La otra carrera del esquí en el Pirineo: Bisaurri, de 171 habitantes, planea construir 200 viviendas y reabrir cinco pueblos

Bisaurri, un pequeño municipio de 171 habitantes situado entre el Aneto y el Turbón, ha abierto la otra carrera del esquí: pretende triplicar su población a base de turismo y segundas residencias al socaire del polémico proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa con un proyecto que contempla habilitar suelo para 82 viviendas en sus núcleos habitados y sacar al mercado el de los que carecen de vecinos.

El Ayuntamiento, que lleva dos años tramitando el que de salir adelante será su primer PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), acaba de obtener el aval del Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) para ese proyecto con la aprobación de una evaluación ambiental estratégica que apenas pone condiciones a los planteamientos iniciales.

Según la resolución, en Bisaurri, ubicado en el corazón de las sierras Interiores del Pirineo y en la divisoria de los ríos Ésera e Isábena, hay seis núcleos habitados y otros siete sin población censada. Se trata de “un municipio con población envejecida, escasa población infantil y juvenil y una evolución demográfica en continuado descenso desde los años 1930 cuando alcanzaba los 998 habitantes”.

Cuenta con 122 viviendas, 85 principales, 30 secundarias y siete vacías, y dispone de “una oferta turística formada por nueve viviendas de turismo rural, tres apartamentos turísticos y una vivienda de uso turístico”, y, de salir adelante el PGOU, dispondría de capacidad para otras 82 en el llamado suelo urbano no consolidado que “podrían suponer 206 nuevos habitantes”, aunque las estimaciones del Instituto Aragonés del Agua elevan la cifra final a 607, tres veces y media el actual censo.

¿Y todo esto cómo se paga?

Bisaurri está a apenas veinticinco kilómetros en línea recta tanto de Cerler como de Castanesa, en una zona de la Ribagorza que lleva décadas registrando notables desarrollos inmobiliarios al socaire de la estación de Benasque y de la actividad turística y en la que hay previstos otros directamente vinculados al conflictivo proyecto de la nueva zona esquiable.

En este sentido, el proyecto del nuevo PGOU indica que “se prevé que a corto y medio plazo vaya desplazándose hacia el municipio de Bisaurri” el “desarrollo urbanístico que están teniendo en este momento otros municipios del valle”. “La calidad ambiental y paisajística del término municipal, junto con el desarrollo turístico y económico (deportes de montaña como el esquí, senderismo, escalada, etc.), lo hacen especialmente atractivo para el turismo, generando expectativas de desarrollo urbanístico”, añade.

El plan prevé “consolidar los núcleos urbanos existentes, recuperarlos y dotarlos de aquellas conexiones viarias, infraestructuras y equipamientos de los que son deficitarios”, aunque todo queda a expensas de cómo se desarrolle el proceso de crecimiento.

En este sentido, el estudio sobre la sostenibilidad económica de las inversiones en materia de urbanización apunta que “los gastos potenciales de las unidades de ejecución serán asumibles por el conjunto de las viviendas potenciales previstas” por la parte privada, mientras que el ayuntamiento asumiría su la suya parte “a partir del aumento de ingresos del municipio por empadronamientos y licencias de obras, valorando que las obras de urbanización previstas serán perfectamente asumibles por el consistorio entre 2029 y 2033”.

El desarrollo urbanístico de núcleos deshabitados y de difícil acceso

El PGOU de Bisaurri contempla habilitar para uso residencial 10,76 hectáreas de suelo urbano consolidado y 2,37 de no consolidado una con densidad de 35 viviendas por hectárea, lo que arroja un máximo de 459 nuevas casas. A esas previsiones se les suma sobre el papel “el establecimiento de una zona de borde alrededor de los núcleos urbanos (…) donde podrá autorizarse, con conexión a las redes municipales y parcela igual o superior a 3.000 metros cuadrados, la construcción de vivienda unifamiliar, almacenes y pequeñas industrias compatibles con el entorno”.

No obstante, la inclusión de esas franjas carece de “un análisis poblacional, demográfico o de demanda concreta de vivienda” como sustento documental, señala el Inaga, que supedita su ocupación a evaluaciones ambientales específicas en cada caso.

El documento enumera esas previsiones: 29 nuevas viviendas en Bisaurri, 21 en Arasán, al que se refiere como “un núcleo con potencial turístico por su implantación en el paisaje e interés antropológico”, ocho en Gabás, 18 en San Feliú de Veri y seis en San Martín de Veri, a lo que se añade la intención de “completar huecos” en Veri, mejorar el acceso y la disponibilidad de aparcamiento en Urmella y modificar los accesos a Renanué con “una pequeña unidad de ejecución [urbanística] que permita financiar la operación y crear plazas de aparcamiento”. 

Paralelamente, el PGOU propone “clasificar el conjunto edificado para su rehabilitación” en los núcleos deshabitados de Buyelgas, Piedrafita y San Valero, registrar “como suelo urbano consolidado para la rehabilitación de las construcciones existentes, para uso principalmente de segunda residencia en línea con la actual demanda”, los de La Muria y dos y en Fadás, “núcleo deshabitado de una única propiedad”, mantener el suelo no urbanizable “para uso y rehabilitación dentro de una explotación agropecuaria”.

El proyecto de PGOU, que reseña el “mal estado” de las carreteras que llevan a Urmella, Gabás, San Martín de Veri, Dos, Buyelgas, San Feliu de Veri y La Muria y el “difícil acceso” a estas, prevé prohibir las granjas de porcino “dado que se trata de una actividad no tradicional y de fuerte impacto ambiental” y cualquier tipo de ganadería de carácter industrial.

Los riesgos de la apuesta por el turismo y la carencia de infraestructuras

El Inaga considera “sostenible” el “crecimiento, el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio” ya que “no modifica el sistema municipal ni supramunicipal de núcleos de población existentes, no genera nuevos núcleos ni altera el existente modificando significativamente su capacidad o superficie”.

No obstante, algunos departamentos del mismo Gobierno de Aragón han puesto sobre la mesa algunas lagunas en el proyecto urbanístico que promueve el Ayuntamiento de Bisaurri.

Así, la Dirección General de Ordenación del Territorio destaca la necesidad de “incorporar la proyección demográfica para el periodo de vigencia del planeamiento de forma que existiera racionalidad en la clasificación del suelo, y que a pesar de que no se ha efectuado se prevé que no sería positiva”. 

Con esa carencia, añade, “la apuesta por la opción turística podría provocar la aparición de una gran mayoría de viviendas de segunda residencia, de turismo rural, de apartamentos turísticos, que acabaría desnaturalizando los núcleos originales, considerando necesario el análisis de experiencias similares para evitar posibles errores”.

Por su parte, el Instituto Aragonés del Agua advierte de la necesidad de estudiar la sostenibilidad económica de las exigencias de depuración de aguas residuales, mientras que la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) destaca que “ningún núcleo cuenta con instalaciones de depuración por lo que el instrumento de planeamiento debería prever los terrenos en los que ubicar las depuradoras y dotarse de infraestructuras de saneamiento y sistemas de depuración priorizando Bisaurri por concentrar el mayor número de habitantes”.

El Inaga recoge esas indicaciones al incluir en el condicionado de su visto bueno la obligación de “prever las necesidades concretas de recursos para abastecimiento de agua y energía y para la gestión de residuos” con el fin de “implementar en el planeamiento de forma adecuada y con garantías”, así como de disponer de las infraestructuras necesarias para los núcleos actuales y su evolución previsible“.