Asturias reivindica derechos en un Primero de Mayo marcado por el último encierro minero y 'Las seis de la Suiza'

La minería vuelve a marcar el Primero de Mayo en el Principado de Asturias como tantos años lo ha hecho desde hace décadas. La polémica sobre las responsabilidades políticas por el accidente minero de Zarreu que costó cinco vidas, y que han dividido a partidos y sindicatos, han sobrevolado las reivindicaciones de esta jornada. Además cuatro mineros permanecen encerrados desde hace más de una semana en una mina del concejo de Ibias ante la crisis de la empresa e impago de salarios.

El caso de 'Las seis de la Suiza', las seis sindicalists condenadas por una acción sindical en Gijón e indultadas por el Gobierno, han sido el otro asunto de la jornada tras conocerse que el Tribunal Supremo ha admitido un recurso contencioso contra los indultos promovido por la familia asturiana dueña de la pastelería donde ocurrieron los hechos por los que fueron condenadas. Este caso conllevó una insólita unidad de acción sindical que denunció que las condenas suponían vulnerar el derecho de protesta laboral y abrían un escenario incierto.

Gijón ha sido el escenario de la manifestación principal convocada por UGT y CCOO, en la que se ha reivindicado “unidad, sindicalismo y democracia frente al odio, la precariedad y la desigualdad”. Los sindicatos han centrado sus reivindicaciones en la mejora de los salarios para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, reclamando subidas acordes al coste de la vida y el refuerzo de la negociación colectiva.

Otra de las principales demandas expuestas ha sido el problema de acceso a la vivienda, señalando las dificultades crecientes, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras, y reclamando políticas públicas que limiten los precios y aumenten la oferta de vivienda asequible.

En materia laboral, han pedido medidas contra la precariedad, con especial atención a la temporalidad y a las condiciones de sectores más vulnerables, así como el refuerzo de los servicios públicos y del Estado del bienestar. También han insistido en la necesidad de reducir la jornada laboral sin merma salarial, defendiendo un reparto más equitativo del tiempo de trabajo y una mejora de la calidad de vida.

CCOO y UGT han insistito en vincular todas estas reivindicaciones a la defensa de los derechos sociales y democráticos, en un contexto de crecimiento de la ultraderecha en el que consideran necesario mantener la movilización para evitar retrocesos democráticos.

Mineros encerrados en Tormaleo

Cuatro mineros de la Mina Miura, ubicada en la localidad de Tormaleo, en la comarca suroccidental de Asturias, han celebrado hoy la fiesta del Primero de Mayo encerrados por noveno día consecutivo a 300 metros de profundidad para exigir el pago de las nóminas que les adeuda desde hace un año la empresa Carbones La Vega, propietaria de la explotación.

Después de que un quinto trabajador abandonase la protesta por las duras condiciones del encierro, sus cuatro compañeros -Héctor López Lago, Héctor Pérez Fernández, Santiago González Álvarez y José María Pérez Pereira- han asegurado encontrarse bien de ánimo tras recibir el respaldo de varios centenares de personas congregadas en la bocamina de la explotación convocados por el SOMA-FITAG-UGT.

“De ánimo estamos bien, aguantamos. La salud va pasando factura por el frío y la humedad pero hay que seguir. Estamos aquí con la intención de conseguir algo y no vamos a cejar, pero hay que seguir en la lucha”, ha afirmado Pérez Pereira, que ha agradecido el “espectacular” apoyo que están recibiendo tras salir unos minutos del pozo para reunirse con los concentrados y recibir su respaldo en forma de abrazos y ánimos.

El secretario general del sindicato minero de la UGT, José Luis Alperi, pese a percibirlos con ánimo para mantener la protesta, ha mostrado no obstante su preocupación por los cuatro trabajadores. “Son mineros, nadie les va a decir lo que hay en el sitio donde están encerrados: agua y frío”, ha subrayado tras advertir de que son perfectamente conscientes de las medidas de seguridad necesarias.

Se trata de un Primero de Mayo “diferente”, ha apuntado Alperi, cuyo sindicato optó por trasladar la conmemoración a este pequeño pueblo del concejo de Ibias en lugar de sumarse a la manifestación convocada por UGT y CCOO en Gijón, a la vez que ha defendido que se cumple así con el “espírítu” de esta celebración, “que es estar allí donde los trabajadores tienen problemas”.

El dirigente sindical ha considerado sorprendente que en pleno siglo XXI un grupo de trabajadores tengan que seguir movilizándose por algo “tan básico” como cobrar sus salarios en una fecha histórica para el movimiento obrero que reclamaba en sus inicios en el siglo XIX el logro de las ocho horas de jornada diarias.

El horizonte para el conflicto se sitúa ahora, según Alperi, en el juicio previsto para el próximo 5 de junio después de que la empresa solicitase el pasado 13 de abril el preconcurso de acreedores y mientras tanto sin haber avances sobre el cobro de los salarios pendientes en una explotación en la que se está dando la circunstancia, ha subrayado, de que hay “un empresario a la fuga y un director facultativo a la fuga”.

Después de que el Gobierno asturiano haya propuesto una sanción de 3.000 euros a la empresa y una suspensión de funciones a su director facultativo de seis meses, el dirigente sindical le ha exigido que “haga más” dado que trata una concesión adjudicada por la administración autonómica, que debería protegerla para garantizar la continuidad de la mina “en una zona donde es muy difícil encontrar otro trabajo”.

“Hay que traerlos de las orejas y preguntarles a las claras qué tienen previsto hacer con esta explotación”, ha subrayado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT respecto a una empresa paralizada por el cambio de propietario de la explotación, que adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas y retomar la actividad sin que haya cumplido su promresa.

Los derechos mineros fueron vendidos por la empresa Carbones La Vega, de la familia del empresario Chus Mirantes, propietario a su vez de la mina de Cerredo en la que fallecieron cinco trabajadores en una explosión en marzo del pasado año, un suceso que aún está bajo investigación judicial.

La explotación minera de Tormaleo recibió de dos inspectores del Servicio de Minas que instaron a los trabajadores a abandonar de manera voluntaria el encierro al no estar garantizada su seguridad y les alertaron de los riesgos derivados de la falta de supervisión técnica al carecer de dirección facultativa.