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Una reforma legislativa, salida política a la crisis catalana

Hace un año se barajó "acomodar los tipos penales al principio de proporcionalidad" como una fórmula para devolver el conflicto al ámbito político. Quizás ahora haya que explorarlo de nuevo

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Condenas de entre 9 y 13 años para los líderes del "procés" por sedición

EFE

La prudencia es una de las virtudes que adornan a los gobernantes de altura. Aunque no siempre lo parezca, es compatible con la firmeza. Pero decir con firmeza, y reiterarlo, que la sentencia ha de cumplirse en su integridad, como ha hecho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, poco después de conocerse la sentencia del procés, quizás no sea lo más prudente. ¡Quién sabe qué puede pasar en la vida y en la política y en Cataluña en los próximos meses y años! Hay vida y política y Cataluña y España bastante más allá del 10 de noviembre, día de las próximas elecciones generales.

Si lo que Sánchez quería decir -en su viaje a las grandes bolsas de electores de centro- es que él no indultará a los condenados, probablemente hubiera sido mejor que lo manifestara así, en claro y por directo, y no dando un rodeo. Con el modo en que ha dicho Sánchez lo que ha dicho -"el acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento"-, ha podido parecer que los condenados han de ser discriminados de por vida carcelaria y que nunca podrán acogerse a los beneficios penitenciarios a que tuvieran derecho.

Volviendo al indulto. ¿Y si alguno de los condenados tiene en los próximos meses y años en prisión un comportamiento ejemplar, y los organismos e instancias competentes recomiendan su indulto, y el reo se muestra arrepentido de sus delitos y reinsertado y lo solicita? ¿Debe un presidente del Gobierno prudente, por más que esté en vísperas electorales, dar hoy una respuesta negativa a esa posible hipótesis de futuro ignoto?

La sentencia es dura, pero no durísima, en las penas impuestas; y semiblanda, pero no blanda, en la previsible aplicación de los grados penitenciarios. En pocos meses, algunos de los condenados podrá salir de prisión durante algunos días o algunas horas con permisos o con beneficios penitenciarios.

La sentencia, como se podía esperar, le ha parecido injusta tanto a la extrema derecha política y mediática como al independentismo político y mediático. A los primeros, nada que no fuera la condena por delito de rebelión y penas de más de veinte años les parecía aceptable. Al independentismo, nada que no fuera un aquí no ha pasado nada, vuelvan a casa absueltos o, boutade de última hora de Quim Torra, "amnistiados".

Al tribunal probablemente le ha faltado en los códigos a aplicar alguna disposición intermedia que graduara mejor las cosas y el arco de penas. En la escala de mayor a menor rebelión-sedición-desobediencia, quizás el ponente Manuel Marchena y el conjunto de los siete magistrados hayan tenido la sensación de que no podían modular bien su veredicto, y en algunas cosas se pasaban y en otras se quedaban cortos.

Esas carencias normativas se advertían ya hace un año en ámbitos jurídicos y políticos. Se barajó -y se recogió con muchos detalles en estas Crónicas en noviembre de 2018- la posibilidad de impulsar una reforma del Código Penal "para acomodar los tipos penales al principio de proporcionalidad". Se referían entonces a los tipos penales de la rebelión, pero podría considerarse también ahora para la sedición. Se haría o bien mediante un proyecto de ley impulsado por el Gobierno o bien mediante una proposición de ley desde uno o varios grupos parlamentarios. La ventaja es que, de salir adelante, tendría efectos retroactivos en lo que favorezcan al reo, incluso si ya hubiere sentencia firme.

En plena campaña electoral, nadie va a dar ese paso. Ni el Gobierno ni ningún grupo parlamentario. Pero pasadas las elecciones y constituido si se constituye un Gobierno y lograda una cierta calma política, esta podía ser una manera de devolver el conflicto catalán a su verdadero escenario: el de la política. El tribunal ya ha hecho su trabajo. Ahora les toca a los políticos hacer el suyo. Por si fuera poco, una reforma legislativa que cambiara algunas penas no desmentiría al presidente del Gobierno en su deseo de que se cumplan íntegras. Se cumplirían íntegras, pero serían otras.

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