“A toro pasado es fácil decir lo que debía haberse hecho”: el director de Energía y Minería declara sobre la tragedia de Zarréu

Javier Cueli Llera, director general de Energía y Minería del Principado, ha comparecido ante la comisión parlamentaria que investiga la explosión de grisú ocurrida en la mina de Zarréu, en Degaña, que costó la vida a cinco trabajadores. Durante su intervención, ha defendido la adecuación del sistema de inspecciones de su departamento y ha subrayado la dificultad de juzgar decisiones tras el accidente: “A toro pasado es muy fácil decir lo que debía haberse hecho”.

Cueli Llera, al frente de la Dirección General de Minas desde mayo de 2025 tras la remodelación del Gobierno que siguió a la dimisión de la entonces consejera de Industria, Belarmina Díaz, ha afirmado que las inspecciones realizadas en las minas asturianas “son mejorables pero están muy ajustadas a la actividad que hay”.

Para ilustrar sus afirmaciones, Cueli Llera ha hecho una comparativa de la actividad inspectora de Asturias con la de otras comunidades y desveló estos datos: mientras Andalucía, con un plan bianual entre 2025 y 2026, contempla 250 inspecciones, Asturias realizó 111 el pasado año, de las que 75 fueron de oficio y 36 de parte. Además, ha destacado que, ante indicios de irregularidades, las inspecciones pueden realizarse de forma inmediata, siempre acompañando al director facultativo de la mina o a un responsable de seguridad.

Respecto a si debería haberse intensificado la labor inspectora tras el primer accidente mortal en Zarréu de agosto de 2022, Cueli ha evitado pronunciarse directamente. Según ha explicado, “se hicieron las inspecciones que se consideró que tenían que hacerse” y ha recordado que el lugar del accidente no contaba con autorización para la extracción de carbón que la empresa estaba llevando a cabo.

Lo que marca la ley

La investigación apunta a que la explosión de grisú se produjo en el nivel tercero de la mina cuando once trabajadores extraían carbón, a pesar de que Blue Solving, empresa titular en ese momento, carecía de permiso y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.

La compañía había presentado un proyecto de investigación complementario (PIC) para poder extraer hasta 60.000 toneladas de carbón en el nivel uno, destinadas a aplicaciones no térmicas como la producción de grafito. Sin embargo, el proyecto estaba condicionado a la presentación de un plan de labores que nunca se presentó.

Cueli Llera ha evitado valorar si los PIC podrían considerarse una forma de ingeniería jurídica para prolongar la actividad de explotaciones afectadas por el plan de cierre, aunque ha recordado que este tipo de planes se aplica en Asturias desde hace años. Sobre el margen de discrecionalidad para aprobarlos, ha señalado que “el margen que hay es el que marca la ley”.

Margen de mejora en las inspecciones

El director general ha reconocido que, aunque el sistema de inspecciones “es adecuado”, existe margen de mejora, especialmente en la informatización de tareas de gestión diaria. Según ha explicado, hay actividades de los inspectores que podrían automatizarse para optimizar recursos y agilizar controles sin comprometer la seguridad minera.

La comisión constituida continúa mañana con tres comparecencias.