La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia Casocia ha anunciado que llevará a los tribunales la nueva normativa preparada por el Gobierno asturiano para regular los pisos turísticos, una medida con la que el Ejecutivo pretende frenar la expansión descontrolada de este tipo de alojamientos y garantizar estándares mínimos de seguridad y convivencia. La patronal del sector considera que las nuevas obligaciones —como la recepción presencial en las primeras 24 horas o la limpieza diaria— son “inasumibles”, pese a que muchas de ellas ya forman parte de la operativa habitual en otros modelos de alojamiento reglado.
El Principado plantea exigir un baño por cada cuatro plazas, sistemas de monitorización de ruido, señalización de emergencias, extintores, planos de evacuación, botiquín y un límite máximo de ocho plazas por vivienda, así como conexión a internet o teléfono. Para Casocia, estas obligaciones suponen una carga “excesiva”, aunque el decreto establece plazos de adaptación de hasta doce meses en algunos casos.
Reducir economía sumergida
El borrador también obligará a incluir el número de registro y la ubicación exacta en todas las plataformas de comercialización, una medida destinada a mejorar la trazabilidad y reducir la economía sumergida, que se ha disparado en los últimos años al calor del turismo de corta estancia.
Casocia considera “preocupante” que el decreto no haya sido modificado tras las alegaciones del sector y sostiene que el Gobierno asturiano “avanza en sentido contrario” al resto del país. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas —incluidas algunas gobernadas por el PP— han comenzado a endurecer las regulaciones ante el impacto creciente del turismo de plataforma en el acceso a la vivienda y en la convivencia vecinal.
Costes a “niveles de hotel”
Para la patronal, la propuesta del Principado “elevará los costes a niveles propios de un hotel”, aunque buena parte de las viviendas turísticas se comercializan con precios comparables o superiores sin ofrecer garantías ni servicios equivalentes. El sector reclama una normativa “más flexible” y amenaza con exigir que estos requisitos se extiendan también a hoteles pequeños, albergues, casas rurales o pensiones, en un intento de trasladar la presión regulatoria a ámbitos que ya cuentan con controles públicos.
El Gobierno asturiano defiende que el objetivo del decreto es ordenar un mercado que ha crecido sin apenas regulación, proteger a los usuarios, mejorar la seguridad y, sobre todo, evitar que el negocio de las plataformas siga tensionando el mercado de la vivienda, especialmente en las zonas urbanas. Mientras tanto, la patronal de los pisos turísticos insiste en su estrategia de confrontación jurídica para frenar cualquier avance en materia de control público.