Las moratorias contra la depredación del territorio florecen en el Pirineo

El creciente rechazo popular a los tres grandes vectores del desarrollismo, agroindustria, energía y turismo, comienza a calar en los ayuntamientos, los cuales, quizá por aquello de ser las administraciones más cercanas a los ciudadanos, empiezan a aprobar moratorias para frenar el desmesurado crecimiento con el que esas actividades se están revelando como depredadoras del territorio y de los recursos naturales.

El arraigo de ese florecimiento de las moratorias tiene especial intensidad en la mitad norte de la provincia de Huesca, donde numerosos pueblos y la mayoría de las capitales comarcales las han adoptado o tiene pendiente su debate tras proponerlo grupos de vecinos.

El hecho de que el paisaje sea un activo clave de su economía y el convencimiento de que su mantenimiento y sostenibilidad resultan fundamentales está abriendo un interesante debate en el que cada vez hay menos voces discrepantes.

Los perfiles extractivistas quedan fuera de duda en algunas de ellas como el despliegue de los macroparques de energías renovables, en el que el hecho de situar a territorios de la industrializada periferia mediterránea como destinos de la electricidad generada en las estepas aragonesas convive con la ausencia de los modelos de escala local para atraer empresas de otros territorios, o en el de las macrogranjas de porcino, que están devorando el formato de las explotaciones familiares mientras crece la difícilmente reversible huella ambiental de una actividad dirigida a una exportación que comienza a flojear.

También el turismo, una actividad que antes de la pandemia generaba casi el 7% de la actividad económica y aglutinaba el 9,5% del empleo en Aragón, una presencia claramente superior al de otros sectores como la energía (2,3% y 0,2%), la automoción (3,2% y 3%) y la alimentación (2,4% y 3%), o más concretamente uno de sus efectos secundarios socialmente más nocivos como es la proliferación de los pisos turísticos, ha comenzado a levantar recelos en el Pirineo, una de las áreas en la que mayor peso estratégico presenta el trasiego de visitantes.

Aínsa y los pisos de alquiler turístico

El Ayuntamiento de Aínsa estableció el pasado mes de marco una moratoria de un año para la puesta en funcionamiento en su término municipal de este tipo de alojamientos, normalmente comercializados a través de plataformas digitales.

El edicto señala como “efectos negativo” de este modelo el “consumo de recursos medioambientales”, su “fuerte impacto en la habitabilidad de los edificios y la utilización del espacio público” sus impactos sobre el precio de la vivienda y de los alquileres y, también la “reducción drástica” de la disponibilidad de “viviendas en alquiler de larga estancia”, algo clave en áreas como el Sobrarbe, en las que la consolidación como destino turístico convive con una movilidad que se complica en los meses fríos y con la dependencia de la presencia de trabajadores desplazados para asegurar el funcionamiento de algunos servicios públicos como los educativos, los sanitarios y los relacionados con la seguridad y otros privados como los financieros, pero también para completar las plantillas de los negocios del sector turístico.

Las estimaciones del ayuntamiento apuntan a que en 2022 habrían salido de mercado de vivienda otros 35 pisos, más los 22 actuales, lo que pone en peligro la viabilidad de esos negocios y servicios, fundamentales para el municipio y para la comarca, y entraña el riesgo de desplazar población hacia otras localidades de mayor peso demográfico como Barbastro, por el sur, Sabiñánigo, por el este, e incluso Huesca.

La posición del consistorio, que durante un año estudiará varias alternativas para regular el desarrollo de ese tipo de negocios, coinciden con las llamadas de atención de los expertos sobre la extensión del modelo de pisos turísticos a las zonas rurales, en las que las consecuencias están siendo similares a las que durante la última década han provocado en las ciudades, especialmente en las costeras y en Madrid.

Sabiñánigo, Jaca, las renovables y las macrogranjas

Sabiñánigo, la capital del Alto Gállego, ha sido, por su parte, pionero en la combinación de dos moratorias cuya finalidad es evitar la depredación del territorio, caso del veto a la instalación de macrogranjas en su término municipal, a la que ahora se une otra, en este caso de un año, para la de parques de energía solar y eólica, algo que también ha ocurrido en Aínsa y en Jaca.

Benasque es la única capital de una de las comarcas del Pirineo oscense cuyo ayuntamiento no ha adoptado ninguna moratoria ni veto para ninguna de esas actividades, algo que, por otra parte, no dejaría de tener un punto paradójico cuando se trata de uno de los principales impulsores de la polémica ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa, un proyecto que, a su vez, anima otros como el de Bisaurri.

El Ayuntamiento de Graus, por su parte, tiene sobre la mesa la petición de varios vecinos y de la plataforma SOS Ribagorza para suspender la ubicación de macrogranjas, formalizada tras detectarse hace unos meses elevados niveles de nitratos en varios acuíferos de la zona.

La moratoria de Sabiñánigo a la instalación de macrogranjas consiste en una reforma del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que, con el aval del Gobierno de Aragón, limita las posibilidades a cuadras con capacidad para 3.000 cerdos de engorde o 375 madres que nunca podrían estar a menos de 1.500 metros de los límites de suelo urbano de sus núcleos de población ni en las catorce áreas incluidas en Zepa (Zona Especial de Protección de Aves), LIC (Lugar de Interés Comunitario) o en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Los principales objetivos de la medida consisten en proteger el actual modelo productivo de la ganadería local, que no incluye explotaciones de gran tamaño, evitar un ‘efecto llamada’ para esa actividad y salvaguardar el funcionamiento de los locales de turismo rural, para los que los olores y derrames de las cuadras entrañan el obvio riesgo de mermar su atractivo.

Medio siglo soportando la contaminación industrial

La preservación del paisaje, fundamental para el mantenimiento y el desarrollo de las actividades de turismo rural con las que se complementan las industriales y comerciales de la zona, está en la base de las moratorias a la instalación de macroparques de energía solar y eólica que ha adoptado ese mismo ayuntamiento y otros como los de Jaca y Aínsa.

En todos los casos tienen un año de duración, en el que cada consistorio estudiará la regulación que aplica a ese tipo de complejos energéticos dentro de sus respectivos PGOU, que han quedado obsoletos ante el desmelenado ritmo con el que desde hace unos años se está inflando la burbuja de las renovables.

El posicionamiento de Sabiñánigo, cuna en los años 80 junto con Monzón de algunas de las ramas más activas del ecologismo aragonés, resulta emblemático de los cambios que se están produciendo en el ámbito local frente a los vectores de desarrollismo y de extractivismo que impulsan otras administraciones como la autonómica y la estatal.

La capital del Alto Gállego sigue sufriendo las consecuencias de la descontrolada implantación de industrias a partir de los años 70, con herencias como los vertidos de lindano de Inquinosa en los parajes de Bailín y Sardasl el cóctel de 17 residuos químicos de su embalse o la existencia de dos balsas subterráneas con 4.000 toneladas de lixiviados.