Los arquitectos de Asturias denuncian la “falta de legalidad” en el concurso de ideas para la antigua fábrica de armas en Oviedo
Un nuevo frente en materia urbanística le ha explotado al Ayuntamiento de Oviedo en plena polémica tras el cese de uno de los principales hombres de confianza del alcalde, Alfredo Canteli, y hasta ahora asesor de Alcaldía, Ignacio Morales.
Apenas 24 horas después de que se hiciera pública la apertura de una investigación interna para aclarar la denuncia que una vecina hizo llegar a través de los canales internos por presuntas irregularidades en el área de Urbanismo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) ha remitido una carta abierta al consistorio donde anuncia que ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central por el concurso de proyectos para la ordenación urbanística de la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.
Adecuar las bases a la legalidad
En este recurso insta a adecuar “a la legalidad” las bases del concurso de ideas para la ordenación de la antigua fábrica de armas de La Vega y dotarlas de la “apertura, la equidad y la proporcionalidad necesarias”.
En esta carta abierta, el decano del COAA, Miguel Casariego Rozas, transmite al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) que lidera Canteli el acuerdo adoptado por la Junta del Gobierno el pasado 13 de abril.
Una carta abierta
En este escrito, va desgranando de forma detallada todas la irregularidades que ha detectado en este proceso. A pesar de las numerosas anomalías que va desarrollando y que ha puesto en conocimiento del Tribunal Administrativo Central, el decano muestra su confianza en que aún existe “margen suficiente” para reconducir la convocatoria.
La Junta de Gobierno valora la importancia del desarrollo urbanístico del ámbito de La Vega y su integración en la ciudad de Oviedo al considerar que constituyen “una oportunidad única y una aspiración compartida por todos” pero, precisamente por ello, incide en la necesidad de llevarlo adelante “con el máximo cuidado y respeto a la legalidad”.
Una legalidad a la que al parecer, según el Colegio, no se ha ajustado el ayuntamiento, pese a que ya había sido advertido previamente por la institución colegial cuando formuló las alegaciones al convenio urbanístico suscrito en septiembre de 2024 por el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.
Alegaciones rechazadas
Entre otras cuestiones, se basaba en que el convenio incorporaba una “propuesta urbanística anticipada”, argumentando que cualquier determinación de carácter formal debería abordarse en fases posteriores del procedimiento.
Sin embargo, el ayuntamiento hizo caso omiso y desestimó todas sus alegaciones al igual que los razonamientos expuestos en el recurso de reposición planteado en enero de 2025, tras la aprobación definitiva del convenio.
Directrices prematuras
“En ambos casos, el COAA trataba de evitar que el futuro planeamiento de esta excepcional pieza urbana quedase condicionado por unas directrices prematuras que podrían no ser las óptimas para el interés general”, señala el decano.
El Colegio ha manifestado en diversas ocasiones que los concursos de Arquitectura y Urbanismo constituyen la fórmula idónea para obtener los mejores proyectos de edificios públicos y espacios urbanos singulares, justificando que deben plantearse con carácter abierto, preferiblemente en dos fases sucesivas —una de “estudios previos” y otra de “anteproyectos”— y ser evaluados por un jurado compuesto por profesionales expertos cualificados e imparciales.
Las dudas
No ocurre así, según el decano, con las bases del concurso que el Ayuntamiento de Oviedo ha convocado para el desarrollo de La Vega y que, en opinión de los profesionales colegiados, plantean serias dudas sobre “la apertura, la ecuanimidad e incluso la legalidad del proceso de selección de los concursantes y de sus propuestas”.
Resulta abrumador el requerimiento de solvencia técnica impuesto a los participantes, a quienes se exigen distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que muy pocos aspirantes podrán acreditar. Sorprende también la composición del jurado, en el que cinco de sus seis miembros están directamente vinculados al Ayuntamiento
En la carta abierta reconoce que resulta “abrumador” el requerimiento de solvencia técnica impuesto a los participantes, a quienes se exigen distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que, según asegura, “muy pocos aspirantes podrán acreditar”.
La composición del jurado, cuestionada
“Este nivel de exigencia dejaría fuera del concurso a una inmensa mayoría de profesionales solventes que, careciendo de un currículo tan singular como el solicitado, podrían completar posteriormente sus equipos incorporando a los especialistas precisos en el caso de que sus ideas y propuestas fuesen las mejor valoradas”, subraya.
Pero ese no es un único motivo. Hay más: al Colegio le sorprende también la composición del jurado en el que, según manifiesta, “cinco de sus seis miembros están directamente vinculados al Ayuntamiento”.
Los condicionamientos
“A esta falta de independencia se suma el hecho de que las propias bases reconocen que la envergadura, complejidad y singularidad de la actuación exceden la capacidad ordinaria y especializada del personal técnico adscrito a la Administración municipal”, asegura.
La preocupación expresada por el COAA en las alegaciones formuladas en 2024 en relación con los documentos gráficos adjuntos al Cconvenio se confirma ahora cuando en el Pliego de Prescripciones Técnicas (3. Condicionantes particulares y generales) se indica subrayado y en negrita la frase: “En todo caso se estará en lo dispuesto en el convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa...”, un requisito que, bajo su criterio, “evidencia la intención de que el desarrollo del ámbito se ajuste tanto al convenio como a sus pautas de ordenamiento, y que esta advertencia condicionará tanto a los concursantes como a los miembros del jurado”.
La valoración
No acaba ahí el malestar del COAA con la forma en que el Ayuntamiento de Oviedo está llevando a cabo todo el proceso y eso se evidencia no solo en el contenido del escrito, sino también en la forma en que está redactado.
“Por si eso no fuese suficiente, en los criterios de negociación del contrato se indica que se valorará con 51 puntos a aquellos licitadores que se comprometan a trabajar en coordinación con el servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo. Creemos que recalcar con tanto énfasis que el 51% de la valoración (proporción que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para criterios de calidad) se supeditará al compromiso de coordinación del licitador y el personal técnico del Ayuntamiento, anticipa la imposición al equipo redactor de las directrices establecidas en el Convenio, incluida su parte gráfica”, observa el órgano colegial.
Sin esperar a los estudios arqueológicos
Los arquitectos asturianos califican como “inquietante” la decisión del Ayuntamiento de Oviedo de abordar el concurso en un momento en el que aún no se dispone de los resultados de los estudios arqueológicos prescritos en el convenio, “estudios que acumulan un inexplicable retraso”, mantiene. El concurso se convocó el pasado 29 de marzo y las ofertas pueden presentarse hasta el día 27 de este mes, cuando aún no se conoce el alcance de estos estudios.
“Debe tenerse en cuenta que la existencia de restos de interés histórico en el subsuelo del ámbito condicionaría de un modo relevante el diseño de la intervención, alterando cualquier propuesta que los concursantes hubiesen desarrollado antes de conocer el resultado de las excavaciones”, según se recoge en este escrito.
Reconducir la convocatoria
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias mantiene que desde una posición “institucional y constructiva” hay un margen suficiente para reconducir la convocatoria, ya que estima que “persistir en una configuración que suscita objeciones tan intensas puede trasladar al procedimiento una controversia evitable y dificultar desde su inicio la aceptación pública y profesional del proceso emprendido”.
A partir de ahora, la resolución queda en manos del Tribunal Administrativo Central, organismo ante el que el COAA ha interpuesto el recurso.
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