funcionado al albur de este decreto, sin embargo, las concertadas, después de lograr una clara mejoría con el Acuerdo Marco 2015 – 2018, retrocedieron al volver a plegarse al mencionado Decreto.
Residencias públicas de gestión privada
Sí hay exigencia en las residencias y centros de día públicos, pero de gestión privada. En todos ellos se obliga a que haya un médico cada 100 usuarios. Los ratios para el resto del personal varían en función de las plazas que tenga la residencia. En la de Utebo, con 135 plazas de residencia y 30 en el centro de día, se exigen 4 enfermeros/as; 29 auxiliares; 0,6 fisioterapeutas, y 0,6 trabajadores/as sociales. Esto de lunes a viernes, durante el fin de semana basta con que haya cuatro enfermeros/as y los 29 auxiliares.
En este tipo de centros, la denuncia principal del sindicato se focaliza en los importes de las adjudicaciones. En todas las residencias, hogares y centros de día para mayores adjudicadas entre 2011 y 2014, las licitaciones se hicieron por un valor netamente inferior al presupuestado.
Como apuntan en el informe, los pliegos de condiciones permitieron que las empresas realizaran “bajadas millonarias de precios para obtener la gestión de los centros”. Es decir, el Ejecutivo establece un presupuesto, que es la cantidad en la que ellos valoran el mantenimiento del centro en cuestión. Posteriormente las empresas hacen ofertas y se adjudica a la que realice la más interesante.
Lo que ha provocado que, por ejemplo, el Centro de Día y la Residencia de Mayores de Utebo se adjudicara por 26.123.470 euros, después de haberse presupuestado en 33.071.144. Casi siete millones menos. Por encima de los 5,5 millones de diferencia está la licitación de la Residencia de Mayores de Movera; y rondando los 3,5 la Residencia y Centro de Mayores Aragón. Esto, según UGT, afecta directamente a los trabajadores y, por ende, a los pacientes.
El sindicato exige al actual Gobierno autónomo (PSOE-CHA) un cambio normativo que sustituya las exigencias mínimas de personal porque la ley está “obsoleta”. Aseguran que el periodo 2011-2015 ha estado marcado por la precariedad laboral y por la creación de una normativa que “ampara a las empresas con prácticas negativas”. En la Comunidad este sector ocupa a cerca de 8.000 trabajadores.
