La jueza de la plaza nº 2 del Tribunal de Instancia de Alcañiz ha decretado este lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para Majid S. como posible responsable de la agresión sufrida por el ganadero Víctor R. B. en el paraje de la Monagrega en la localidad de Calanda (Teruel). La jueza considera, en su auto, que existen suficientes motivos para estimar que el detenido pudiera ser responsable criminalmente de un delito de tentativa de homicidio. Majid S. ha pasado esta mañana a disposición judicial y se ha acogido a su derecho a no declarar.
Se da la circunstancia de que Víctor R. B., de 66 años, es el padre de uno de los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso en septiembre de 2017 entre las localidades de Albalate del Arzobispo y Andorra, también en la provincia turolense.
Previamente a la comparecencia del detenido, la instructora ha tomado declaración al hombre que encontró a la víctima. Los hechos que son motivo de investigación judicial ocurrieron el pasado 7 de noviembre, en el paraje anteriormente mencionado, sobre las 9:55 horas en una zona aislada de un terreno rural. El testigo José Miguel B. L. fue quien encontró a la víctima, Víctor R. B., tumbado en el suelo y semiinconsciente. A escasos 20 metros se encontraba Majid S., ahora investigado, quien continuó su camino sin prestar ayuda.
La instructora considera en su auto que existen indicios suficientes “como para descartar que las lesiones que padece” la víctima “provengan de una caída con el tractor, sino que han sido causada por otra persona con un objeto contundente”, lo que le ha ocasionado un traumatismo intenso (fractura de huesos en la región cráneo-facial) y que ha motivado su necesaria intervención quirúrgica. Debido a las lesiones sufridas, Víctor R. B. permanece ingresado en el hospital y se encuentra en coma inducido por lo que la jueza no ha podido tomarle declaración.
En su argumentación jurídica la jueza explica también los motivos del ingreso en prisión provisional del detenido y entiende que existe un posible riesgo de fuga y la necesidad de asegurar la protección a sus bienes jurídicos de la víctima.