La Justicia reconoce el fallecimiento por amianto de un trabajador de BSH en Navarra y concede una pensión a su viuda

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona Plaza número 1 ha reconocido la muerte de un trabajador de BSH en Estella por su exposición al amianto y ha condenado a la empresa y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a concederle una pensión de viudedad a su mujer.

La sentencia, que puede ser recurrida, reconoce como enfermedad laboral el cáncer de laringe que provocó el fallecimiento del trabajador y que había sido considerada por el INSS como una “enfermedad común”.

La víctima entró a trabajar en la empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos BSH en 1979, donde estuvo hasta el año 2006, y se encuentra incluida en el listado del Instituto Navarro de la Salud Pública de trabajadores expuestos al amianto, si bien no lo está en los listados elaborados por la empresa. Según recoge la sentencia, durante “aproximadamente” diez años trabajó como mecánico en la reparación de electrodomésticos en la fábrica de BSH en Estella, en la que se reparaban estufas catalíticas, para cuya fabricación la empresa utilizó amianto.

“Además de ello, en la nave había exposición al amianto de forma indirecta, ya que las fibras se dispersaban al guardar el amianto y al colocar las mantas en el montaje de los paneles catalíticos. Asimismo, era habitual que se liberaran fibras y polvo de amianto cuando se transportaba el amianto”, añade el fallo.

La magistrada destaca que durante esos años la empresa no realizó mediciones higiénicas de exposición al amianto en su planta de Estella ni tampoco proporcionó equipos de protección ni formación a sus trabajadores.

Por todo ello y pese a que el empleado tenía antecedentes como el tabaquismo, la jueza señala que el cáncer de laringe que le fue diagnosticado está relacionado con su exposición al amianto en el entorno laboral. Así, revoca resoluciones previas del INSS y reconoce a su viuda el derecho a pensión desde mayo de 2023.

“Las corporaciones empresariales son las primeras responsables, pero las administraciones públicas son corresponsables, porque en el mejor de los casos han mirado para otro lado y, desde luego, no han obligado a las mercantiles a cumplir la ley y poner las medidas de seguridad y salud para evitar esta pandemia”, señala Juan Antonio Castilla, portavoz de la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto en Navarra (ADAVAN). Esta asociación “espera” que la sentencia no sea recurrida porque “supondría un mayor agravio y una falta de empatía hacia las víctimas”, añaden.