El Ayuntamiento de Zaragoza dará incentivos para que se destinen viviendas vacías a alquiler social
El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer la puesta en marcha del Programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacía en Zaragoza. Este proyecto, que será gestionado por Zaragoza Vivienda y tendrá un presupuesto superior al millón de euros, busca ampliar la oferta municipal de viviendas en alquiler social mediante incentivos a los propietarios que cedan sus inmuebles vacíos a la bolsa que gestiona el consistorio, a cambio de una gestión integral, garantías, beneficios económicos y fiscales.
El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, señaló que “es una propuesta con mucha potencialidad, debido al volumen de casas deshabitadas que hay en Zaragoza, el coste económico que supone este programa y la rapidez con la que se puede ejecutar”. Según los datos que maneja el consistorio, basados en el censo del Instituto Nacional de Estadística, en la ciudad habría en la actualidad algo más de 13.000 viviendas susceptibles de ser captadas para el programa. El objetivo del equipo de Gobierno es obtener unas 1.300 durante toda la legislatura.
Los propietarios obtendrán una renta máxima de 4,25 euros el metro cuadrado y los inquilinos pagarán un mínimo de 85 euros al mes. El Ayuntamiento se ocupará de la gestión integral del arrendamiento, lo que va desde la búsqueda de ocupantes a la gestión de los impagados, pasando por la firma del contrato.
El consistorio garantizará a los propietarios el pago de la renta, la contratación de un seguro de hogar y la devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación en el que se entregó. Entre los incentivos económicos, se contempla la financiación sin intereses de los trabajos de adecuación del inmueble, que Zaragoza Vivienda asuma los gastos corrientes de la comunidad y un descuento del 50% en el IBI.
Por parte de los inquilinos, deberán cumplir con una serie de condiciones para poder acceder a este programa. Entre ellas, estar empadronados en Zaragoza y no tener una vivienda en propiedad en la ciudad, disponer de ingresos mínimos anuales de 5.100 euros y que la unidad de convivencia no tenga ingresos superiores a 2,5 veces el IPREM (indicador de referencia para valorar la concesión de ayudas públicas).
